En firme quedó el martes la elección del gobernador de Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz Contreras, para el periodo 2012-2015, luego de que el Consejo de Estado, en un fallo de segunda instancia, les diera la razón a los magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, quienes establecieron, meses atrás, que el mandatario departamental no violó el régimen de inhabilidades.

Díaz Contreras fue denunciado el 14 de diciembre de 2011 por haber ejercido como gobernador encargado el 15 de septiembre de 2009 y no dejar que transcurrieran 24 meses para inscribir su candidatura a la gobernación, como lo establece la Ley 617 de 2000.

Sin embargo, en mayo pasado, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander determinó, en un fallo de primera instancia, que el gobernador no incurrió en irregularidades que impidieran su llegada al palacio de la Cúpula Chata, por lo que los magistrados decidieron negar las súplicas del demandante.

Uno de los argumentos presentados por el Tribunal en el fallo del 25 de mayo pasado señala que: “Como quiera que los artículos 179 y 180 de la Constitución Política no hablan de inscripción sino de elección, realizando una interpretación sistemática de las normas, se concluye que dichas incompatibilidades e inhabilidades deben tenerse en cuenta desde el momento de la elección porque contar los términos desde la inscripción, señalaría un régimen superior al de los congresistas, lo cual ya no es posible a partir de la vigencia de la Ley 1475 de 2011 (Reforma Política)”.

Conocida la decisión, la Procuraduría, el coadyuvante de la demanda y el propio demandante apelaron la sentencia, por lo que esta fue trasladada al Consejo de Estado, que, ayer, siete meses después confirmó lo dicho por los magistrados del Tribunal.

Cambio de Jurisprudencia

Aunque las partes aún no han sido notificadas de la decisión, La Opinión conoció que a partir de la sentencia que favoreció al gobernador de Norte de Santander, la Sección Quinta del Consejo de Estado definió un cambio de jurisprudencia y estableció que el hecho de que un secretario de despacho desempeñe funciones como gobernador encargado, no se constituye en causal de inhabilidad ni de incompatibilidad para aspirar a un cargo de elección popular.

La magistrada ponente fue la consejera de Estado Susana Buitrago Valencia, mientras que los magistrados Alberto Yepes Barreiro y Mauricio Torres Cuervo presentaron salvamento de voto.