El Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, ordenó este miércoles la liquidación de la EPS Ecoopsos debido a la reiteración y acumulación de deficiencias que evidenció en la protección de sus 356.845 afiliados, la mayoría de los cuales pertenecían a población en condiciones vulnerables de los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander, Tolima, Antioquia, Huila, Boyacá, Meta y Córdoba.

La decisión se notificó y explicaron que los afiliados de Ecoopsos pasarán a EPS receptoras designadas por el Ministerio de Salud las cuales deberán garantizar la continuidad de los servicios y tratamientos de salud de manera oportuna y sin interrupciones. Cabe resaltar que se trata de la cuarta EPS liquidada en el actual Gobierno, después de Comfamiliar Huila, Convida y Comfaguajira.

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“La situación a la que llegó la EPS Ecoopsos es otra muestra del incumplimiento sistemático de la garantía al derecho de la salud por parte de estas entidades administradoras de recursos públicos que ponen en riesgo la prestación de los servicios y la integridad de los ciudadanos”, aseguró el Superintendente, al señalar que el 96% de sus afiliados pertenecían al régimen subsidiado.

La Superintendencia evidenció que pese a los esfuerzos por revelar la realidad financiera de Ecoopsos, es indiscutible el deterioro histórico y progresivo en los indicadores financieros, así: sus acreencias ascendieron a $257.980 millones del total de los pasivos, de los cuales 211.857 millones corresponden a la prestación de los servicios de salud, in-sumos y medicamentos.

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Todo lo anterior incrementó el riesgo para los afiliados, reflejado en la desmejora de algunos de los indicadores trazadores de salud, así como en el incremento de las deudas con los prestadores de servicios y proveedores de tecnologías hasta llegar a la suspensión cercana al 25% de sus contratos.

La EPS se encontraba bajo medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios desde el pasado 12 de diciembre de 2022 y fue objeto de instrumentos de salvamento como los aplicados durante la vigilancia especial que tenía desde el 12 de diciembre de 2018.

Asimismo, con el propósito de garantizar la protección de la vida de los afiliados y el des-tino de los recursos del sistema de salud, esta Superintendencia había ordenado la medida cautelar de cesación provisional desde el 28 de junio de 2022.

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