Los constantes rechazos de las entidades bancarias cuando *Carlos Guerrero solicitaba préstamos para solventar algunas necesidades básicas en su hogar, hicieron que recurriera a una red de ‘pagadiario’ que funciona en Cúcuta, donde además de cobrar una excesiva tasa de interés (10 y 20 por ciento), una de las condiciones para aliviar la necesidad es dejar la tarjeta débito en poder del prestamista.

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La dinámica consiste en que el deudor deja como garantía su tarjeta, donde la empresa en la que trabaja le consigna la nómina, para que el prestamista pueda ir a cobrar su cuota mensualmente, hasta que se cancele la deuda. Ellos retiran el dinero de los cajeros automáticos, con el número de clave que se debe entregar. 

“Es extraño no tener la tarjeta para retirar el dinero, pero es una manera de solucionar las necesidades que hay y así podemos tener acceso al préstamo”, dijo Guerrero.

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El riesgo de confiar la cuenta de la nómina a personas ajenas se mantiene latente hasta que se termina de cancelar el préstamo. 

Uno de estos lugares, donde los prestamistas retienen las tarjetas débito de sus clientes funciona en una casa ubicada en el barrio La Riviera de Cúcuta. Llegar hasta esta custodiada vivienda requiere de tener una recomendación que sirva como garantía para los prestamistas.

Sin embargo, la tradicional manera de ofrecer el servicio de ‘gota a gota’, se observa con frecuencia en los diferentes barrios de la ciudad, especialmente en los estratos más vulnerables.

Los prestamistas recorren estos lugares en motocicletas, repartiendo publicidad alusiva a un préstamo fácil, conociendo que la demanda en estos sectores es alta.

Asimismo, es común ver a estas mismas personas llegando a cobrar a sus clientes con una gran cantidad de cartulinas en las que llevan las cuentas de las personas a las que deben cobrar y cuánto han abonado a su crédito. De no cumplir con los pagos pactados pueden surgir amenazas. 

“Uno sabe que es difícil pagar a diario, porque prácticamente uno vive de lo que se haga en el día, pero así nos toca para sobrellevar la situación”, dijo una habitante del barrio Toledo Plata, luego de pagar 5.000 pesos al prestamista informal.

Pocas denuncias

Una fuente policial aseguró que a pesar de que retener las tarjetas débito de las personas que prestan dinero es ilegal, nadie se atreve a denunciar estos hechos a las autoridades.

“Esto se da por la falta de respaldo financiero que se exigen en las entidades bancarias para hacer un préstamo, por lo que los prestamistas informales se aprovechan de las necesidades y llegan a este acuerdo con las personas que requieren el dinero”, explicó.

Dijo que, en Cúcuta no se dan denuncias de estos hechos, porque las personas prefieren tener abierta la posibilidad de volver a prestar dinero.

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En caso de que se adelante una investigación contra esta modalidad, las personas que sean judicializadas podrían afrontar un proceso por el delito de usura.

No obstante, la Policía Metropolitana de Cúcuta mantiene las alertas cuando se deriva la cadena delictiva de los préstamos ‘gota a gota’.

“La Policía está atenta a investigar cualquier tipo de violencia que se genere por estos cobros. Aunque, no son casos comunes en Cúcuta, se podrían generar amenazas y hasta ataques contra la vida de las personas que deben estos dineros”, explicó la fuente.

Esta modalidad de préstamo no es avalada por ninguna entidad. Estos prestamistas pueden llevar sus cobros hasta el 30%, aunque el 20% es la cifra más común.

Si una persona presta $300.000 bajo la modalidad de microcrédito en una entidad financiera certificada lo máximo que le pueden cobrar al mes es $11.700 de intereses. En caso de acceder a un pagadiario, por este mismo monto pagaría $60.000 con interés del 20 ciento.

Según el artículo 305 del Código Penal (ley 599 de 2000), esto clasifica dentro del delito de usura, que es sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales vigentes.

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Proyecto del  Gobierno

La iniciativa del crédito popular, con la que el Gobierno Nacional pretende combatir el ‘gota a gota’, ya fue radicada en el Congreso de la República.

Fue presentada por 26 parlamentarios de los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal y Alianza Verde y con ella se busca dar garantías crediticias a aquellos que tienen dificultades para acceder al sistema financiero y deben recurrir a los prestamistas.

Además, la iniciativa busca que más entidades se conformen para ofrecer créditos de bajos montos, por debajo de $1,5 millones, que es utilizado por microempresarios como su plante. 

Este proyecto de ley tendrá su primer debate en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes.

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Los congresistas Juan Carlos Garcés y Mauricio Gómez Amín radicaron recientemente un proyecto de ley con el que pretenden cerrar la brecha de acceso a crédito para la población más vulnerable, que es la que en su mayoría recurre al ‘gota a gota’.

“Los colombianos que madrugan a trabajar y buscan ingresos a través de sus negocios, un puesto de frutas o arepas, no tienen más opciones que pagar una tasa de interés del 20% para poder llevar el sustento a su hogar”, dijo Garcés, en un medio de comunicación nacional.

Una de las medidas que establece la iniciativa es que amplía el tope máximo del microcrédito de 25 millones de pesos, como está hoy, a 120 millones de pesos, para que la población con menos recursos o microempresarios puedan acceder realmente a una financiación que ayude a impulsar su negocio en lugar de obtener montos pequeños que limiten su crecimiento.

Otra de las disposiciones que resulta clave, según el texto del proyecto, es que se establece una garantía de parte del Estado, con el fin de que los bancos sientan más confianza a la hora de prestar el dinero.

“Debemos superar la barrera de acceso a las fuentes de financiación formal que enfrentan los trabajadores rurales día tras día”, explicó el senador Mauricio Gómez.

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