En Norte de Santander, según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en 2020 había 40.083 hectáreas de cultivos de uso ilícito, demostrando que las siembras de coca no han parado de crecer, a pesar de los programas de erradicación forzosa y sustitución voluntaria.
Este escenario convierte al Catatumbo en la región de Colombia con más siembras de coca y la segunda en mayor producción de cocaína y base de coca.
Hernando Londoño, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos del actual Gobierno Nacional, aseguró que desde 2018 hasta la fecha, han logrado que 2.998 familias cultivadoras de hoja de coca de Tibú y Sardinata entren en el programa que vienen adelantando, logrando así que 1.116 hectáreas fueran sustituidas por otro tipo de siembras.
Los cultivos de coca se encuentran en un alto porcentaje en Tibú, con 19 mil hectáreas, siendo el segundo municipio con la cifra más alta de todo el país, después de Tumaco, que lo supera solo por 10 mil hectáreas. Además, en Convención, El Tarra, Teorama y Sardinata también hay gran cantidad de siembras de uso ilícito.
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Aunque Londoño afirmó que en los últimos 4 años el Gobierno Nacional ha avanzado en materia de sustitución de cultivos ilícitos. No es el caso de Norte de Santander, donde hay más sembradíos, “por la presión de los grupos de que operan al margen de la ley y seguramente por la facilidad que hay de productos que ingresan y salen al vecino país, porque se permiten ciertas actividades de carácter ilegal”.
En el informe presentado ayer, durante el conversatorio “Mitos y Realidades de la Sustitución de Cultivos Ilícitos en Colombia”, el funcionario informó que casi 100 mil familias se han vinculado al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) en el país.
“Se les ha cumplido”
Según Hernando Londoño, uno de los principales mitos que se han tejido en torno a este programa para la sustitución de la coca, tienen que ver con la idea de que el Gobierno ha incumplido sus compromisos con las familias vinculadas a los programas.
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“Ningún beneficiario del Pnis, de esas 99.097 familias que suscribieron acuerdos voluntarios debe tener cultivos ilícitos y por lo tanto no son sujetos de erradicación. A quienes el Ejército y la Fuerza Pública les llega a erradicar es a quien tiene cultivos ilícitos. Ningún beneficiario debe tenerlo, porque le estaría incumpliendo al programa y tendría que responder ahora por el uso que se le dio a los recursos que recibió del Estado”, indicó el funcionario.
En el caso del Pnis, dijo que han encontrado casos de familias que se vinculan al programa, reciben el dinero y luego de un tiempo incurren a la resiembra de coca.
También están las que reciben el beneficio económico, pero en lugar de sustituir los cultivos ilícitos, tomaron ese dinero para comprar de nuevo la semilla de coca y cultivaron en otro lote distinto al que registraron. Aunque comprobarlo, es casi imposible, si les encuentran esas siembras podrían perder el beneficio.
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En Norte de Santander, según Londoño, a 531 familias les han suspendido los beneficios del Pnis, lo que representa casi 15% de las 2.998 que han sido vinculadas. La causa no es solo el incumplimiento de los acuerdos, sino por meter documentos falsos, sin tener cultivos de coca en sus fincas.
Solo 0,8% ha resembrado
El sistema de monitoreo que lo realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en cinco fases, ha establecido que 98% de las familias vinculadas al Pnis en Colombia ha cumplido, y que 0,8% resiembra coca en sus lotes.
“En el departamento (Norte de Santander) la cifra (de resiembra) no supera el 0,1%”, aseguró el director de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
Humberto Londoño también dijo que las familias de Sardinata y Tibú vinculadas al programa, han recibido más de 30 mil millones de pesos en apoyos y subsidios, especialmente los pagos en efectivo. Hay proyectos para cultivos de cacao, palma, ganadería, piscicultura.
La Dirección de Sustitución de Cultivos consideró que existen otros dos mitos principales en torno a este acuerdo. El segundo es que solo existe una condición para que haya la inversión y el apoyo por parte del Estado, “que las familias que se vinculen al Pnis, hayan erradicado el cultivo, por lo tanto o son beneficiarios o tienen coca, no pueden ser las dos cosas a la vez”.
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El tercero es que “dicen que no se ha avanzado con los Planes Integrales de Desarrollo Alternativo (PISDA), cuando este plan forma parte del Pdet, que ha avanzado en el Catatumbo de manera acelerada, a pesar de que es para desarrollarse en 15 años y llevamos cinco años del acuerdo”, agregó.
Por último, expresó que muchas de las familias que viven de la siembra de cultivos ilícitos en Colombia se abanderan con la excusa de que este es su medio para remediar la pobreza. “La pobreza no justifica la ilegalidad. No se puede argumentar que porque son campesinos pobres, puedan dedicarse a los cultivos ilícitos. Eso equivaldría a que si en Colombia hay tanto nivel de pobreza, habría tanto delincuente y eso no es así. En la coca no está la solución”, sentenció el funcionario.
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