Cuando los profesores cucuteños Marlon Ibáñez y Milena Puello se enteraron por los medios de comunicación que en Colombia habían 1.225 niños migrantes venezolanos en centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y que por diferentes circunstancias perdieron contacto con sus padres o familiares más cercanos, consideraron la posibilidad de buscar en adopción a uno de esos menores.
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Los docentes, que llevan 15 años de casados, se conmovieron con los relatos de varios niños que desde el interior de Venezuela llegaron hasta la frontera, entre Norte de Santander y Táchira, en algunos casos, solos, y en otros en compañía de alguno de sus padres, un familiar o sus hermanos mayores.
“Al escuchar todas las penurias y situaciones dramáticas que sufren pensamos en la adopción, pero al indagar con funcionarios del ICBF nos enteramos que estábamos muy lejos de la realidad y desconocíamos las normas internacionales que hay sobre el particular”, confesaron los educadores.
Lo que la pareja desconocía es que la declaratoria de adoptabilidad a menores de edad migrantes no es una medida aplicable a la población extranjera, conforme lo han establecido instancias internacionales como La Conferencia de La Haya en el 2014, el Comité de los Derechos del Niño, Acnur, y Unicef (en una nota explicativa solicitada por el ICBF).
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Al respecto, se ha indicado que los niños migrantes y refugiados en un contexto de emergencia no pueden ser dados en adopción, dado que la mayoría de los niños no acompañados no son huérfanos en todos los casos, lo que requieren es un cuidado provisional adecuado con miras a la posible reunificación con sus familias y no la adopción.
Al aclarar sus dudas, los profesores entendieron la situación de los 1.125 menores extranjeros que hay en el país bajo esas circunstancias y aunque declinaron de su idea de adopción ayudan, a través de una ONG, a varias familias venezolanas que sin dinero llegaron hasta Norte de Santander, con sus niños, buscando un mejor futuro.
¿Y cómo llegan los niños al ICBF?
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, el ICBF tiene en cuenta las afectaciones particulares asociadas al fenómeno de la migración, como situaciones derivadas de traumas o duelo migratorio.
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A través de un cuestionario respondido a La Opinión, personal del ICBF en Bogotá indicó que la población referida no corresponde únicamente a situaciones de abandono, en relación con los niños, niñas y adolescentes migrantes que están expuestos a múltiples situaciones que amenazan o vulneran los derechos de los llamados menores de edad migrantes no acompañados.
Atendiendo el interés superior y prevalencia de derechos las autoridades administrativas en todos los casos adelantan acciones para ubicar y contactar a las redes familiares y vinculares de los menores de edad.
“En ese sentido, es importante resaltar que, al momento del reporte de la información, 3.473 niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos se encontraban en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos -PARD- por situaciones de vulneración, la mayoría de ellos (2.248) fueron ubicados con sus familias o redes vinculares”, respondió el ICBF.
Sin embargo, en 1.225 procesos se han identificado barreras para ubicar a los menores de edad con sus familias, lo cual puede estar ocasionado por ausencia de redes familiares garantes de derechos, o dificultades en la ubicación y contacto con sus familiares.
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Los responsables de la atención revelaron que se ha logrado identificar a través del Sistema de Información Misional (SIM), que los mayores motivos de ingreso de los niños migrantes al PARD son: omisión o negligencia, seguido de violencia sexual y falta absoluta o temporal de responsables.
Precisamente, el pasado 14 de julio estuvo en Villa del Rosario la directora nacional del ICBF, Lina María Arbeláez, para dar a conocer el programa ‘Me conoces Venezuela’ con el que con el que se brinda ayuda a los menores de edad migrantes que están arribando a Colombia sin un acompañante.
“En la actualidad, aproximadamente 1.200 menores de nacionalidad venezolana viven en nuestro país sin sus respectivos padres o demás seres queridos. Se busca ubicar a sus familias que viven en territorio venezolano; tan pronto se logra corroborar quienes son, se realiza la prueba de maternidad o paternidad y se realiza el proceso de retorno a su país”, dijo.
¿Qué tipo de atención reciben los niños?
Los menores, migrantes, de los que en Norte de Santander se encuentran 149 en seis centros zonales de Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Tibú (ver gráficos) cuentan con una autoridad administrativa a cargo del caso, quien en articulación con el equipo técnico interdisciplinario y las cuidadoras y cuidadores se encargan de garantizar su bienestar y protección integral.
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Según lo respondido por el ICBF, de manera exclusiva para La Opinión, es importante señalar que en el sistema de protección en que se encuentran los menores se busca garantizan todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la etapa de desarrollo y ciclo de vida en el que se encuentren hasta que se genere su egreso, garantizando el libre desarrollo, cuidado y protección en términos de identidad, salud, educación, cultura, deporte, entre otros.
“Para el caso de los niños, niñas y adolescentes venezolanos que no tienen una familia garante de derechos, son atendidos a través de modalidades de acogimiento residencial como los internados u hogares sustitutos, con base en el modelo de atención para el restablecimiento de derechos, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, con sus necesidades y afectaciones específicas, buscando promover su desarrollo integral”, revelaron los funcionarios.
Buscan la nacionalidad
Para garantizar la atención a futuro de los menores venezolanos, El Gobierno Nacional radicó con mensaje de urgencia un proyecto de ley que busca la adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción a menores de edad migrantes bajo protección del Estado.
La iniciativa, que cuenta con la firma de todos los ministros, fue radicada en el Congreso de la República por el ministro del Interior, Daniel Palacios; la jefe de Gabinete, María Paula Correa, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), Lina María Arbeláez.
Mininterior explicó que “no solamente atendiendo lo que ha sido la visión de este Gobierno frente a la atención migratoria de los hermanos venezolanos sino también atendiendo los convenios que se tienen con diferentes organizaciones internacionales, como Unicef, hemos radicado una iniciativa, con la firma de todos los ministros del gabinete”.
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En este sentido, dijo que lo que “se busca es que el Congreso de la República haga ley para que los más de 1.200 niños que, en este momento, se encuentran en custodia del ICBF, que han sido abandonados, que no tienen familia, reciban la nacionalidad colombiana para que puedan tener acceso a todos los derechos, garantías y protección de la Constitución”.
Manifestó que el mensaje de urgencia que tiene el proyecto radica en “la situación que viven esos más de 1.200 niños que han sido abandonados; muchos de ellos llevan más de 18 meses en esa situación, algunos –inclusive– más de tres años que se encuentran en situación de abandono, que se encuentran en situación de desprotección”.
Aunque se lograra obtener la nacionalidad de estos niños, esa circunstancia tampoco permitiría que parejas como la de los profesores Marlon y Milena pudieran adoptar a los niños migrantes.
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