La desinformación ha jugado un rol clave en el desarrollo de las economías ilícitas en Venezuela. En este particular, como ha ocurrido en la mayoría de los escenarios que tiene como fuente directa de información las instancias oficiales, ha sido grande el control que desde el poder se ejerce sobre ella.
En su más reciente informe, acerca de las economías ilícitas que operan en el vecino país, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela dedicó un capítulo entero a describir la participación de las estructuras oficiales del gobierno venezolano en el manejo sesgado de la información desde los canales oficiales.
Según esta investigación hay algunos patrones que destacan, como la casi total opacidad en cuanto a las actividades que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco. Igual pasa con los temas relacionados con las irregularidades en los puertos venezolanos.
“Hay manipulación en las declaraciones sobre narcotráfico, se suele desviar el foco del problema y se traslada a terceros. Abundan las medias verdades y la propaganda, al dar a conocer solo parte de la historia en casos de tráfico de combustible”, dice el informe.
Transparencia Venezuela sostiene que la hegemonía comunicacional que maneja el gobierno de Nicolás Maduro y la manera en que se maneja en temas de interés nacional, “le ha permitido ser una fuente inagotable de versiones manipuladas o falsas”.
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En ese sentido, poco se habla de la lucha contra la corrupción y se guarda silencio ante investigaciones que desde otros países ventilan la participación de altos cargos del gobierno en casos de desfalco al patrimonio público venezolano.
Como parte de las estrategias empleadas, el gobierno procura dominar todos los espacios de información (tradicionales y no tradicionales) y opta por emitir principalmente mensajes unidireccionales.
“No suele admitir la confrontación, por lo que las reacciones no encuentran de inmediato una respuesta oficial. Además, la falta de transparencia de los entes del Estado facilita el auge de informaciones falsas o manipuladas”, expresa.
Venezuela ha seguido ese mismo camino para abordar las implicaciones de las economías ilícitas. Esto ha dejado muchos vacíos informáticos en los casos de contrabando de gasolina, drogas, oro o los hechos de corrupción en los puertos venezolanos.
Distinguen que los mensajes oficiales siempre quedan sujetos a un grupo selecto, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.
En las reservas internacionales
La organización no gubernamental concluyó que existe por parte del gobierno venezolano un completo hermetismo en cuanto a las actividades que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco, igual pasa con los temas relacionados con las irregularidades en los puertos venezolanos.
“Sobre el Arco Minero, el gobierno se limita a asegurar que es un proyecto para “poner orden en la actividad minera y minimizar la explotación ilegal” y, cuando va más allá, solo lo hace para rechazar las críticas y negar las denuncias”, afirman.
La desinformación al servicio de las economías ilícitas constituye una “muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales”.
“El gobierno suele hablar de oro solo para referirse a las 31 toneladas que pertenecen a las reservas internacionales”, dice la Transparencia Venezuela y afirma que vocería oficial se escuda en que Venezuela es víctima de un plan de la oposición para robarse el oro depositado en el Banco de Inglaterra.
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Las relaciones
De acuerdo a la Transparencia Venezuela, como ha ocurrido con el tema del oro, el gobierno de Venezuela ha guardado silencio ante las denuncias de narcotráfico, responsabilizando de todo el negocio ilícito de las drogas al gobierno de Colombia.
La relación que el país mantenía con la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) terminó en 2005 por decisión del entonces presidente Hugo Chávez, lo que significó la entrada del negocio a mayor escala. “Desde entonces el narcotráfico ha ganado espacios territoriales en Venezuela”, dice el informe.
Señalan que desde septiembre de 2021, una nueva figura emergió en el argot del chavismo para denominar al tráfico de drogas: Tancol, un acrónimo que denota a Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia y con el que el gobierno (gobierno)” quien, según su discurso, envía a estos grupos a Venezuela a desestabilizar.
El vocero para anunciar las investigaciones penales por narcotráfico es el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien ofrece declaraciones semanales para informar sobre los presuntos avances de su gestión.
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Sin embargo, el Ministerio Público no informa públicamente sobre el seguimiento de estos casos y tampoco cumple con la rendición de cuentas contemplada en las leyes venezolanas.
También, se “voltea la cara” y se guarda silencio por las irregularidades que se cometen en las terminales marítimas. “El Seniat solo informa sobre recaudación de impuestos y recordatorios para el pago de tributos y lo hace a través de notas de prensa publicadas en las redes sociales oficiales”.
Un registro de Transparencia Venezuela a partir de lo dicho por Saab entre 2017 y 2021 y comunicados de prensa publicados en el portal del Ministerio Público, indica que se denunciaron 23 casos por drogas en los que estuvieron involucrados 78 funcionarios públicos: 45 civiles (miembros de organismos policiales y de seguridad, y trabajadores públicos) y 33 militares, la mayoría con rango de sargento.
Falsear la realidad
El contrabando de gasolina es de vieja data, sin embargo, las fallas en las refinerías del país por falta de mantenimiento e inversión, llevaron la producción de combustibles a niveles mínimos provocando una fuerte escasez desde 2019 que alcanzó a la intocable Caracas y obligó a poner en marcha en 2020 un severo programa de racionamiento.
El fiscal Tarek William Saad acusó a las mafias que actúan con el apoyo de agentes de Estado. Expuso el caso de Apure donde se detuvieron a dos conductores de la Empresa Nacional de Transporte por desviar 37.000 litros de combustible.
Informó que luego de ser extraída del territorio venezolano, la gasolina probamente tendría como destino Colombia, “que ha sido de manera progresiva y natural cómplice y tributaria de estos delitos que atenta contra la economía venezolana”, expresó.
“Sin pruebas y con la sola presunción el fiscal general apunta una vez más hacia Colombia para desviar la atención del verdadero problema”, se lee en el análisis de Transparencia Venezuela.
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