Con el Sistema Nacional de Derechos Humanos se consolidaría una política nacional integral de derechos humanos que, para su aplicación, requiere ser conocida por los nuevos mandatarios de Norte de Santander, y exigida por los habitantes de la región.
La expedición del Decreto 1081 de 2015, que crea el Sistema Nacional de Derechos Humanos, es uno de los avances más recientes para construir una arquitectura institucional capaz de velar efectivamente por la garantía de estos derechos.
Con el fin de integrar a las entidades estatales, tanto nacionales como territoriales en este proceso, el Plan Nacional de Desarrollo estableció que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos supervisará la implementación de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034.
Dicha política debe ser implementada en los territorios como herramienta esencial del diseño, formulación, implementación, evaluación, ajuste y rendición de cuentas de todas las políticas públicas.
Así mismo, se prevé aprovecharla para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra menores de edad por grupos armados al margen de la Ley y delincuencia organizada.
Con la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, es posible desarrollar políticas públicas, que sean la base para que los territorios se construyan desde la identificación de problemas y la recolección de propuestas regionales, es decir, por la gente y para la gente.
De acuerdo con la Consejería, la estrategia es aplicable en el corto, mediano y largo plazo, para:
Garantizar una gestión pública transparente
Fortalecer mecanismos que garanticen la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
Establecer condiciones y garantías para el respeto, garantía y realización de los derechos humanos.
Consolidar una cultura de reconocimiento y observancia de estos derechos.
Permitir el goce efectivo de los mismos, en condiciones de igualdad y no discriminación para la construcción de paz, estable y duradera.
Acciones en territorio
Para el 2016 la Consejería estará implementando actividades territoriales en alianza con entidades nacionales y organismos internacionales para prestar asistencia técnica a los nuevos mandatarios y así, apropiar territorialmente el enfoque de derechos humanos, según lo establecido en la Ley.
En el caso de Norte de Santander, la entidad señaló en un reciente comité de derechos humanos que ha habido dificultades para acceder a los nuevos mandatarios con el fin de capacitarlos para que tomen decisiones y respalden sus planes de desarrollo con base en esta norma.
Por ello, para la Consejería es importante que –si no son los gobiernos territoriales-, sea la comunidad quien conozca y haga valer los objetivos que las alcaldías de Norte de Santander y la Gobernación deberán privilegiar para la protección de sus derechos, así:
Para trabajar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se sugiere, entre otros aspectos:
Implementar en las instituciones públicas la realización de auditorías visibles, que permitan el control y vigilancia en tiempo real a la inversión de los recursos públicos.
Divulgar el Plan Decenal de Salud Pública, 2012-2021, y asegurar el cumplimiento de estrategias y coordinación entre las autoridades.
Asegurar que los Proyectos Educativos Institucionales especifiquen métodos de enseñanza orientados al respeto de la integridad y dignidad de los estudiantes, para que se reconozca el valor de la diversidad humana y las diferencias de toda índole.
Diseñar, reforzar y divulgar redes de información sobre la oferta laboral municipal, departamental, nacional e internacional, y asegurar el cumplimiento de las cuotas de contratación de personal de las regiones.
Para trabajar los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad:
Liderar la implementación, seguimiento, evaluación y ajuste de la política de prevención de reclutamiento en el territorio.
Formular la política de seguridad y defensa que garantice la convivencia pacífica.
Desarrollar acciones de prevención frente a dinámicas económicas ilegales y las disputas de la tierra.
Para la participación ciudadana y el control social:
Constituir espacios de interlocución permanente con la ciudadanía.
Fortalecer y empoderar las organizaciones sociales existentes.
Fortalecer y facilitar los espacios de participación ciudadana de conformidad con el Estatuto de la Participación Ciudadana, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Permitir procesos de evaluación y monitoreo de la ciudadanía a la gestión pública con enfoque de Derechos Humanos.
En el trabajo para la igualdad y no discriminación, cultura de paz y educación:
Promover condiciones y espacios para el diálogo interreligioso con especial énfasis en las expresiones religiosas de población extranjera.
Propiciar y promover encuentros y diálogos entre los miembros de la fuerza pública y los ciudadanos y ciudadanas representantes de organizaciones que reivindican derechos de personas y grupos discriminados.
Implementar campañas orientadas a la población de básica primaria, con el fin de prevenir o desactivar prácticas discriminatorias, en especial a formas contemporáneas de discriminación como el ciberacoso.
Dar igualdad de oportunidades para grupos, personas y comunidades.
Diseñar rutas de promoción y atención integral de víctimas de discriminación.
Para trabajar el derecho a la justicia:
Identificar las barreras de acceso a la justicia de la población en su territorio
Identificar mecanismos de solución de conflictos que se utilizan en el territorio y establecer cómo se pueden fortalecer.
Identificar la situación de la población carcelaria competencia del territorio y las acciones implementadas para su mejoramiento.
Uno de los hitos de este diálogo democrático que deberá continuar en la región será el poder pasar de la era de violencia a una sociedad de derechos humanos que, vale decir, son un presupuesto para la paz y para dar respuesta a los desafíos que se derivan de la transición que llegará en pocos meses, particularmente en la región, derivada del posconflicto.
