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Defensoría del Pueblo advierte sobre crisis educativa en el Departamento
La violencia generada por el marco del conflicto armado y el desbordamiento de la capacidad institucional han generado barreras de acceso al programa escolar.
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Martes, 29 de Marzo de 2022

La Defensoría del Pueblo alertó acerca de la situación de emergencia educativa que se vive en el Norte de Santander a consecuencia de los hechos de violencia en el marco del conflicto armado, el desbordamiento de la capacidad institucional y el incremento del número de matrículas escolares por el movimiento migratorio.

La entidad hizo especial mención a la zona del Catatumbo, Cúcuta y su área metropolitana, donde existe una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,  debido a las barreras de acceso, permanencia y calidad en el sistema educativo.

Expusieron que les resulta preocupante la falta de nombramientos en la planta docente y administrativa, situación que han venido denunciando las instituciones educativas y que aumenta el riesgo de deserción escolar.

La Secretaría de Educación Departamental reportó en la Mesa de Educación de Emergencia que aproximadamente 12.700 niños, niñas y adolescentes no han iniciado su año escolar por esta razón.


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La emergencia educativa se agudiza en la población refugiada y migrante, debido a la situación irregular de 17.258 menores de edad venezolanos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del municipio de Cúcuta, y de 18.110 niños, niñas y adolescentes venezolanos en el SIMAT departamental.

A esto se suma la infraestructura educativa insuficiente y precaria, las instituciones educativas con grados escolares inhabilitados, la falta de adecuación de las escuelas y colegios para la prevención del COVID-19 y, además, el bajo esquema de vacunación de los niños, niñas y adolescentes.

Advirtieron de las consecuencias generadas por el retraso en el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y el servicio de transporte escolar que afecta a alrededor de 78.000 estudiantes en Cúcuta.

Por lo antes expuesto, la Defensoría del Pueblo exhortó a las entidades del orden nacional, Ministerio de Educación, ICBF, Migración Colombia y Ministerio de Salud, para que apoyen a las secretarías de Educación Departamental y Municipal, garantes del  derecho a la educación en las zonas rurales y urbanas.

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