Las matanzas en Colombia contra quienes se declaran defensores sociales no dejan de contabilizarse. Este jueves, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que en lo corrido de este 2021 fueron asesinados 130 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La entidad precisó que en Norte de Santander el número de muertes fue de 8, mientras que Antioquia lidera la lista con 22 casos y le siguen Cauca con 21, Valle del Cauca con 16, Chocó con 9, Putumayo con 9, Nariño con 7, Caquetá y Meta con 5.
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En estos 11 meses del 2021 la cifra de muertes contra esta población fue menor a la consolidada durante todo el 2020, cuando se presentaron 182 casos, según lo informó la Defensoría en el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que 111 homicidios fueron contra hombres y 19 contra mujeres. De la misma forma, aseguró que, por sector social, el mayor número de homicidios fue contra líderes comunales (31), indígenas (30), comunitarios (16), campesinos (14) y sindicales (7).
“Si bien es cierto que ha disminuido el número de asesinatos contra líderes sociales, lamentamos profundamente cada uno de los casos, por el impacto que tiene sobre las comunidades. Repudiamos esos hechos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales. Como Estado no podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, ni mucho menos para garantizar que los líderes y lideresas puedan seguir adelantando su importante labor en favor del estado social de derecho”, dijo Camargo.
Más datos
En su balance, la Defensoría registró que los homicidios representan el 20% de todas las vulneraciones a los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, donde las amenazas se consolidan como el principal riesgo para esta población con el 73% de todos los reportes, que entre enero y septiembre de 2021 alcanzaron las 549 conductas vulneratorias.
Norte de Santander, Sucre y Magdalena son los departamentos en los que más se reportaron este tipo de vulneraciones, con 86, 43 y 41 casos, respectivamente. Los sectores sociales más afectados son comunitario (85), indígena (73) y servicios públicos (64).
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