El comandante del Consejo Nacional de Estupefacientes, general Hernán Alejandro Bustamante Jiménez, autorizó el inicio de operaciones de aspersión terrestre de cultivos ilícitos en la zona del Catatumbo.

La orden perentoria del Ministerio de Defensa comenzó a regir en febrero y los mandatarios deben brindar garantías a los hombres enviados a la región para cumplir la tarea.

La anterior decisión ha despertado el inconformismo de los líderes sociales quienes reclaman el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba, donde se plantea la sustitución gradual y concertada, acompañada con proyectos agropecuarios alternativos.

Aseguraron que esa disposición en plena pandemia agudiza el conflicto social presentado en la zona con desplazamiento forzado de las familias,  generando aglomeraciones en los centros poblados y cascos urbanos, y exponiendo a la población al contagio del virus.

El líder social Olger Antonio Pérez Quintero manifestó que el gobierno incumple los compromisos y ello motivaría una eventual movilización de los labriegos, quienes desde ya reclaman el respeto de sus derechos.

“El problema es de carácter estructural y frente a ello el campesino reclama una verdadera reforma agraria, la legalización de las tierras y programas alternativos para mejorar las condiciones de vida. Esto no se arregla a la fuerza, ni con pañitos de agua tibia. Exigimos buenos precios a las cosechas Y mayor rentabilidad en los productos legales”, indicó.

Calificó como equivocada la política pública de erradicación de cultivos ilícitos desde el año 2000, cuyo efecto ha sido contrario ya que las hectáreas sembradas de cultivos de coca han aumentado. “Se debe cumplir con los acuerdos de paz para reconstruir el tejido social con mejores servicios de salud, educación de calidad y no con un concurso amañado de maestros. Asimismo,  saneamiento básico ambiental y seguridad alimentaria”, recalcó.

Pérez subrayó que los campesinos no están dispuestos a dejar morir de hambre a  sus hijos con tantas riquezas. Tantas frustraciones e incumplimiento de promesas llevaron a los agricultores a sembrar coca, porque les da mejores ingresos.

“La aspersión significa echar gasolina a la candela con las consecuencias nefastas para la salud humana. Es el único país en el mundo que insiste en utilizar esas sustancias nocivas como si fuéramos robots, afectando los cultivos de pan coger”, precisó el líder social.

El alcalde de Hacarí, Deivy Bayona Guerrero, indicó que en ningún momento firmaron un acuerdo de esa naturaleza para que ese procedimiento se adelante en la región.

“Estoy del lado de los labriegos de la región, nunca de los cultivos ilícitos que han ocasionado desolación y problemas a las distintas comunidades.

Las consecuencias son mayores por la alteración del orden público y el desplazamiento de los campesinos ya que van a generar aglomeraciones en el casco urbano”, recalcó el gobernante.

El mandatario de Teorama, Robinson Salazar Benítez,  dijo por su parte que la determinación es contraproducente en tiempos de pandemia.

“Rechazamos la aspersión terrestre y se debe lograr un consenso para una erradicación concertada y gradual con programas alternativos de sustitución”, recalcó.  Expresó la preocupación ya que esas medidas inconsultas pueden entorpecer los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Autoridades de la cartera de Defensa anunciaron a través de la televisión el 24 de agosto de 2020 que la aspersión aérea con el químico ya estaba aprobada.  Voceros del Gobierno Nacional argumentan que se deben usar todas las herramientas para combatir los cultivos ilícitos.

El representante a la Cámara Luis Alberto Albán exigió respeto por la vida y añadió quie cientos de estudios muestran las consecuencias nefastas del glifosato.