Durante más de un año, unidades del Gaula de la Policía estuvieron siguiéndole el rastro a una familia conformada por papás e hijos, que estaría vinculada en al menos tres secuestros, en los que exigían millonarias sumas que estarían entre 5.000 y 10.000 millones de pesos, a cambio de liberar a sus víctimas.
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Cuando los investigadores empezaron a conocer los movimientos delictivos de esta estructura delincuencial, se percataron de que esta familia, presuntamente, estaba al servicio de la disidencia de las Farc, por lo que sabían que tenían que seguirle los pasos con cautela y no dejar escapar ningún detalle para poder capturarla.
Según las autoridades, papá e hijo se encargaban de hacerle un estudio previo a las víctimas, para tener certeza de que sus objetivos serían personas con alto poder económico, para intimidarlas y posteriormente secuestrarlas y así presionar a sus familias para que accedieran a pagar las extravagantes sumas que exigían.
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Desde 2020 esta estructura, conocida como ‘Los Fantasmas’, estaría delinquiendo y así empezó a dejar algunos rastros que el Gaula conoció para iniciar las investigaciones.
“Ellos llevaban a los secuestrados hasta una finca que tienen en la vereda Aguita de Paves, zona rural de Ábrego y allí, las dos mujeres se encargaban de custodiarlos, de darles la alimentación y demás”, explicó una fuente judicial cercana a las pesquisas.
Las víctimas eran encerradas y amarradas en una habitación y allí mismo les llevaban la comida y tenían un baño para que no salieran del lugar.
Un calvario
Dos meses y diez días pasó una de las víctimas secuestrada en dicha finca, mientras que los secuestradores le exigían a su familia al menos 10.000 millones de pesos a cambio de su liberación.
Los comerciantes y profesionales con cargos importantes estaban en el radar de esta organización.
Según se conoció, una vez los secuestrados estaban custodiados en la finca, integrantes de la disidencia del Frente 33 de las Farc llegaban hasta el lugar, uniformados y armados con fusiles, para hacerles entender que debían cumplir con el pago para no correr riesgos de ser asesinados.
Para capturar a Luis Carlos Quintana Ortega, a su esposa Nubia Isolina Arenas Sánchez y a sus hijos Eduardo y Nellys Quintana Arenas, fue necesario alistar un operativo con el Gaula, el Grupo de Operaciones Especiales, Inteligencia Policial y el Ejército, para garantizar la seguridad de los uniformados que llegaron hasta la finca y la zona urbana de Ocaña, mientras cumplían con las órdenes judiciales en su contra.
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El coronel John Robert Chavarro, comandante de la Policía de Norte de Santander, aseguró que continuarán las operaciones en el departamento para garantizar la seguridad de los habitantes de esta zona de la región.
“Se dieron dos diligencias de allanamiento en la provincia de Ocaña para capturar a esta estructura, responsable de los secuestros extorsivos y ahora está en un centro carcelario”, resaltó el oficial.
Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y luego de ser presentados en audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, un juez decidió enviarlos a la cárcel, mientras continúa el proceso judicial en su contra, por concierto para delinquir y secuestro extorsivo.
Las autoridades les pidieron a la comunidad que, en caso de ser víctimas de estos hechos, se instaure la oportuna denuncia y se alerten a los uniformados del Gaula para que se inicie el acompañamiento y asesoría necesaria para identificar y capturar a los responsables.
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