Aunque en los últimos 17 meses el Ejército y la Policía le han dado duros golpes a la cadena del narcotráfico en Norte de Santander, erradicando cultivos de uso ilícito, decomisando cargamentos de drogas, destruyendo laboratorios y capturando integrantes de esas redes, este negocio no para y por el contrario, ha aumentado a tal punto que tiene sitiado a Cúcuta.
Según las cifras oficiales, desde enero de 2020 hasta mayo de este año, en el departamento se incautaron 30,7 toneladas de cocaína y 11,4 toneladas de base de coca, así como han ubicado y destruido 874 laboratorios para producir esas drogas.
Pero estas acciones solo logran afectar menos del 8% de lo que este negocio ilícito produce cada año, dejando ganancias que, según las autoridades, alcanzarían los 30 billones de pesos.
El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de las Naciones Unidas, sostuvo en su análisis del año pasado, que el Catatumbo es la única zona del país que creció tanto en la siembra de coca como en la producción de clorhidrato de cocaína entre los años 2005-2019, estimándose que anualmente de esta región salen 223 toneladas del alcaloide.
Si se tiene en cuenta que, según el último reporte del Simci, Colombia produjo 1.220 tonedas, Norte de Santander aporta cerca del 20% de la cocaína que produce el país.
“En 2019 el aporte al potencial nacional de producción de cocaína del Catatumbo fue del 20%. Esta región concentra el 23% de las hectáreas productivas de coca del país”, reportó el Simci.
Precisamente, esas cifras llevaron a que el Gobierno le ordenara al Ejército aumentar los golpes contras esas estructuras del narcotráfico y adelantar una erradicación manual de cultivos de uso ilícito y, para tratar de detener la expansión y contralar que en Tibú no se siguieran creciendo las siembras, pues este municipio es el número uno de Colombia con más hectáreas de coca.
Y para llevar a cabo ese plan, el cual no se ejecutaba estrictamente desde 2013 cuando los campesinos hicieron un paro en el Catatumbo que se prolongó casi dos meses, destinaron cerca de 800 militares para adelantarlo, siendo distribuidos en varios grupos que se mueven por el cañón de Las Mercedes (Sardinata), Tibú y El Tarra.
“El año pasado fueron erradicadas 8.000 hectáreas y para este año esperamos erradicar cerca de 9.000. El trabajo lo estamos haciendo en los municipios con mayor cantidad de cultivos de uso ilícito, que es donde está la mayor inversión social del Gobierno Nacional, construyendo escuelas, carreteras, centros de salud y plantas de tratamiento de agua, entre otras obras”, aseguró el general Marcos Pinto Evangelista, comandante de la Segunda División del Ejército.
El oficial añadió que: “además esos cultivos han generado que sean zonas de disputa entre Los Pelusos, Eln, Disidencias y Grupos Armados Organizados. Entonces con nosotros ahí, le garantizamos a la población civil una tranquilidad. Nosotros tenemos unidades que están erradicando y otras que están prestando seguridad”.
Algunos tropiezos
Pese a ese plan gubernamental, que avanza lentamente, dejando hasta mayo 2.300 hectáreas erradicadas, las autoridades han visto que en esas zonas donde los militares ya arrancaron las matas, se está dando una resiembra de coca.
“Nosotros antes de hacer la erradicación, mandamos a tomar unas fotografías aéreas de las zonas, analizamos los sitios donde hay más cultivos de coca, para luego enviar a nuestros hombres. Días después volvemos a sacar imágenes y vemos que el 25% de esos lugares presenta una resiembra”, explicó el alto mando militar.
El comandante de la Segunda División del Ejército también indicó que para evitar eso, están acompañando a organismos internacionales que ofrecen proyectos productivos para los labriegos, “pues desde que haya legalidad se da un cambio sustancial a esa problemática que hoy se vive en esta región y lo que queremos es que los campesinos tenga la oportunidad de tener cultivos lícitos, que les dé para su diario vivir y que los grupos ilegales no se aprovechen de ellos”.
Otro de los inconvenientes que tienen las autoridades para frenar la producción de drogas, es que carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa ya tienen un gran control en los cultivos de coca y de la producción de cocaína en el Catatumbo.
“Ellos han comprado fincas cocaleras y montan los laboratorios más sofisticados. Como tienen dinero y le pagan a grupos como el Eln, disidencia del frente 33 de las Farc y Los Pelusos, además de hacer tratos con los Gaitanistas y Los Rastrojos, tienen montado un imperio, que nadie es capaz de acabarlo”, señaló un fuente de la zona del Catatumbo.
Pese a la información entregada por algunas personas que viven en esas zonas cocaleras, las autoridades se mantienen en asegurar que en esa región de Norte de Santander los grandes carteles son el Eln, la disidencia, Los Pelusos, Clan del Golfo y Los Rastrojos, y que los mexicanos llegan es a comprarles la droga a ellos para sacarla por Venezuela y de ahí van a Estados Unidos y Europa.
“Sabemos que estos grupos armados ilegales están obligando a la población a sembrar entre una y tres hectáreas de coca y a que salga a protestar, pues quieren mantener la producción de cocaína, por eso nosotros no vamos a parar en la erradicación”, manifestó el general Marcos Pinto.
Este negocio ilícito es tan rentable, que ya no solo se concentra en los 11 municipios que conforman el Catatumbo, sino que se expandió hasta llegar a la zona rural de Cúcuta y El Zulia, como ha quedado en evidencia desde el año pasado, pues en esos puntos es donde se viene dando una guerra a muerte entre los Gaitanistas (que sería el mismo Clan del Golfo) y un pequeño reducto de Los Rastrojos y el Eln.
Una clara evidencia de eso es que, a menos de una hora de la capital nortesantandereana, hay alrededor de 700 hectáreas sembradas con hoja de coca, según lo informado por las autoridades. Los cultivos están en las zonas rurales de Cúcuta y El Zulia.
Los campesinos de estos sitios, al igual que los del Catatumbo, aseguran que se vieron obligados a sembrar coca porque es lo único que les ayuda a tener un ingreso económico para mantener a sus familias.
“Nosotros acá sembramos palma (de cera), pero mientras que eso nos comienza a dar frutos, que es más o menos en dos años, nos toca sembrar coca, así logramos tener con qué comer y para mantener esa palma, porque si no estaríamos pidiendo plata en la calle”, señaló un campesino de la zona rural de Cúcuta, que pidió no revelar su identidad.
El labriego deja claro que la coca tampoco es que les deja las ganancias esperadas, “porque si de verdad nos diera plata, créame que sería un ‘ricachón’, acá el que más gana es el narcotraficante que procesa la hoja y saca la droga, nosotros cultivamos es por necesidad”.
Según los campesinos, para sembrar una hectárea de coca deben invertir entre $5 y $7 millones y dentro de tres o cuatro meses pueden hacer la primera raspa, luego de eso, cada dos meses la mata esta lista para seguir arrancándole las hojas “y solo hasta la tercera raspada es que podemos ver que recuperamos la inversión”.
“Acá se gana un poco vendiendo la raspa, pero si quiere tener más ganancias se debe procesar la base de coca para venderla a los señores que vienen buscándola, que el kilo está entre $2.600.000 y $2.800.000. Nosotros a la hora de la verdad somos los que menos ganamos y los que más nos arriesgamos, pues cuando el Ejército o la Policía vienen, nos quieren meter a la cárcel y acabar con lo poquito que tenemos, mientras que esos grandes ‘narcos’ viven como reyes y no les pasa nada”, afirmó otro campesino. (Ver video: ‘Cultivos de uso ilícito y coca, el negocio que sitió a Cúcuta’)
De este negocio ilícito también hay otras personas que se benefician, pues logran encontrar una oportunidad para conseguir su sustento diario y son quienes se encargan de arrancar las hojas de coca, conocidos como raspachínes.
‘Chuky’ es uno de esos raspachínes que lleva dos años laborando en la zona. Él tiene 19 años y casi todos los días madruga a las 5:00 de la mañana para ir a los cultivos que están a casi una hora de su casa.
“Desde las 7:00 hasta las 11:00 de la mañana, raspamos, luego llevamos lo que sacamos a un cambuche (laboratorio artesanal) y pesamos, con eso ya sabemos cuánto nos hemos ganado. Diariamente podemos hacer como 40 mil pesos, todo depende de la agilidad. Eso si, nosotros no sabemos qué pasa luego de que entregamos la raspa, solo nos dedicamos a esto”, explicó el raspachín. (Ver video: ‘La Raspa, un oficio que atrae a muchos’)
Este joven manifestó que le tocó dedicarse a ser raspachín porque no encontró más opciones. “Estuve buscando empleo, pero para nosotros los campesinos es muy difícil, por eso es que hay muchas personas que llegan a ser raspachínes para tener dinero para sus sustento diario”.
Cuando termina la jornada de estas personas que raspan los cultivos de coca, arranca la tarea de aquellos campesinos que decidieron montar los cambuches o laboratorios artesanales para procesar todo y sacar la pasta base de coca.
Luego de recibir la hoja raspada, los cocaleros comienzan a transformarla y después de aplicarle una gran cantidad de químicos, logran sacar la base de coca, la cual es vendida a los grupos armados ilegales o los ‘narcos’ para que la conviertan en cocaína pura. (Ver video: ‘Procesamiento’)
Y precisamente, el Simci señaló en el informe del año pasado, que esta expansión de las siembras de coca y el fenómeno migratorio desde Venezuela “ha generado dinámicas en las zonas de frontera (incluso en la frontera sur con Ecuador), con las que las organizaciones criminales se han beneficiado de las condiciones de los migrantes para emplear su mano de obra en las labores relacionadas con el cultivo y la cosecha de la hoja de coca”.
El estudio que hicieron las Naciones Unidas también explicó que desde 2015 en Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, hay un nuevo escenario, “en el que solamente el 27% los cultivadores venden la hoja de coca, mientras que el 73% restante, se dedica a procesar y vender pasta base de coca”.
Por ahora se espera el resultado del estudio más reciente de Naciones Unidas, que saldrá en los próximos días.
Una ruta muy peleada
Y la expansión de los cultivos de uso ilícito, que llegó a las zonas rurales de Cúcuta y El Zulia, tienen una explicación: desde hace años, por estos sectores funciona una ruta del narcotráfico que representa enormes ingresos económicos, que primero fue dominada por las extintas Auc, luego por Las Águilas Negras, hasta que llegaron Los Rastrojos y por más de una década se apoderaron de ella, pero hace dos años el Eln inició una guerra contra ellos y después de casi acabar con esa banda criminal, entraron los Gaitanistas a la disputa.
“Las siembras de coca que hoy se dan en estos puntos es porque están muy cerca de la frontera con Venezuela y, además, hay una ruta que no tiene mucha vigilancia por parte de las mismas autoridades. Eso es lo que ha llevado a que se dé esa pelea entre Gaitanistas, Los Pelusos y el Eln. Es mucho dinero lo que está en juego”, sostuvo una fuente judicial.
Agregó: “se tiene conocimiento que cada uno de los grupos reúne a los campesinos de esas zonas y les dice cuánto les van a pagar por arroba de la hoja o la base de coca, así que es que comenzaron a dominar ese territorio y quien se rehúsa a seguir sus órdenes lo desplazan o lo asesinan”.
Pero las autoridades también han comenzado a ver que al otro lado de la frontera, en territorio venezolano, estos grupos armados ilegales estarían montando laboratorios, porque así evitarían los controles que están haciendo la Policía y el Ejército en territorio colombiano.
Por eso, una fuente judicial explicó que, “estamos luchando contra toda la cadena del narcotráfico, esto no es solo erradicar, sino que debemos golpear a esos carteles o grupos ilegales que han llevado al campesino a sembrar la hoja de coca, porque los narcotraficantes son los que más ganan y afectan el agro. Y es por eso que el Gobierno Nacional también ha querido hacer una inversión social alta para beneficiar a los campesinos”.
Y finalmente, toda esa producción que hoy se viene dando entre el Catatumbo y las zonas rurales de Cúcuta y El Zulia, va a parar a diferentes países de Europa o Estados Unidos, dejando esas grandes ganancias, por ejemplo, un kilo puesto en Suecia puede llegar a valer 100 mil dólares, mientras que en España pagan hasta 60 mil dólares y así va variando el precio.
Las protestas
Ante esta radiografía, es que las autoridades entienden el por qué hoy se están dando las protestas campesinas en Norte de Santander. “Uno entiende que los cultivadores pelean porque no tienen dinero, pero el Gobierno les está ofreciendo proyectos productivos e inversión social en las zonas y no los aprovechan”, señaló una fuente militar.
Durante más de un mes, las vías que comunican a Tibú, Sardinata, Ocaña y Costa Atlántica se ha sostenido un bloqueado por cientos de labriegos que reclaman sus derechos y que se oponen a la aspersión aérea con glifosato y la erradicación manual, pues aseguran que de eso seguir van a quedar más pobres de lo que están.
El general Marcos Pinto explicó que, “nuestros hombres, antes de ser llevados a las zonas de la erradicación, reciben una preparación en derechos humanos, por eso es que cuando se presentan las protestas de los campesinos nosotros no los confrontamos, simplemente los escuchamos. Nosotros estamos para proteger a la población civil. Cuando pasa algo, lo que hacemos es grabar todo en video y poner las denuncias ante la Fiscalía, hasta marzo iban puestas 17 querellas”.
El alto mando militar también advirtió que la erradicación manual no va a parar y que poco a poco se va a extender por diferentes puntos del Catatumbo, pues su misión es bajar la siembra de coca, porque, según el Simci, en esta región de Norte de Santander hay 40 mil hectáreas con cultivos de uso ilícito.
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