Después de que en días pasados los campesinos del Catatumbo ocuparan la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, se informó que fue radicada una carta con 11.000 firmas en la Presidencia, exigiéndole a Juan Manuel Santos el cumplimiento de los compromisos que asumió para que se levantara el paro campesino en 2013.

Asimismo, se dirigió la misiva al mandatario de Norte de Santander, Édgar Díaz, pues “los compromisos que se adquirieron en la mesa por parte de la gobernación han sido deshonrados de manera permanente”.

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), dio a conocer que para consolidar dicho documento se visitaron 240 veredas de la región y se contó con el respaldo de más de 109 organizaciones, señalando los presuntos incumplimientos del gobierno para con el campesinado de la región.

Según afirma el texto, las reuniones efectuadas con el Gobierno nacional no han sido satisfactorias para la asociación.

Se dice por ejemplo, que el 27 de marzo la delegación de gobierno pidió tiempo para preparar respuestas contundentes a las exigencias, con lo que la sesión se pospuso hasta abril.

“Frente a esta solicitud aceptamos que se realizaran dos reuniones en mayo, la primera del 6 al 8 y la segunda del 20 al 22 de ese mes”, dice la carta. “Sin embargo, pese a más de 5 semanas de espera, no hubo ningún avance”.

Las peticiones

De acuerdo con lo expuesto, se pide al presidente tener en cuenta cuatro solicitudes. La primera, reconocer el carácter jurídico político y vinculante de la mesa en tanto que Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo, y que además esta sea convocada a una sesión extraordinaria de manera inmediata.

La segunda, es cumplir con los acuerdos de confianza firmados en la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo, entre los cuales se encuentran el compromiso de llevar infraestructura, salud, educación y oportunidades productivas al campesinado.

Un tercer punto tiene que ver con la constitución de la Zona de Reserva Campesina. Al respecto se manifiesta que esta no debe seguir obstaculizada “de manera ilegal” por un trámite administrativo al que, dicen, tienen derecho por Ley.

Finalmente, se insiste en que los delegados a la Mesa puedan tomar decisiones financieras sobre el Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC y se efectúen proyectos en el casco urbano de Tibú.