La salida de Claudia Cecilia Uribe Rangel de la dirección de Comfanorte, en febrero de 2021, significó no solo el fin de una era en esa caja de compensación familiar, sino que trajo consigo un revolcón al interior de la entidad que le ha costado unos buenos millones.
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Desde la designación de Bernardo Alonso Wilches como nuevo director, dentro del proceso de intervención ordenado el año pasado por la Superintendencia de Subsidio Familiar, y la elección en propiedad, hace apenas unos meses, de Oscar Gerardino Astier, son varios los funcionarios que han sido removidos de sus cargos, como parte del reacomodo de fichas que se viene dando en la Caja, lo cual se ha traducido en costosas indemnizaciones.
La Opinión conoció que en septiembre de 2021, y entre febrero y agosto de este año fueron retirados cinco trabajadores de Comfanorte que completaban de 10 a 25 años de labores allí, y por los cuales se han tenido que pagar compensaciones que suman unos $358 millones. Entre ellos figuran María Andrea Torrado, de gestión social; Javier Torres, responsable de ventas; Eliana Pérez, encargada de gestión humana; Angélica Nieto, responsable de subsidio, y Yully Parada, la secretaria general, el segundo cargo en importancia de esa entidad después de la dirección y que hasta hace unas semanas se ocupaba también del área jurídica.
La salida de esta última fue la que encendió las alertas de algunos sectores que no ven con buenos ojos que los recursos del subsidio familiar se destinen para el pago de despidos, pues en este caso el costo de su indemnización estuvo por el orden de los $180 millones, teniendo en cuenta que Parada se encontraba vinculada desde hace 25 años a la Caja de Compensación. En 2017 había asumido la secretaría general.
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Según se conoció, su retiro fue aprobado a finales de agosto por nueve de los diez integrantes del Consejo Directivo, luego de que el director de la entidad argumentara razones de confianza para no mantenerla en el cargo, dada la importancia del mismo. La petición no recibió reparo alguno por parte de quienes la avalaron y, por el contrario, de inmediato fue elegido Juan Carlos Álvarez como su reemplazo.
Carlos David Martínez, representante de los trabajadores y presidente del Consejo, se refirió a la decisión que tomaron y dijo que entre las funciones del cuadro directivo está la de designar y remover libremente al director administrativo y al secretario general.
Insistió en que la saliente secretaria ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción desde hace varios años y que no tenía fuero sindical que comprometiera su continuidad en la Caja.
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“Ese es un puesto de confianza y manejo, y por esa razón no tenía fuero. Tanto en los Estatutos como en el reglamento interno del Consejo Directivo está claro que podíamos hacer esa remoción, a eso nos apegamos”, aseguró.
No obstante, personas que conocen de cerca el funcionamiento de Comfanorte señalan que por tratarse de una entidad que funciona bajo el derecho privado, no es preciso hablar de cargos de libre nombramiento y remoción, sino de contratos a término indefinido y esa era la figura bajo la cual estaba vinculada Yully Parada.
El único que no avaló la salida de la secretaria fue Juan Francisco Yáñez Delgado, quien dijo que se abstuvo de votar porque considera que esa remoción fue irregular, así como el nombramiento del nuevo secretario.
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“Eso va en contravía de los procesos de la Caja. Considero que estas actuaciones terminan costando mucho dinero de los empresarios, pues son los que terminan pagando en demandas e indemnizaciones recursos que podrían utilizarse en programas para beneficio de los afiliados. Toda esta situación me parece irregular y ha sido una constante desde que me posesioné. Pondré en conocimiento de la Superintendencia lo que considero irregular”, dijo el consejero.
‘La decisión no tiene impacto en la Caja’
El director administrativo de Comfanorte, Oscar Gerardino, se pronunció sobre la remoción de la secretaria general y su costosa indemnización, y señaló que la desvinculación de quien ocupaba ese cargo corresponde a una “decisión administrativa discrecional”, que no impacta financieramente a la Caja, ni afecta los servicios prestados a los afiliados.
“El nuevo Consejo Directivo, como órgano de la alta dirección de la corporación que empezó funciones el 7 de junio de 2022, después de un proceso de intervención de diecisiete meses por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en ejercicio de sus funciones designó al secretario general, cargo que tiene la naturaleza de ser de dirección, administración y confianza, encargado de asistir la gestión tanto del Consejo Directivo como del director de la entidad”, explicó Gerardino.
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Agregó que la decisión que se adoptó de cambiar a la secretaria general fue para “fortalecer la gestión de la alta dirección de la corporación, en procura de armonizar las relaciones entre el Consejo Directivo y la Dirección Administrativa, de forma tal que impacte de manera positiva en la prestación de los servicios y beneficios dados a los afiliados y sus familias”.
Extrabajadora le gana pleito a la Caja
Si bien tanto el Consejo Directivo como el director de Comfanorte insisten en que algunos de los despidos que se han dado en la Caja de Compensación hacen parte de la dinámica propia de la corporación y que están avalados por los Estatutos, un fallo judicial proferido la semana pasada despertó la inquietud, por las implicaciones económicas que puedan acarrear dichas salidas.
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Y es que en segunda instancia, el Tribunal Superior de Cúcuta condenó a Comfanorte por el despido de María Andrea Torrado Serrano, ocurrido en septiembre de 2021, y ordenó reintegrarla al cargo de responsable de gestión social que desempeñaba o a uno de igual o mejor categoría, al determinar que la exfuncionaria gozaba de fuero sindical y la entidad debía contar con autorización judicial para proceder con su retiro.
“(…) como el día 21 de septiembre de 2021 materializó la terminación unilateral sin justa causa, sin solicitar el levantamiento del fuero que tenía la actora hasta el 21 de diciembre de 2021, esta actuación deviene en ineficaz y se dispondrá el reintegro de la accionante”, dice la sentencia.
En consecuencia, el Tribunal le ordena a la Caja de Compensación Familiar que deberá reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales, legales y extralegales que dejó de percibir Torrado Serrano desde el 22 de septiembre de 2021 a la fecha.
Teniendo en cuenta este precedente, hay quienes temen que se puedan presentar nuevas demandas, si se tiene en cuenta, además, que algunos de los trabajadores despedidos, al parecer, también tenían fuero sindical, al igual que en el caso de María Andrea Torrado, quien era secretaria de organización del Comité Ejecutivo de la Federación CGT- Norte de Santander, como representante del sindicato USTC Comfanorte.
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