Las constantes quejas de los comerciantes que pagan tributos al Estado para ejercer su actividad en Cúcuta, permitió que la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) iniciara unas rigurosas investigaciones y verificaciones en diferentes establecimientos comerciales de Cúcuta, dedicados a la venta de bisutería, calzados y lácteos, evidenciando la venta de mercancía de contrabando, desencadenando así unas medidas de extinción de dominio.
La semana pasada, un grupo especializado de la Polfa, en conjunto con la Policía Metropolitana de Cúcuta, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Fiscalía, adelantó las diligencias de medidas cautelares de extinción de dominio en 12 bienes muebles e inmuebles, valorados en 3.380 millones de pesos.
Luego de un año de las pesquisas, los investigadores se percataron de la presunta cadena ilegal que mantenían los establecimientos y locales comerciales con la compra, almacenamiento y posterior venta de mercancía de contrabando en dichos negocios.
La Policía aseguró que los dueños de estos lugares no tenían los documentos que soportaran el ingreso legal de los productos que se venden en los establecimientos comerciales, como la factura de nacionalización, planilla de envío y declaración de importación.
Asimismo, las autoridades establecieron que dichos locales y establecimientos infringieron la ley de manera reiterativa.
La Fiscalía 39 especializada de Extinción de Derecho de Dominio de Bucaramanga, ordenó las medidas cautelares que fueron aplicadas en algunos puntos del centro de Cúcuta.
Los locales comerciales objetos de las medidas son la Quesera Cifuentes, Shoes Plan B, Locuras Santuarianos, Locuras Paisas y Gigante de la Octava.
El general Gustavo Franco Gómez, director de la Polfa, aseguró que continuarán las investigaciones para afectar estas economías ilegales con favorecimiento al contrabando.
“Logramos la materialización de doce medidas cautelares de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio en Cúcuta y de esta manera le cumplimos a la industria nacional y protegemos el orden económico y social del país", dijo el oficial.
Las autoridades explicaron que el dinero que el Estado deja de recibir por el contrabando de dicha mercancía y su posterior venta, disminuye las inversiones en los sectores de la salud y la educación, y por el contrario, aumentan las arcas de los propietarios y las personas que se dedican a esta práctica ilegal.
Otras medidas
A mediados de febrero, una comisión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), arribó a un local ubicado en un reconocido centro comercial, para aplicar también una medida de extinción de dominio al inmueble, en el que funcionaba una marca de venta de zapatos.
Según se conoció, la medida cautelar obedeció a una investigación por narcotráfico, por lo que el inmueble pasaría a ser parte del Estado.
El abogado de la reconocida marca de zapatos aseguró en ese momento que interpondría una tutela para oponerse a la medida aplicada.
“Están afectando a una empresa que lleva más de 50 años de trayectoria en la ciudad, sin que tenga algo que ver con la investigación”, dijo uno de los propietarios del lugar, en el momento del procedimiento.
