La ausencia del superintendente de Salud, Norman Muñoz, en una audiencia que lideró este martes la Comisión Regional de Moralización dejó decepcionados a los gerentes de las entidades de salud y a las autoridades locales.
Aunque estuvo presente una delegada de la entidad, Eva Carrascal, para los asistentes era necesario el acompañamiento de un tomador de decisiones.
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Silvano Serrano, contralor del departamento y presidente de la Comisón, criticó que hace un año la misma funcionaria les conminó a reactivar la Red de controladores de salud, pero incluso teniendo el plan de acción en marcha, nada ha cambiado.
Por su parte, el gobernador, William Villamizar, pidió la presencia del Superintendente, pues “por eso, muchas de las EPS no atienden las obligaciones que deben cumplir”.
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Entre tanto, Juan Agustín Ramírez, gerente del hospital Erasmo Meoz, dijo tener dos hipótesis para la reiterada negativa de la Superintendiencia para actuar.
“O la Superintendencia está corrompida hasta el tuétano y no muestra lo que pasa con el sistema, o conoce el problema, pero si llega a desnudarlo, el sistema de salud se caería y complicaría la gobernabilidad del presidente”, dijo.
Afirmó que es inexplicable que la Superintendencia tenga cómo inspeccionar, vigilar y controlar pero siga permitiendo los “atropellos de las EPS hacia el sistema de salud”.
Pero, incluso con las críticas, la reunión se cumplió y el panorama no mostró otra cosa más que deudas de las EPS.
Por ejemplo, al hospital Erasmo Meoz, las EPS le adeudan más de 200 mil millones de pesos, mientras que la cuenta con Imsalud está en 39.251 millones de pesos.
La falta de conciliación en la cartera, deja resultados como deudas de las Ips reportadas por 540 mil millones de pesos, mientras que las Eps aseguran que la deuda es de 250 mil millones de pesos, según datos del Instituto Departamental de Salud (IDS).
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En Cúcuta la situación no es mejor, y una de las principales críticas de la secretaria de Salud, Judith Ortega, se relacionó con las excusas de las Eps sobre las deudas que tiene con ellas el Municipio.
Aunque Ortega reconoció que hay deudas, enfatizó en que no se comparan con las de las Eps, pues mientras el Municipio adeuda 2.600 millones de pesos a Cafesalud, esta debe a Imsalud 7.017 millones, y así ocurre con otras entidades.
Las decisiones
Luego de escuchar las complejas condiciones de salud, la delegada de la Superintendencia pidió un reporte de las IPS públicas y privadas del departamento que aún tienen contrato, para efectuar el retiro forzoso de las EPS que le incumplen al departamento.
También se hará una mesa de trabajo con la red pública y privada, con miras a evaluar las deudas y hacer el cruce de información.
En materia de la atención en salud a la población venezolana, dijo que se hará también una mesa con el viceministerio de Salud y autoridades migratorias para analizar, nuevamente, el problema derivado de la migración.
