El contralor municipal, Oscar Sandoval, sigue dando la pelea porque la Resolución 088 que expidió a finales de agosto exigiendo la suspensión del alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, no pierda vigencia.
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La suerte de esa decisión quedó hace unos días en manos de la Contraloría General de la República, luego de que el ente de control fiscal decretara la intervención funcional excepcional y trasladara a Bogotá los cinco procesos por los que se investiga al gobernante local. Después, un juez de tutela ordenó también mantener congelada la suspensión hasta tanto se determine si la dejan en firme o la echan para atrás.
No conforme con lo que se resolvió, Sandoval pidió revocar “en su integridad” el fallo de tutela que amparó, parcialmente, los derechos de Yáñez Rodríguez, y que en consecuencia se disponga continuar con la medida provisional que deja fuera del cargo al mandatario, mientras termina la investigación en su contra.
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“Sobre esta respetuosa solicitud, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional (Sentencia T-157, 1993) consideró que no es procedente la acción de tutela contra la orden de suspensión provisional de un funcionario proferida por la Contraloría General de la República, al indicar que con dicha decisión no se configura un perjuicio o daño irremediable”, sustentó el titular del órgano de control municipal.
En la impugnación, el funcionario hace varios reproches a la decisión adoptada por el juez Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías e insiste en que si bien el alcalde de Cúcuta pidió que sus procesos fueran enviados a Bogotá, por las dudas que tenía sobre la imparcialidad de la Contraloría Territorial, esa intervención solo recae sobre los procesos de responsabilidad fiscal y no sobre la Resolución 088, que exige la suspensión.
Y dice que es por esa razón que el contralor general “en el momento de descorrer el traslado de la tutela, no cuestiona ni tímidamente la competencia del despacho como bien lo manifiesta el señor juez, ya que son conocedores de que el principio de verdad sabida y buena fe guardada se aplica por el señor contralor general de la Nación, así como por los contralores territoriales, como un decisión personal y tomada con responsabilidad propia, en razón de sus más íntimas convicciones”.
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Oscar Sandoval cuestiona, igualmente, lo dicho por el juez en el sentido de que al no darle un plazo determinado a la suspensión del mandatario local se está incurriendo en una vulneración al debido proceso y a las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues, en su criterio, la medida provisional que él adoptó no representa en ningún momento una separación definitiva del cargo.
“Es preciso reiterar nuevamente que para que adquiriera tal connotación que sugiere el a quo (juez de primera instancia) tendría que obedecer a una sanción, sin embargo, tal y como se ha explicado, su naturaleza es preventiva y no sancionatoria”, dice el contralor.
En ese mismo sentido, Sandoval tampoco está de acuerdo con que el juez le haya solicitado a la Contraloría General que, de mantener la medida de suspensión a Jairo Yáñez, expida previamente una resolución administrativa de aclaración, adición, o complementación incluyendo en ella un tiempo determinado para la misma, porque reitera que no fue el contralor general quien profirió la Resolución 088.
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La Opinión conoció que además de la impugnación de la tutela, el contralor municipal también le remitió recientemente un oficio al nuevo contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pidiendo revocar el acto administrativo que aceptó el traslado de los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en contra del gobernante, por un presunto detrimento patrimonial de $6.221 millones, tras considerar que este no se ajusta a la norma.
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