Las autoridades tradicionales del resguardo Motilón Barí, reunidos en asamblea permanente desde el pasado 19 de septiembre, emitieron un comunicado dirigido a las autoridades del orden nacional, departamental y de los municipios de Tibú, El Tarra, Convención, Teorama y El Carmen, en el que manifiestan su rotunda oposición a la minería en el Catatumbo. 

En el pronunciamiento de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí (Ñatubaiyibarí), dicen que se encuentran en un proceso de ampliación, saneamiento y delimitación de los dos resguardos que involucran áreas de esos cinco municipios. 

Este proceso está en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio de Agricultura y responde a la Sentencia T-052 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual ordena a estas entidades resolver de manera prioritaria y en un plazo establecido la ampliación, el saneamiento y la delimitación.

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La comunidad indígena expresó que por tal motivo, su pueblo “no ha autorizado, ni autorizará ningún tipo de proyecto, sea por arrendamiento, comodato, permisos, licencias, concesiones o cualquier otra clase de acuerdos para la exploración o explotación minero-energética, ya sea de carácter industrial, artesanal, legal o ilegal, de hidrocarburos, de carbón, de oro, o de cualquier otro recurso del subsuelo”, dice el documento.

Allí manifiestan que no están dispuestos a permitir que el territorio ancestral sea “profanado” con este tipo de actividades que además de destruir su territorio, “representa una seria amenaza a nuestros derechos a la seguridad y soberanía”.

Además, desmintieron cualquier información que circule sobre una supuesta autorización de las autoridades tradicionales a alguno de esos proyectos, anunciando que estarán con sus Guardianes del Territorio ejerciendo el control, con un firme rechazo a cualquier forma de violación de sus derechos territoriales colectivos.

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