Colombia ha sido el receptor de miles de migrantes venezolanos, haitianos y cubanos en los últimos cinco años que buscan mejores oportunidades de vida o que solo llegan de paso para dirigirse a otras naciones de Suramérica incluso Norteamérica.
Las estadísticas oficiales de Migración Colombia señalan que la migración irregular en el territorio nacional ha aumentado 2.210% en el año 2021, en comparación con años anteriores. Agosto con 27.899 personas y septiembre con 23.324, fueron los periodos en los que hubo una mayor llegada de migrantes irregulares y de Haití, con 80.514 personas, es del lugar desde donde más llegan, seguido por Cuba, con 5.102, Ghana, con 520, Senegal, 483 y Angola, 370, aunque también se han registrado migrantes de República Dominicana, Bangladesh, Guinea, India y Nepal.
Además de esa variedad de migrantes, también se suma el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos, que hasta el 31 de agosto de 2021, llegó a 1’842.390, personas de ese país, 344.688 de ellos se encuentran regularmente y 315.643 están en situación de irregularidad. La ONU declaró este año que más de 6.000.000 de venezolanos habían abandonado su país y que 2,1 millones se encontraban en el territorio nacional.
Si bien el Estado asume la responsabilidad de garantizar que los extranjeros disfruten en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos, según el artículo 100 de la Constitución Política, la presencia de esta población supone un esfuerzo conjunto para ofrecer una cobertura amplia de servicios elementales como educación, salud, alimentación, entre otros.
Lucas Gómez, Gerente de Fronteras de la Presidencia, señaló que las agencias de cooperación internacional han sido fundamentales en la destinación de importantes recursos y esfuerzo humano para atender los múltiples problemas de la migración venezolana. Actualmente el 70% del total de esa población ingresa por el departamento de Norte de Santander y siguen siendo necesarios los aportes de la comunidad de otras naciones, especialmente de la Unión Europea.
“La inversión que hace Colombia anualmente es alrededor de 1.000 millones de dólares. Los recursos de cooperación que son no operados por el Gobierno Nacional, sino por la Agencia de las Naciones Unidas y por las organizaciones no gubernamentales, no llegan a los 200 millones de dólares”, dijo Gómez.
El Gerente de Fronteras destacó el valor de trabajar en la integración socioeconómica de los migrantes en el que el apoyo del Ministerio de Comercio será significativo porque llegarán a más 1.300 emprendedores a través del desarrollo de políticas a nivel departamental y nacional.
Al ser consultado sobre cómo son invertidos los recursos en la población migrante venezolana, Gómez dijo que “esta crisis está desfinanciada” en comparación con otras situaciones similares como la migración siria, en donde para cada migrante se disponen más de 3.000 dólares, mientras que para el migrante venezolano solo se destinan menos de 300 dólares.
“Ese es un primer elemento, no alcanzan los recursos, y no todos son para Colombia, sino para la región y demás países que reciben a migrantes venezolanos”, sostuvo el funcionario.
Recientemente, la Unión Europea entregó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo recursos por 35.000 millones de pesos para ejecutar estrategias enfocadas en ayudar con herramientas, capacitaciones, emprendimientos y empleos a los migrantes venezolanos.
Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia, indicó que el compromiso de los miembros del bloque en la primera conferencia de donantes que organizamos con España, fue de casi 150 millones de euros, de apoyo, y posteriormente en la segunda conferencia, efectuada un año después, fue casi el mismo monto, para un total de 300 millones de euros.
Otros países que respaldan al Gobierno Nacional en la atención de los migrantes son Canadá, Japón y Estados Unidos. Este último país informó que concederá más de 336 millones de dólares a los territorios que han ayudado a los migrantes, entre ellos Colombia.
Además, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinaron a Colombia dos créditos por 800 millones de dólares con el objetivo de apoyar económica y socialmente a los ciudadanos venezolanos.
La ayuda del BID es de 300 millones de dólares, de los cuales son 17.589.000 de dólares no reembolsables gestionados por el banco por medio del Mecanismo Global de Financiamiento, Gcff. Según el BID, estos recursos buscan extender la regularización y gestión de información para los venezolanos y así mejorar su acceso a servicios sociales. El crédito tiene un plazo de amortización de 18 años y un período de gracia de seis años y medio.
Mientras que el Banco Mundial subscribió un préstamo a Colombia por 500 millones de dólares que estará complementado por 26,4 millones de dólares de igual forma por medio del mecanismo Gcff.
Jorge Enrique González, viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dijo que la garantía de inversión de los recursos a la población migrante es que ingresarán al presupuesto general de la nación a través de sus ministerios y se van a ejecutar debidamente para que lleguen con este enfoque de población migratoria y de retornados a Colombia.
“El componente migratorio va a tener un apoyo de 4.6 millones de euros en lo que tiene que ver exclusivamente con la población migratoria”, sostuvo González.
Explicó que la distribución y ejecución de los recursos estarán a cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y se desarrollarán con un enfoque de toda la población migratoria y de los retornados colombianos, generando oportunidades para su inclusión social.
González expuso que el Gobierno a través del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos ha generado una serie de garantías para la población migratoria con un espacio de 10 años.
“La ejecución de estos recursos se proyecta para los próximos tres años en donde vamos a tener unas posibilidades muy amplias de la mano con toda la parte institucional para garantizar que se produzcan unas posibilidades de empresarios migrantes, desarrolladores de sus propias habilidades y que se integren económicamente y socialmente a la fuerza laboral del país”, apuntó González.
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