Ni el arreglo de la vía, ni la dotación de la escuela, ni los acuerdos sobre las propuestas de reconversión de los cultivos de uso ilícito; nada se ha hecho en Caño Indio, la vereda de Tibú escogida para que los excombatientes de las Farc hagan su proceso de desarme y desmovilización.

Según los habitantes de las veredas  ubicadas en el sector de influencia de la zona en la que se concentrarán los exguerrilleros, el mayor movimiento inició hace tres días cuando se empezó a echar arena sobre poco más de un kilómetro de carretera y se comunicó, de improviso y sin detalles, que ayer habría una reunión “con gente del Gobierno”. Nada más.

Desde entonces se acordó la llegada de los presidentes de junta de las veredas Chiquinquirá, El Progreso, Caño Indio y El Mirador, quienes se encontraron ayer, frente a frente, con el caño que da nombre a la vereda, crecido después de las lluvias, un kilómetro antes de llegar a la escuela.

Varados y con las motos inundadas, apenas lograron atravesar la corriente que les daba hasta la cintura, después de un largo y resbaloso recorrido por el tobogán de lodo en el que quedó convertida la carretera que la gente abrió a pulso, cuando allí no pasaba casi nada.

Ayer, algunos miembros de la guardia campesina del Catatumbo, de Ascamcat, labriegos independientes e integrantes del Ejército estuvieron yendo y viniendo, empapados, esperando el sonido del helicóptero que llevaría a los visitantes para hablar de todo: de las promesas, de las ilusiones, de las necesidades y sobre todo, de los cultivos de coca.

“Si no fuera por la matica, aquí nadie sobreviviría”, dice uno de los habitantes. “Esperamos que nos digan qué se hará y cómo se va a negociar, porque aquí hay voluntad y mucha esperanza, pero con temor”.

El mayor temor, por supuesto, es que el Gobierno Nacional les incumpla otra vez, como ocurrió con la cita de ayer, que no se dio.

“Siempre es igual, pero nosotros estamos listos para esperar”, comenta Luis David Rincón, conocido como Tory, y quien es el presidente de la junta de Caño Indio, distante a una hora y media del casco urbano de Tibú.

Las alternativas para la sustitución

Todos en Caño Indio y sus alrededores están listos para escuchar al Gobierno, pero también para proponer dos opciones de reconversión de los cultivos de uso ilícito que dividen, sutilmente, el criterio de la comunidad porque, ¿cómo lograr la misma rentabilidad de una producción que da empleo y se vende en dos millones 400 mil pesos por kilo?

¿Cómo reemplazar a los obreros que ganan entre 35 mil y 45 mil pesos libres, diariamente? ¿Cómo sostener familias numerosas, pagar recibos de hasta 170 mil pesos (de quienes viven en Tibú), y confiar, otra vez, en el Gobierno?

La primera opción que ponen sobre la mesa es la sustitución gradual y concertada, que debería llegar con proyectos productivos. Con esta alternativa se mantendría temporalmente la coca y sería erradicada en cuanto los proyectos sean rentables.

La segunda consiste en ‘vender’ los cultivos, es decir, acordar con el Gobierno la compra de lo que vale sostener la coca y hacer una especie de liquidación de la actividad.

Según cálculos de algunos dueños de la tierra, por hectárea se pedirían entre 7 y 14 millones de pesos, que es la cantidad de dinero invertida en obreros, plaguicidas, insumos, abonos y, en general, el mantenimiento de la tierra cocalera.

Ahora vendrá el reto de poner de acuerdo a las partes y evaluar la conveniencia de cada iniciativa, porque la primera no convence al Gobierno, debido a que la erradicación se tardaría lo que tarden en crecer los cultivos alternativos; mientras que con la segunda la comunidad teme un desplazamiento masivo “si somos conscientes de que la gente se come la plata”, según dijo un campesino.

Para Tory, es necesario esperar y dialogar, porque si bien la sustitución es una necesidad, se tiene claro que la vereda no “es un proyecto de seis meses y se fueron, sino que debe ser algo histórico, para que nos quede el acueducto, una vía transitable”, dice. “Queremos salir ganadores, porque le apostamos a la paz”.

Los demás habitantes coinciden en querer cambiar, pero solo si se dignifica su condición. 

“Si no, mejor que se vayan para otra parte”, comentan entre sí. “Es que al Gobierno no se le pediría más que lo básico: los servicios, el apoyo al agro… Son sus compromisos como Estado”.

Hoy, esperan un nuevo encuentro, la instalación de lo prometido, el arreglo de la vía, el acuerdo, el helicóptero, el agua para regar la tierra para las plantaciones que, un día, sabrán para qué sirve, respuestas y hechos concretos, porque, por ahora, en Caño Indio no ha pasado nada.