Tras la demolición de tres locales comerciales ubicados en las instalaciones del Hospital Central de San Cristóbal, durante una actuación de la alcaldía de la capital tachirense, los comerciantes afectados elevarán denuncias ante varias instancias nacionales e internacionales.

Los comerciantes afectados denunciarán el caso ante la Fiscalía General de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Caracas y una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo.

La denuncia será asistida por la Fundación El Amparo y los abogados defensores de tres comerciantes, a quienes, funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal, les demolieron los locales con maquinarias, de manera irregular.

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Así lo informó el presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, acompañado de los dueños de los locales derrumbados en el Hospital Central de San Cristóbal, Óscar Escalante y Pablo Novoa; y en el Terminal de Pasajeros, Andrea Ramírez y Romer Chacón; de los abogados Omar Sayago y Reinaldo Pedroza, junto a la activista de derechos humanos y abogada, Ana Hernández.

Precisó Márquez que esta acción se inicia porque los propietarios de los comercios fueron a principio del año 2022 a la Alcaldía a solicitar permiso para cambio de actividad comercial, y el director general, Juan Rodolfo Martínez, les planteó que se asociaran, pero estos se negaron.“Frente a esta negativa se desató una persecución sobre ellos en la que inicialmente promovieron la nulidad de la decisión del director del Hospital Central de adjudicación, lo cual estaba totalmente prescrito y además el alcalde no tiene facultad para intervenir, es una resolución de otro poder público separado”, dijo Márquez.

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Precisó que una cuadrilla al mando del abogado José Corso, quien alegó que cumplía órdenes superiores del síndico municipal Mario Izarra y del despacho del alcalde Silfredo Zambrano, y usando a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) al mando del comisario Arturo Perdomo, y del comisionado de la Policía Municipal de San Cristóbal, César Flores.

Posteriormente, procedieron el pasado 26 de enero a demoler esos locales frente a las víctimas, a pesar de que cursaba un recurso de nulidad de la resolución de demolición de la Alcaldía ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San Cristóbal.

El defensor consideró que el hecho es muy grave "porque es producto de la fuerza de la corrupción que llegó a la alcaldía".

Expuso que en el año 2004 el Hospital Central detectó una radiación en el área de cocina y comedor por los nuevos equipos instalados y convocaron a una consulta a través del Diario La Nación, para construir un nuevo comedor, la cual se ganó el señor Óscar Escalante y también Pablo Novoa, quienes fueron autorizados por escrito por el director del Hospital y por el Ministerio de Salud de la época, y posteriormente tuvieron el visto bueno de la Alcaldía de San Cristóbal, mediante un informe elaborado por cinco directores del municipio para instalar sus comercios de alimentos.

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Además, estos locales fueron inaugurados por autoridades del Ministerio de Salud y los propietarios del local cuentan con un contrato de obra notariado, igualmente con un título supletorio promovido por un tribunal municipal, además, han pagado los impuestos municipales desde el año 2004 hasta la fecha, destacó Walter Márquez.

Indicó el defensor de derechos humanos que en este hecho y en la demolición de otro local comercial de otro restaurante en noviembre del año pasado en el Terminal de Pasajeros, se violaron el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, el debido proceso constitucional garantizado en el artículo 49 de la Carta Magna, y el debido proceso municipal garantizado en la ordenanza de construcción del artículo 111 al 115.

“Estamos en presencia de un crimen de persecución establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma por ser hechos sistemáticos y generalizados, que se convierten en una política de Estado por parte del municipio San Cristóbal y que destruyó locales de más de 350 metros y otro de 57 metros, dejó sin fuentes de trabajo a cuatro familias de manera directa y a 20 empleados que laboraban en los tres restaurantes”, agregó Márquez.

El presidente de la Fundación El Amparo también denunció que su esposa, la defensora de derechos humanos, Ana Hernández, fue amenazada con prisión ese día por el funcionario policial César Flores, si continuaba apoyando su movilidad y dando sus alegatos en defensa de los dueños de los locales comerciales.

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Por su parte, el abogado Omar Sayago, acompañado del también defensor Reinaldo Pedroza, como apoderado de las víctimas, precisó que los funcionarios actuantes incurrieron en los delitos de abuso de funciones, agavillamiento, daños materiales, hurto calificado y otros delitos tipificados en el código penal venezolano.

La alcaldía se defiende 

Por su parte, la alcaldía del municipio San Cristóbal respondió que ejecutó el procedimiento administrativo de recuperación de espacios propios, mediante la demolición de una estructura en desuso, que anteriormente funcionaba como local comercial en las instalaciones del Hospital Central de San Cristóbal.

El síndico procurador de la municipalidad, Mario Izarra explicó que se informó a los ocupantes el lapso para realizar un desalojo voluntario, que no se efectuó, por lo cual desde la municipalidad se establecieron los mecanismos para dar cumplimiento a la ordenanza de construcción.

Detalló Izarra que “los ocupantes estaban notificados del procedimiento y su ejecución. Ellos tienen 19 años en este local, pero los terrenos son ejidos del municipio, y no cuentan ni siquiera con un contrato de terreno ejidal para permanecer allí, ellos nunca se pusieron a derecho para legalizar su permanencia en ese espacio, por lo cual están en calidad de invasores, porque no cuentan con ningún permiso”. 

Agregó que quienes ocupaban este terreno fueron denunciados por no estar en funcionamiento, y se verificó el estatus del mismo, encontrándose en construcción sin los permisos correspondientes. El síndico procurador aseguró que en el año 2010, el gobierno nacional otorgó la propiedad de estos terrenos a la municipalidad. 

Anggy Polanco / Corresponsalía La Opinión 

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