Los reflectores de la Corte Suprema de Justicia siguen puestos sobre las actuaciones del representante a la Cámara por el Partido de la U, Wilmer Carrillo Mendoza, quien cumple su tercer periodo en el Congreso de la República.
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Apenas mes y medio después de que el alto tribunal profiriera resolución de acusación en su contra, por hechos que se dieron durante su desempeño como secretario de Infraestructura de Norte de Santander, al dirigente le abrieron una nueva investigación.
Según se informó ayer, la Sala de Instrucción de la Corte intenta esta vez determinar si el político nortesantandereano incurrió en un presunto tráfico de influencias, interés indebido en contratos y peculado, “en proceso por supuestas irregularidades en contratos de hospital de Norte de Santander, entre 2016-2017”.
Si bien la corporación no entregó mayores detalles sobre este nuevo llamado a indagatoria que le hace a Carrillo Mendoza, es ampliamente conocido que desde 2018 la Fiscalía General de la Nación le pidió al alto tribunal investigar al representante por posibles casos de corrupción que comprometen recursos del sector de la salud y la ética de servidores públicos.
Los hechos guardan relación con las investigaciones adelantadas por las presuntas anomalías detectadas en la celebración de ocho contratos para el suministro de combustible de las ambulancias y vehículos de la ESE Hospital de Ábrego, así como el contrato para el desarrollo de la obra civil No. 053 entre los años 2016 y 2017.
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En su momento, el ente acusador señaló que tenía el material probatorio para demostrar que el congresista del Partido de la U “le habría pedido al gerente de la ESE Hospital de Ábrego, cien millones de pesos, los cuales fueron entregados en dos pagos de cincuenta millones de pesos, dinero que nunca le devolvió”.
“Asimismo, los investigadores encontraron que Carrillo Mendoza, presuntamente, cobraba coimas del 10% y 20% de los contratos aprobados por la ESE. También tendría injerencia para distribuir la planta de personal e incluso habría modificado el manual de funciones para que la subgerencia de la entidad fuera asignada a una de las cuñadas de su esposa”, informó la Fiscalía en un comunicado en agosto de 2018.
En el marco de esta investigación, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a seis personas, entre los que figuraban el representante legal de la ESE, dos exgerentes y dos contratistas, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento.
El proceso se inició a partir de un informe de la Contraloría General de la República en el que se advertía que el manejo irregular de dichos contratos podría derivar en un detrimento patrimonial de más de $3.000 millones.
En el llamado a indagatoria que le acaba de hacer la Corte Suprema, el congresista nortesantandereano deberá entregar su versión sobre los hechos por los cuales lo investigan.