Flaminio Diaz no mide más de 1,60 mts., es evidente su sobrepeso y por problemas cardíacos depende de un par de pastillas diarias. De los guerrilleros fundadores del Frente 33 de las Farc, en Norte de Santander, él es el único sobreviviente.

Ingresó a la guerrilla a los 25 años, en San Vicente de Chucurí (Santander), de donde es oriundo. Por ese entonces huía de la violencia que azotaba a la región del Magdalena Medio.

Permaneció en el Frente 12 -que operaba junto al 20 en Santander-, hasta que a mediados de la década de los 80 las Farc decidieron entrar en Norte de Santander con un grupo de guerrilleros de los frentes 12, 20 y 4, este último de Antioquia.

 
“Fuimos 15 más o menos los que llegamos de Santander. Viajamos legales (de civil, como cualquier persona) hasta La Gabarra (municipio de Tibú, Norte de Santander), donde ya habían llegado compañeros del Frente 4”, recuerda Flaminio.

Previamente, en el corregimiento La Gabarra, las Farc instalaron a algunos de sus hombres que se hacían pasar por campesinos y trabajadores de fincas, cuyos propietarios eran afines a la causa revolucionaria. Con el tiempo, jóvenes de la zona y de otros municipios del departamento de Norte de Santander engrosaron las filas del Frente 33 hasta convertir a las Farc en la guerrilla más poderosa en la zona, por encima del Eln y del Epl.

 

Volver al pasado, ya no es una opción para ellos 

 

El 15 de marzo de 1999, Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), anunció en una entrevista concedida al diario El Tiempo que sus hombres se tomarían a sangre y fuego el Catatumbo. La vereda Caño Indio, en medio de la selva espesa, se convirtió en el escondite perfecto para los guerrilleros del Frente 33, quienes vieron cómo la guerra que propusieron los ‘paras’ los tomó por sorpresa y terminó por conducirlos a la retaguardia durante cinco años.

Jimmy Guerrero, cuyo nombre real es Erasmo Traslaviña Benavides, y quien fuera comandante del Frente 33, recordó el episodio en entrevista con el diario La Opinión hace un par de años: “Estando aquí en La Gabarra aparecieron los paramilitares en Tibú. El 29 de mayo de 1999 unos hombres que teníamos en Carboneras (Tibú) fueron los primeros que se enfrentaron con los ‘paras’. A mí me tocó arrancar con un personal que tenía acá en La Gabarra para reforzar a los muchachos que estaban allá. Emprendimos la confrontación con los paramilitares y nos venimos combatiendo desde Carboneras hasta ‘El Alto del Mirador’, donde se toma la vía para Caño Indio”.

El enfrentamiento al que se refiere Guerrero sucedió en El Alto del Mirador, y fue el último que las Farc sostuvieron con las Auc en Norte de Santander, antes de internarse en la espesura de Caño Indio, donde permanecieron cinco años, el mismo tiempo de terror que los ‘paras’ infligieron en esta zona del departamento.

De allí la importancia que esta vereda tenía para la guerrilla en el momento que se anunció que, tras la firma del Acuerdo de Paz, los ahora excombatientes debían concentrarse en Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Caño Indio recobró su relevancia estratégica.

En la misma medida en que Caño Indio y sus alrededores se convirtieron en el refugio del antiguo Frente 33 durante la guerra, en el posacuerdo el objetivo de los voceros de la extinta guerrilla era lograr, con la instalación de ese punto de concentración, una especie de reivindicación con las comunidades que allí habitan, y que por décadas han sido abandonadas por el Estado. Esa fue su pelea durante varios meses ante el Gobierno Nacional.

Fundada hace más de 30 años en medio de la selva del Catatumbo y después de la bonanza petrolera, con una extensión aproximada de 24 kilómetros cuadrados, en los que se reparten 52 casas de tabla y zinc, la vereda Caño Indio creyó encontrar en este momento histórico la oportunidad de tener, por lo menos, acceso a la luz y al agua, aunque fuera en pleno siglo XXI.

“Lo más importante para los habitantes de Caño Indio podría estar por venir”, fue la palabra empeñada por los delegados del Gobierno nacional que, por primera vez, llegaron a este recóndito lugar en agosto de 2016.

Y así lo asumieron también excombatientes como Loida Eunise Sierra, conocida como Karina Galván, una de las lideresas del ahora Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Ella recuerda que la decisión de que el paso de la guerrilla a la vida civil se diera en este punto de la geografía nortesantandereana “era también porque históricamente este fue un escenario de enfrentamientos duros y las comunidades sufrieron mucho. Era una forma de revertirles y devolverles todo lo que padecieron en medio de los enfrentamientos, pero ahora con inversión social”.

Pero los millonarios recursos de la paz, de los que tanto se ha hablado en los últimos dos años, a esta vereda han llegado a cuentagotas, y el modelo a seguir que pudo ser Caño Indio se ha quedado en una promesa inconclusa.

“Esto pudo ser una tacita de plata en el tema de inversiones para que irradiara y diera envidia de la buena, y a la gente del Catatumbo le provocara asumir el reto, sumarse al proceso y que se contagiara con todo esto, pero no fue así. Las expectativas de los recursos de la paz no llegaron. Confiamos en que el Gobierno que llega lo pueda hacer mejor”, reconoce hoy el alcalde de Tibú, Jesús Escalante.

Sustitución: un piloto que no ha florecido

El camino hasta Caño Indio fue difícil. A los problemas de seguridad denunciados por el último grupo que llegó a la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) desde Caño Tomás (Teorama -Norte de Santander-), y que lideraba el mismo ‘Jimmy Guerrero’, excomandante del extinto Frente 33, se sumaron las trabas que le puso el Gobierno Nacional al lugar por los cultivos de hoja de coca que allí proliferaban.

Cuando se escogieron las ZVTN, una de las principales condiciones era que en estos puntos no podía haber presencia de cultivos de uso ilícito, requisito que en Caño Indio no se cumplía, pues de estos dependían las 12 familias de la vereda.

Entre diciembre de 2016 y enero de 2017, la puja por lograr que allí se instalaran las Farc puso a la comunidad de la zona, a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y al Gobierno Nacional, en un ‘tire y afloje’ que solo se resolvió tres días antes de que venciera el plazo para que las Farc se concentraran en las zonas veredales del país.

El acuerdo lo firmaron Eduardo Díaz Uribe, de la Dirección de Atención Integral para la Lucha Contra las Drogas de Presidencia; Pastor Alape, de las Farc; los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas que comprenden el núcleo de Caño Indio (Chiquinquirá, Caño Indio, Palmeras Mirador y El Progreso 2), y Yonny Abril y Elizabeth Pachón por Ascamcat, comprendía, para el primer año:

$1.000.000 mensualmente

Como remuneración mensual por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito

$1.800.000 para sostenimiento

Para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, como cultivos de pancoger y cría de especies menores.

$9.000.000 para emprender

Por una sola vez para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.

A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional se comprometió a invertir por cada una de ellas hasta $10’000.000 en proyectos productivos, a través de la ARN; además, a crear una línea de crédito especial a través del Banco Agrario.

En el mismo acuerdo, también se prometió una asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de hasta $3.200.000 por familia. Además, las familias que estaban dentro del cuadrante de seguridad de la zona donde iban a permanecer los miembros de las Farc recibirían un aporte extra de $3.500.000 por sustituir inmediatamente los cultivos ilícitos.

Así las cosas, si el Gobierno Nacional hubiera logrado firmar el acuerdo con los primeros 12 núcleos familiares (que encontró antes de que terminara enero de 2017), la inversión inicial hubiera ascendido a $39.500.000 por familia, incluyendo el monto establecido para la sustitución inmediata de los cultivos ($3.500.000); en total, unos $474’000.000. Pero en cuestión de semanas llegaron 34 núcleos familiares más, atraídos por los dineros de la paz, y fue necesario desembolsar $1.817 millones, un incremento del 283%.

Pero, ¿esto sí fue así?

Según Willy Peña, excombatiente y encargado para Caño Indio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el Gobierno les ha incumplido y lo único cierto, al día de hoy, es que en esta zona de Tibú las familias arrancaron la hoja de coca y se quedaron esperando la plata del Estado.

“Tenemos mucha incertidumbre. En el PNIS, que yo acompaño en la zona y que las Farc, sin haber sido narcotraficante, apoyó, ha habido muchos incumplimientos y eso ha significado para nosotros un riesgo político porque tuvimos que entrar a chocar con la economía de los campesinos de la zona. El PNIS en Caño Indio es un fracaso. Las familias que le apostaron a ese programa, con un acuerdo estipulado de $39’500.000 para cada una de ellas, solo han recibido $1’000.000 mensual por haber arrancado la coca y, unas pocas, $1’800.000 para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria. Nada más. Eso ha sido todo lo que el gobierno ha entregado por acá”, aseguró.

Las cifras del Gobierno muestran otra cosa. La Alta Consejería para el Posconflicto asegura que las familias de Caño Indio recibieron seis pagos de $2’000.000, para un total de $12 millones en el 2017, por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata.

Adicionalmente, de las 191 familias que hoy componen el Plan de Sustitución en Caño Indio, 73 recibieron un pago único por $3’500.000. Posterior al giro de esos pagos, se entregaron bienes y servicios por valor de $1’800.000 bajo la estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

En conclusión, según documentos de la Alta Consejería para el Posconflicto, en Caño Indio se han entregado, desde 2017, $12’000.000 a las 191 familias y, a 73 de ellas, un único pago por $3’500.000.

Para el 2019, el Gobierno Nacional tiene pendiente la entrega, por familia, de $9’000.000 y 10’000.000 para proyectos productivos, y de $1’600.000 para asistencia técnica. Los pagos están retrasados un año, según la queja de Willy Peña.

Y si bien se podría pensar que ha habido un incumplimiento por parte del Gobierno, como lo señala Peña, el argumento de la Oficina del Alto Consejero para la Estabilización es que la seguridad de la zona ha retrasado su intervención. Es por esto que los pagos que debieron hacerse en el 2018, correspondientes al segundo año de lo pactado inicialmente, apenas van a empezar a hacerse en los próximos meses. 

De allí la molestia de Peña y de las familias que le apostaron al PNIS, pues, como también lo confirma el Gobierno Nacional a través de la ARN, solo una de ellas ha vuelto a sembrar coca, en un área de 0.25 hectáreas. Es decir, la mayoría cumplió arrancando la hoja de coca y con la promesa de no volverla a sembrar.

Atendiendo a las preguntas de esta investigación, la Alta Consejería para el Posconflicto aseguró que en Tibú el Gobierno Nacional tiene 2.625 familias en el PNIS, de las cuales 191 habitan en Caño Indio. En Tibú, las familias han desarrollado proyectos agrícolas con piña y palma de aceite, principalmente.

Entre 2017 y 2018, en Caño Indio se formularon proyectos para 188 de las 191 familias, distribuidos así: 47 para palma de aceite, 130 silvopastoril y 11 en diferentes líneas que incluyen cacao, maracuyá, piña y cerdos. Para estas familias el Gobierno Nacional tiene dispuestos $3.872 millones para el desarrollo de los proyectos, pero esos dineros aún no han sido entregados y se desconoce, actualmente, la ARN no tiene claro cuándo empezarán estos desembolsos.