La Defensoría Regional del Pueblo solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud y al Instituto Departamental de Salud (IDS), como directos responsables de la vigilancia y el control de las empresas prestadoras de salud que operan en Norte de Santander, la intervención inmediata de varias EPS ante la elevada cifra de quejas por la presunta deficiencia en la prestación de servicios a sus afiliados.

En cartas por separado que el órgano de control les dirigió al superintendente de salud, Fabio Aristizábal, y al director del IDS, Carlos Martínez, se les solicita que hagan cumplir a las EPS e IPS el deber legal que tienen de garantizar el derecho fundamental a la salud de sus afiliados en Norte de Santander.

En las misivas, firmadas por el defensor regional del Pueblo, Jaime Marthey, se resalta la cantidad de quejas de salud, en parte por los afiliados de la EPS Comparta que migraron a otras empresas prestadoras de salud, a los cuales no se les está garantizando el principio de oportunidad en servicios de salud por parte de las EPS a las que fueron traslados.

En virtud de lo anterior, el pasado 8 de noviembre de 2021, funcionarios de la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander realizaron visitas a las empresas prestadoras de salud con mayor número de afiliados e IPS que contratan servicios de salud, en las que se observaron fallas en la prestación de sus servicios.

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Según la Defensoría, la entidad que presenta mayor dificultad es Medimás EPS, entidad que desde el pasado 15 de septiembre el Hospital Universitario Erasmo Meoz no le presta servicios a sus afiliados, debido a la deuda actual que tiene la EPS con ese centro hospitalario.

En ese entonces, el gerente del centro médico más grande del departamento, Tonino Botta, indicó que la decisión se debía a que esta EPS no ha cumplido con los pagos por cerca de 70.000 millones de pesos, precisando que el servicio de urgencias estaba exento de esta medida.

La Defensoría sostiene que en desarrollo de la función constitucional y legal que le otorga la ley, de promoción y protección de los derechos fundamentales, se le exige al IDS y a la Supersalud su intervención inmediata ante Medimás, Coomeva, Nueva EPS, Sanitas, Ecoopsos y BAS30 del Ejército Nacional, para que se les exija un mejoramiento en la prestación de servicios.

Lo que encontraron

Marthey manifestó que en la visita y diálogo con los usuarios de esas empresas prestadoras e IPS se expresaron notorias deficiencias como es una infraestructura inadecuada, ya que ofrecen servicios en 2°,3° y 4° piso, situación que dificulta el acceso a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, “sin que haya ventanilla de atención preferencial que les permita recibir servicios en condiciones de equidad y dignidad”.

Señalan que las oficinas de atención están dispersas debido a que los pacientes son atendidos en sedes distantes a donde deben ir, bien sea, a que les autoricen órdenes médicas, o entreguen medicamentos de alto costo o plan básico en salud (PBS), por lo que tienen que disponer de recursos para transporte y tiempo; incrementándose los costos de los servicios, dinero con el cual, la mayoría de las veces, no cuentan.

Otro señalamiento está relacionado con las salas de espera donde se asignan turnos, lo anterior debido a que son pequeñas e inoperantes para el número de usuarios que solicitan servicios de manera presencial. 

Desde la Defensoría colocan por ejemplo a Cafam, entidad que tiene una sede para entregar medicamentos de Alto costo que corresponde al Plan Básico de Salud, tanto del régimen Subsidiado como del contributivo, ubicado en Barrio Blanco, y otra sede para (PBS) en el Barrio Sayago Riviera (foto abajo).

“Esta situación no permite una atención oportuna de autorizaciones y otros servicios vulnerando el derecho a recibir atención oportunamente”, expresa la Defensoría Regional del Pueblo.

Entre las conclusiones se halló que se requiere más personal administrativo y de auditoría que apoye las autorizaciones para que los pacientes fluyan más rápidamente, evitando  aglomeraciones.

Estas fallas, se reflejan, entre otros aspectos, en: dificultad en el flujo de recursos: La deuda de los aseguradores EPS a los prestadores IPS, es una barrera constante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de salud.

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Como segunda observación se señala las fallas administrativas en los procesos de referencia y contrarreferencia, la falta de contratación con IPS especializadas para atención de patologías y enfermedades, y se hace necesario la remisión a instituciones de mayor complejidad, fuera del departamento, siendo una barrera adicional.

Finalmente, se evidenció la falta de red directa y alterna: “Las EPS que se encuentran en el Departamento no tienen red de atención suficiente, pues diferentes EPS contratan con el mismo prestador, que no aumenta su capacidad instalada, razón por la cual, termina colapsado el Hospital Universitario Erasmo Meoz”.

Ante la operación adelantada desde la Defensoría, La Opinión intentó obtener una respuesta por parte de la EPS Medimás, pero al cierre de esta edición la entidad no se pronunció.

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