El Parlamento español aprobó el miércoles una ley insignia del gobierno de izquierdas para resarcir a las víctimas del franquismo, que prevé la exhumación de fosas comunes, la anulación de condenas y el fin del "silenciamiento" de los perdedores de la Guerra Civil.

Tras llegar al poder en 2018, el presidente socialista del gobierno, Pedro Sánchez, hizo de la rehabilitación de las víctimas de este conflicto (1936-1939) -a menudo calificado como preludio de la Segunda Guerra Mundial- y de la dictadura instaurada por su vencedor, el general Francisco Franco, hasta su muerte en 1975, una de sus principales prioridades. 

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"Los socialistas siempre hemos apostado por afianzar nuestra democracia y hoy damos un paso más por la justicia, la reparación y la dignidad para todas las víctimas", valoró Sánchez tras la aprobación, en un mensaje en Twitter.

"La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos", afirma el preambulo de este texto que fue adoptado por 128 votos contra 113 y 18 abstenciones en el Senado, tras la aprobación en primera lectura en el Congreso de los Diputados a mediados de julio.

Pero esta ley no suscita unanimidad en un país donde las heridas del pasado no han cicatrizado y donde la derecha, que ha prometido derogarla si vuelve al poder el año que viene, acusa a la izquierda de reavivarlas.

Más de 100.000 desaparecidos 

Con la adopción de esta ley, la búsqueda de las víctimas desaparecidas de la Guerra Civil y la dictadura se convertirá por primera vez en una "responsabilidad del Estado", que financiará directamente las excavaciones y exhumaciones. 

Se creará un banco de ADN de las víctimas para facilitar su identificación, y se elaborará un mapa de todas las fosas comunes del país.

"El Estado tiene que exhumar los cuerpos de las víctimas de la dictadura franquista (...) Hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos en España", es decir, personas cuyo destino fue deliberadamente ocultado, dijo Pedro Sánchez en julio a los diputados. 

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"Somos, después de Camboya, el país del mundo con más desaparecidos", añadió, mencionando al país asiático que sufrió las atrocidades de los jemeres rojos. 

Los desaparecidos de la Guerra Civil son mayoritariamente republicanos, ya que el régimen franquista exhumó de las fosas comunes a numerosas víctimas de su bando para darles sepultura.

Hasta ahora, la búsqueda de los cuerpos de los familiares de las víctimas corría a cargo principalmente de asociaciones, como muestra Pedro Almodóvar en su última película "Madres paralelas", y de las regiones, algo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticó en un informe, lamentando "la indiferencia" de las instituciones estatales.

El predecesor de Sánchez, último presidente del gobierno del PP, Mariano Rajoy (2011-2018), presumió de no haber gastado ni un solo euro de dinero público en la aplicación de una primera ley de "memoria histórica", aprobada en 2007 bajo un gobierno socialista anterior y destinada a reconocer a las víctimas del franquismo.

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Anulación de las condenas sumarias 

Además de la búsqueda de los desaparecidos, la ley aprobada el miércoles prevé la anulación de las sentencias sumarias dictadas por la justicia franquista y reconoce por primera vez a los "bebés robados" a sus familias por el régimen como víctimas del franquismo. 

También se creará una fiscalía dedicada a investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura, porque hasta ahora la Ley de Amnistía de 1977 impedía cualquier persecución en nombre de la transición a la democracia. 

Sin embargo, la Asociación Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) consideró que no va lo suficientemente lejos.

La ley "perpetúa la impunidad para los franquistas" porque deja en vigor la ley de amnistía, "no va a juzgar a nadie", ni tampoco "va a indemnizar a las familias de los desaparecidos", afirmó la ARMH en un comunicado.

La ley es el segundo gran paso en el trabajo de Sánchez sobre el tema de la Guerra Civil y la dictadura tras la exhumación en 2019 de Franco de su mausoleo monumental cerca de Madrid.

Tras meses de batalla legal entre el ejecutivo y los descendientes, los restos del "Caudillo" fueron trasladados a un cementerio más discreto en el norte de Madrid para que su mausoleo en el "Valle de los Caídos" dejara de ser un lugar de encumbración del franquismo.

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