En la ciudad de Pamplona el nombre de Álvaro González Joves genera reacciones que causan extrañeza.

Existen estudiantes, docentes, egresados y habitantes de la Ciudad Mitrada que, al escuchar mencionar el nombre del exrector, expresan palabras de gratitud, elogian su “maravillosa gestión” en pro de la Universidad y, algunos más, claman porque vuelva a tomar las riendas del claustro universitario algún día pues, “un rector como él”, no había tenido la universidad en mucho tiempo.

Otras personas, un tanto más sensatas, moderan sus comentarios y se atreven, incluso, a criticar algunas medidas adoptadas por el polémico ex rector.

Sin duda, una de las decisiones que más causa escozor entre algunos de los miembros de la comunidad académica son los convenios que a diestra y siniestra firmó el ex rector González Joves con municipios y departamentos de todo el país para, entre otras cosas y aunque suene descabellado, construir cementerios.

Uno de los convenios que más dolores de cabeza le ha traído a la nueva administración de la Universidad, en cabeza de Esperanza Paredes, es el convenio interadministrativo de cooperación número 00456 suscrito entre el departamento de Casanare y la Universidad de Pamplona por un total de $34.989 millones.

En ese convenio, firmado entre las partes el 27 de diciembre de 2006, la Universidad adquiría una serie de compromisos con el departamento de Casanare que, además, le obligaban a desembolsar más de $5.600 millones.

Lo que debía hacer la Universidad

El departamento de Casanare, a través de su Secretaría de Educación y Cultura, invitó a la Unipamplona a suscribir un convenio interadministrativo de cooperación para la construcción de 100 aulas de informática multipropósito en las instalaciones educativas oficiales del departamento e implementar y dotar 250 aulas virtuales, también en las instituciones educativas del Casanare.

Según se puede leer en el convenio, la ejecución del mismo buscaba darle solución a la necesidad de mejorar la calidad, garantizar la cobertura y la sostenibilidad de los servicios que en educación requería el departamento.

También, se aseguraba en el documento, se buscaba la formación integral del estudiante y/o población más vulnerable de todos los niveles educativos mediante la implementación de diferentes esfuerzos, como el fortalecimiento de las instituciones educativas a través de una mayor equidad en la distribución de los recursos físicos, humanos y financieros buscando siempre optimizar la capacidad instalada.

El plazo de ejecución para el convenio era de un año contado a partir del 27 de diciembre de 2006 y, la vigencia del mismo, abarcaba el tiempo de la ejecución y un mes más.

Lo que dio el departamento

Con la firma del convenio 00456 el departamento del Casanare se comprometió a entregar $27.769’803.614, distribuidos de la siguiente manera: $6.000 millones se irían para la construcción de 100 aulas de informática multipropósito en las instituciones educativas oficiales del departamento y, $21.769’803.614 serían para dotar 250 aulas virtuales de distintas instituciones educativas casanareñas.

Adicionalmente, a mediados de 2007, el convenio tuvo una inyección presupuestal de $1.546 millones por parte del departamento de Casanare, para un total de $34.989 millones.

Una vez la totalidad del dinero fue girada a las arcas de la Unipamplona, iniciaron una serie de irregularidades que hasta el día de hoy mantienen en vilo a las directivas del centro educativo que tratan de llegar a una conciliación con el departamento de Casanare que les evite afrontar una demanda judicial que les obligaría a restituir un dinero, más de $7 mil millones, que nadie sabe dónde está o en manos de quién fue a parar.

El primer “error”  cometido por la administración de González Joves fue el haber mezclado el dinero desembolsado desde el Casanare con los recursos propios que la Universidad tenía en ese momento y que correspondían a los cobros realizados por conceptos de matrículas y transferencias hechas por el Gobierno Nacional, entre otros rubros.

Esa jugada ‘non sancta’ le permitía a González Joves disponer de un flujo de caja muy grande y presentar, al término de cada año, registros contables en los que se dimensionaban sendos superávits a favor de la Universidad.

La realidad hoy muestra que detrás de la aparente bonanza económica de la institución educativa, su boyante crecimiento en materia de construcciones y los convenios suscritos por doquier con departamentos y municipios, se escondía una realidad que presagiaba lo peor.

Las cuentas estaban claras, pero…

En el convenio 00456 suscrito con el departamento de Casanare también se presentaron otras irregularidades que, aún en el más fiel seguidor de la doctrina ‘Jovesiana’, no dejan de generar sospechas.

Según el convenio, la Universidad de Pamplona debía ejecutar los $34.989 millones en dos grandes objetivos.

El primero era la construcción de 100 aulas de informática en instituciones educativas oficiales del departamento, contando con un capital para tal fin de $6 mil millones.

Y, por otro lado, debía dotar e implementar 250 aulas de informática en las instituciones educativas que la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Casanare le indicara.

En otras palabras, la Universidad debía disponer de 250 salones en los que, además, debía instalar 19 computadores, un servidor, dos aires acondicionados, una antena satelital para el servicio permanente del internet, dos tableros de acrílico y las respectivas mesas y sillas para el correcto uso de los equipos por parte de los estudiantes de los centros educativos donde estos fueran instalados.

Para eso contaba con algo más de $19.000 millones aportados por el departamento.

La Universidad, además de ejecutar el presupuesto y supervisar que las construcciones y los equipos fueran instalados, debía brindar todo el soporte técnico que comprendía el convenio y capacitar a las personas que fueran a quedar como responsables de las instalaciones habilitadas por el mismo.

Asimismo, Unipamplona debía desarrollar objetos virtuales de aprendizaje (60) y simuladores de educación (10). También, debía diseñar y poner en marcha un nuevo software educativo que contenía tres módulos: Plataforma E-Learning, Academusort  Colegios y Hermesoft.

El desarrollo de este tipo de tecnologías fue tasado por la Universidad en $5.672 millones.

En los papeles firmados aquél 27 de diciembre de 2006, las cuentas estaban claras, en la realidad, más de $7 mil millones no aparecen.

Y, ¿en qué momento se perdió la plata?

El departamento de Casanare, una vez se destituyó al entonces gobernador Whitman Herney Porras y, al ver que las obras del convenio 00456 no eran entregadas, contrató una interventoría que en su informe preliminar ofrece unas posibles respuestas acerca del paradero de los $7 mil millones.

La interventoría, según consta en el informe preliminar entregado a la Gobernación del Casanare, deja saber que su gestión se centró en los siguientes aspectos:

•    Se realizó un inventario físico de todos y cada uno de los componentes contratados por el Departamento de Casanare y la Universidad de Pamplona.

•    Se determinó el contenido de las características físicas de los equipos de cómputo, comunicaciones y servicios de comunicaciones que componen lo contratado por el departamento de Casanare.

•    Se realizó un informe individual de las 250 aulas de informática, detallando cada uno de los componentes contratados.

•    Se presentan evidencias fotográficas de cada una de las visitas realizadas, como elemento de soporte de la liquidación.

Según la interventoría, donde más dinero se ‘embolató’ fue en la implementación de las 250 aulas de informática.

De un total de $16.376 millones presupuestados para la compra de, entre otros elementos, 5 mil computadores, 250 antenas satelitales, 5 mil mesas y 5 mil sillas para los equipos, 500 aires acondicionados y, finalmente, 500 tableros acrílicos, el total del monto ejecutado fue de $10.581 millones. Así las cosas, sólo en este componente, el ‘hueco’ que se abrió fue de más de $5.858 millones.

Además, empresas de suministros tecnológicos consultadas por este Diario permitieron comprobar que los costos presentados en el presupuesto del Convenio para la compra de los 5 mil computadores estarían altamente ‘inflados’.

Los valores presentados en el convenio para los computadores (4.750) y los servidores (250), a un valor de $2.130.275 y $2.738.925, respectivamente, generan sospechas para el 2006, año en el que fueron hechas las cotizaciones.

Según informaciones suministradas por dos empresas de suministros tecnológicos con amplio reconocimiento en el mercado nacional, los equipos que allí se especifican podrían haber sido comprados en la fecha que se firmó el contrato por un precio que oscila entre $1.600.000 y $1.900.000, dependiendo la marca.

De esta manera, basta una operación matemática elemental para comprobar que sólo en este rubro, el monto que se ‘perdió’ fue bastante alto.

Además, como se puede apreciar en las imágenes que acompañan el presente texto, de los 4.750 computadores presupuestados, sólo se terminaron comprando 4.036.

Los 4.750 computadores fueron presupuestados en $10.118.806.250, pero ya que sólo se compraron realmente 4.036 por un valor de $8.597.789.900, el dinero que no aparece, sólo en este rubro, asciende a $1.521.016.350.  

También, como se puede apreciar en la imagen ‘Costo Real Convenio - Faltante de Dinero’, la plata que no aparece y que suma más de $7.000 millones salió de distintos componentes del convenio que no sólo comprometen los dineros del departamento, sino también los de Unipamplona, pues algunos de los rubros que no se ejecutaron obedecen al objetivo que les concernía y que tenía que ver con el soporte técnico que comprendía el convenio y la capacitación que se les debía ofrecer a las personas que fueran a quedar como responsables de las aulas virtuales.

¿En qué va la investigación?

Hasta el momento, según fuentes de la Universidad de Pamplona, lo que se ha tratado de hacer desde que Álvaro González Joves dejó el cargo y Whitman Herney Porras fue destituido como gobernador del Casanare, es tratar de liquidar los convenios para evitar que las responsabilidades económicas sigan aumentando, ya que, como se dejó por escrito en el convenio en diciembre de 2006, los intereses generados por los dineros girados por Casanare debían ser reintegrados a las arcas del departamento.

Además, se ha tratado de conciliar con la nueva administración departamental la forma como se hará la devolución de los dineros que no fueron ejecutados y la manera como se llevarán a cabo las tareas que aún hoy debe cumplir la Unipamplona dentro del convenio.

Es así que, tanto la Universidad como el departamento, han estado realizando interventorías y estudios que permitan conocer el estado real del convenio en estos momentos, es decir, lo que hay, lo que sirve, lo que se perdió y lo que se robaron.

A todo esto se debe sumar que, aún hoy, existen cuentas por pagar y los acreedores, en su mayoría los que realizaron las obras de construcción e instalaron las redes eléctricas en lo que se suponía iban a ser las aulas virtuales, han continuado cobrando por sus trabajos y la plata para pagarles, como es obvio, no aparece o está ‘embolatada’.

Fuentes cercanas al proceso han indicado que la Universidad de Pamplona ha podido recuperar del dinero que se ‘refundió’ en la ejecución del convenio, algo más de $3.000 millones, sin embargo, harían falta más de $4.000 millones para lograr cumplir con los requerimientos que el departamento de Casanare le está haciendo al centro educativo.

Entretanto, la pregunta que ronda el ambiente en Pamplona y Casanare es: ¿por qué si la plata se ‘embolató’ en las administraciones de González Joves como rector de la Unipamplona y Whitman Porras como gobernador de Casanare, ninguno de los dos está detenido?

Hasta tanto esa pregunta no obtenga una respuesta, nadie podrá saber en qué terminará la triste historia del convenio que pretendía llevar internet a los niños más pobres del Casanare y terminó engordando los bolsillos de unos cuantos que, según se ha podido constatar, deambulan libremente por las calles del país y del exterior.