En su informe “Situación de la población migrante en el Tapón Darién y en Cúcuta” la Procuraduría General de la Nación reveló que en estas fronteras persisten las violaciones de derechos humanos de estas personas, en particular con problemáticas como microtráfico, trata de personas, xenofobia, explotación sexual y laboral. 

En el documento se mencionan otras situaciones que siguen latentes como la explotación laboral de menores de edad y el abandono estatal que afecta de manera particular a los conocidos “caminantes”, unos 2.7 millones de personas que aunque proceden de países como Haití, Cuba y Afganistán, son en su mayoría venezolanos. 

En el informe sostienen que en promedio, unos 23.000 venezolanos cruzan a diario por los pasos fronterizos en Norte de Santander, una cifra que corresponde a los datos arrojados por Migración Colombia para septiembre del 2022.

Aunque algunos de estos ciudadanos que ingresan a Colombia lo hacen de manera pendular, bien sea por estudio o para trabajar para luego retornar, se mantiene el éxodo de ciudadanos extranjeros que llegan al país en busca de mejores oportunidades de vida o hacen tránsito para ir hacia otros países. “Cerca de 25% se encuentra en situación migratoria irregular”, alerta la Procuraduría.

En sus consideraciones, el Ministerio Público ve con preocupación que a pocos días después de la reapertura comercial de la frontera, se haya evidenciado la clausura inminente del Centro de Atención Sanitario Transitorio (CAS) ubicado en Los Patios, un espacio que atendía al menos 200 caminantes diariamente.

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Señalan que en este espacio que estaba bajo la coordinación de la Secretaría Departamental de Fronteras, se ofrecía alojamiento durante 72 horas a los caminantes, a quienes ademán les ofrecían alimentación, atención psicosocial, en salud, asesoría legal frente a su situación migratoria y transporte humanitario.

“El CAS se había consolidado como una solución efectiva a problemáticas como explotación laboral, trata de menores de edad, xenofobia esclavitud sexual, entre otras, que persisten en la zona”, señala el Ministerio Público.

La Procuradora Margarita Cabello denunció públicamente la situación y convocó a la institucionalidad para mantener el centro en funcionamiento o, de no ser posible, mitigar el impacto causado por su cierre. 

Observan con preocupación que en este momento el centro esté siendo desmontado definitivamente.  “Los planes de contingencia tampoco se pusieron en marcha y la atención a los caminantes solo se presenta de manera parcial, en lugares administrados por privados con apoyo de la cooperación internacional”, sostienen. 

Se terminaron los recursos

Víctor Bautista, secretario de Fronteras Departamental, al ser consultado acerca del cierre del Centro de Atención Sanitario Transitorio (CAS) de Los Patios, indicó que éste formaba parte de un programa de gobierno del presidente Iván Duque que se ejecutó con recursos del Ministerio de Interior y la Unidad de Gestión del Riesgo.

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Aunque también se brindó apoyo desde la Gobernación de Norte de Santander y a través de la Cooperación Internacional, el predio donde funcionaba fue arrendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). 

“La cooperación internacional anunció que los recursos se habían agotado y que se daba por terminado el contrato de arrendamiento, entonces nos quedamos sin el predio”, explicó.

No ha cesado

Para Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el movimiento migratorio de Venezuela hacia Colombia no se ha detenido y, contrario a lo que se pretende mostrar en la actual política de gobierno, ha venido en aumento.

Rodríguez indicó que a pesar de que exista en este momento un proceso de integración migratoria que ha permitido regularizar a una parte de esa población, no se ha superado la atención humanitaria, esto quiere decir, que no se ha atendido al total, mientras siguen llegando personas en condición de vulnerabilidad.

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El experto en temas migratorios también considera que bajo esa política de integración se ha vendido la idea de que ya se estabilizó la situación migratoria y en consecuencia, desde octubre pasado se han levantado los puntos de atención de ayuda a estas poblaciones.  

Indicó que esta vulnerabilidad está siendo aprovechada por sectores criminales para desarrollar dinámicas de explotación y trata de personas. 

Ante la magnitud de los hallazgos en la región fronteriza, tanto en Norte de Santander como en la ruta al Tapón del Darién, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos emitió 48 recomendaciones a 12 entidades del orden nacional, departamental y municipal. Su cumplimiento será verificado en próximas visitas a esas jurisdicciones, informó.

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