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Sucesos
Los retos que tendrá que resolver la justicia colombiana este 2023
Álvaro Uribe, Yhonier Leal y Aida Victoria Merlano, son algunos colombianos que aún tienen procesos activos con la justicia.
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Colprensa
Colprensa
Domingo, 8 de Enero de 2023

¿Rechazarán nuevamente la solicitud de preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe?, ¿Yhonier Leal será condenado por el asesinato de su madre y hermano?, ¿A Aida Victoria Merlano se le ratificará su condena por la fuga de su madre e irá a la cárcel?

Estas y otras preguntas más son algunas de las complejas decisiones judiciales que jueces y magistrados deberán resolver este nuevo año en materia penal.


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El 2022 arrojó importantes resultados judiciales, como las condenas a cinco años y ocho meses y nueve años y cinco meses en contra del empresario Carlos Mattos, por el caso Hyundai, o la condena de 23 años y seis meses a Pendre Still Scott, Marisol Londoño, Cristian Camilo Monsalve y Eiverson Adrián Zabaleta, por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Cartagena.

Sin embargo, otros casos no lograron decidirse, a pesar de que en algunos de ellos hubo avances significativos, por las minucias jurídicas de los procesos y, a veces incluso, por las dilaciones injustificadas provocadas por los abogados.

Por ejemplo, el proceso judicial que se surte contra Yhonier Leal, por ser el presunto asesino del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, tuvo un 2022 lleno de preacuerdos fallidos, retractaciones y peleas. Además de constantes aplazamientos, generados por las solicitudes de la abogada defensora, Ana Julieth Velásquez.

 

Investigación contra Álvaro Uribe Vélez 

El 28 de abril de 2022, la juez 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, negó la solicitud de preclusión que presentó la Fiscalía en favor del expresidente Álvaro Uribe, luego de ocho meses y más de 100 horas de audiencias, argumentó que el ente acusador no demostró los elementos de juicio suficientes para cesar el proceso.

Esta decisión trajo como consecuencia directa que la Fiscalía cambiara de fiscal encargado del caso. Gabriel Jaimes dejó el cargo, por agotar los tiempos de investigación, y lo reemplazó Javier Fernando Cárdenas.


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A su llegada, Cárdenas ordenó que se practicaran más de 20 nuevas pruebas, acogiendo las recomendaciones de la Juez 28, entre las que se encuentran 14 declaraciones, un interrogatorio al imputado, siete inspecciones a diferentes autoridades y una búsqueda selectiva en base de datos, entre otras.

Con base en esto, Cárdenas, contrario a lo que esperaban las víctimas, decidió volver a solicitar la preclusión del caso, que empezó a argumentar el pasado 10 de octubre y que tomó más de un mes. Este caso se retomará el próximo 16 de enero con la intervención de los abogados de víctimas.

Aún restan varias semanas o incluso meses para que el juez determine si hay lugar o no, a la preclusión del proceso solicitado por la Fiscalía.

 

Caso Centros Poblados

Esta investigación ha tenido dos fases. En la primera, Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde fueron imputados por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. En la segunda, la Fiscalía volvió a imputar a Tapia, y otras personas, por otros delitos.

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró en entrevista con Colprensa, que para este nuevo año se esperan más decisiones judiciales en los próximos dos meses frente a personas involucradas en este caso.

Además, se espera que se materialicen varios preacuerdos. Entre ellos el de Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, a quien solo le falta la aprobación de un juez.

 

Aida Victoria Merlano  

El 13 de septiembre de 2022, Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora Aida Merlano, fue condenada a siete años de prisión, al haber sido hallada responsable de ayudar en la fuga protagonizada por su madre, el primero de octubre de 2019.

La condena se dio por los delitos de fuga de presos en calidad de cómplice y uso de menores de edad para la comisión de delitos, luego de que se demostrara que Aida Victoria ayudó con la entrega de la soga y unos guantes para que se fugara la exsenadora.

Este año se espera que se resuelva la apelación que fue presentada por la defensa de Merlano ante esta sentencia, pero que, además, empiece el juicio por la otra investigación que tiene pendiente ante la Justicia.


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Esta tiene que ver con el delito de enriquecimiento ilícito, luego de que su nombre apareciera en una empresa que está en la mira de las autoridades.

 

Yhonier Leal

Entre preacuerdos fallidos, retractaciones y peleas se ha movido la investigación en contra de Yhonier Leal, el presunto asesino del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández.

Cerca de dos meses después del crimen, la Fiscalía capturó, imputó y logró que un Juez enviara a la cárcel a Yhonier Leal, como el presunto responsable. Esto causó gran sorpresa, porque este había salido dando entrevistas en medios nacionales con la chaqueta de su hermano muerto.

En esas diligencias preliminares, Yhonier primero se declaró inocente y luego, antes de que fuera enviado a prisión, se retractó y aceptó que había asesinado a sus familiares.

Luego de aceptar cargos, Yhonier y la Fiscalía llegaron a un preacuerdo del que luego se retractó.

Tras esta situación, la Fiscalía retomó el proceso penal contra Yhonier y lo acusó en julio pasado. Desde esa fecha, hasta hoy, las audiencias han sido aplazadas varias veces, por solicitudes de la abogada de la defensa Ana Julieth Velásquez.

 

Investigaciones a la espera de resultados 

El 2022 fue un año en el que estallaron varios escándalos de corrupción. Uno de estos tiene que ver con la desaparición de muchos bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En este caso, la Fiscalía ya designó un equipo especial para verificar dónde se encuentran, y en entrevista con Colprensa, el fiscal Barbosa dijo que esperan próximamente ya tener líneas investigativas con imputaciones de personas que pueden estar involucradas en esa actividad.

Otro de los escándalos que estalló en 2022 tiene que ver con el desvió de recursos destinados para la implementación del Acuerdo de Paz.

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