Comerciantes e industriales del municipio Pedro María Ureña, en el estado Táchira, marcharon el miércoles en contra de las fallas en los servicios públicos y el alto costo en que siguen llegando los recibos.

La marcha, que arrancó en la Cruz de la Misión de la localidad fronteriza, fue encabezada por los representantes de la Cámara de Comercio de Ureña y acompañada por el sector empresarial local, que asegura estar en emergencia, a raíz de la poca producción y constante retraso en las jornadas laborales a raíz de los constantes apagones que se vuelven a presentar el municipio industrial, uno de los que más energía eléctrica consume en Táchira. 

Mónica Ochoa, presidenta de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña (Cicu) expuso que el problema de los servicios públicos afecta a todos los sectores productivos. 

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"Queremos expresar nuestra inconformidad con las altas tarifas de los servicios públicos como la de Corpoelec e Hidrosuroeste", dijo Ochoa. 

La Cicu realizó un estudio relacionado con la energía eléctrica entre los agremiados, determinando que los precios se han incrementado en al menos un 1000%.

Los cortes eléctricos sin programación que vienen ocurriendo en Ureña están afectando la productividad, por lo que el gremio exige que informen los horarios para los racionamientos eléctricos.

Y en cuanto al tema del agua, Ochoa recordó que en Ureña gran parte de las comunidades no recibe el agua por tuberías, sino que tienen que obligatoriamente comprar carrotanques para suplir la necesidad de las empresas, mientras tanto las facturas siguen llegando como si el servicio se disfrutara.

"Hemos pedido que se instalen medidores porque hay empresas que tienen 15 años que no reciben servicio de agua y puede que a algunas empresas les llegue 15 minutos, pero lo justo es que se cobre por un servicio que se está disfrutando", añadió la empresaria. 

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Ochoa enfatizó que han solicitado a Hidrosuroeste y Corpoelec un fundamento legal que indique que los precios deben ser cobrados a valor anclado al Petro, pero no han recibido respuesta. 

Gregorio Benítez, vicepresidente de la Cicu, resumió que las fábricas tienen bancos transformadores de reserva que les asignan una carga que deben pagarla, la usen o no, (no es por consumo) cuyo costo por KVA es de 1,5 dólares, por lo que el promedio mensual del recibo es de 1.500 dólares y están luchando para que este sistema cambie y Corpoelec no les cobre si no usan la electricidad.

"Hay empresas que tienen contratadas 1000 KVA, cerca de 1.500, ¿sin actividad económica? Creo que es algo injusto en este momento para la situación que cada uno de los empresarios está viviendo", detalló Benítez. 

Aunque dejó claro que son conscientes de que deben pagar los servicios, piden a Corpoelec que sean justos en los cobros de las tarifas, por lo que instó a que realicen un estudio socioeconómico de los establecimientos. 

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Recalcó que la economía venezolana se encuentra en una recesión en este momento, destacando que las ventas han bajado en un 80%, al mismo tiempo que deben soportar largos cortes eléctricos, teniendo que seguir pagando los salarios a los empleados, motivo por el cual piensan en reducir personal. 

Sin preparación para la apertura

Por su parte, el diputado de la Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional, alertó que el colapso de los servicios públicos conspira con el comercio binacional y con la anhelada Zona Económica Especial con la que tanto sueñan los tachirenses en la frontera.

"No puede haber un verdadero desarrollo fronterizo sin buenos servicios públicos. Y el gobierno no se preparó para la apertura de la frontera, solo se preocupó por los titulares de prensa y demostrar que todo volvió a la normalidad, cuando no tenemos buenas vías de comunicación y no tenemos agua, luz y gasolina", dijo. 

Dijo que el llamado es que se sincere la situación del Táchira y se busquen soluciones sin tanto protagonismo gubernamental.

Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión

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