Desde hace algunas semanas, principalmente desde que terminó el año escolar, en las calles de la zona céntrica de Cúcuta es común ver más niños y niñas, pero no jugando. Muchos de ellos tienen una bolsa de dulces, con la cual se suben a las busetas para venderles a los pasajeros, otros los ofrecen a los peatones que van por los aceras.

También volvieron a aparecer los menores de la etnia indígena Yukpa, quienes están asentados en la cercanías del puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a Cúcuta con el municipio venezolano Ureña. A ellos se les ve con alcancías, con unas aberturas deformes porque son reutilizadas, pidiendo dinero.

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“Regáleme un moneda para juguetes”, le dijo un pequeño Yukpa, que estaba en la calle 10 avenida 2, en el centro de la ciudad, a un transeúnte. Él, de 7 años, andaba con otro de 10 y un bebé de dos años, todos descalzos y su ropa algo sucia. En un momento, los tres se sentaron en el andén frente una pizzería a jugar entre ellos.

Según uno de ellos, sus papás estaban de Venezuela. Sin embargo el otro aclaró que estaban en El Escobal.

De acuerdo con el portal digital Asesoría Penal, la legislación colombiana no prevé la mendicidad infantil como un tipo penal autónomo dentro de la Ley 599 de 2000, por el contrario, este delito se encuentra en el artículo 93 del Código Penal, el habla sobra la explotación de menores. 

Quienes utilicen, de forma directa o mediante un tercero, a niños para mendigar tendrán una sanción de privación de la libertad por un término de tres a siete años. De esta manera, el menor quedará bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para el restablecimiento de sus derechos.

“Trabajo para mí”

Caminaba por la avenida Diagonal Santander, en sus manos tenía un paquete de chocolates, el cual ofrecía a 300 pesos la unidad, dos por 500. A sus 10 años se expone a los riesgos en la calle, pero lo hace para ayudarse él y apoyar a su mamá, con quien vive junto a sus hermanos en el barrio La Ermita.

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“Trabajo para mí y ayudar a mi mamá. Ella vende agua allá abajito”, indicó el niño cucuteño, quien precisó que está de vacaciones escolares, tras cursar y terminar satisfactoriamente el sexto grado, y por eso sale algunos días a vender dulces, que compra en las confiterías de la calle 7 con avenida 4.

El infante, quien cumplirá 12 años el 31 de diciembre, manifestó que su hermano mayor, de 17, trabaja vendiendo guanábanas, y su hermana de 14 años le ayuda a la madre en el comercio de agua.

Así como él, son muchos los niños que trabajan, situación que se agudizó con la pandemia de COVID-19, porque en muchas familiares menguaron los recursos por la pedida de empleo. Según el más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ‘Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020’, en los últimos 4 años el número de niños y niñas en situación de trabajo infantil en el mundo aumentó 8,4 millones. 

La agricultura continúa siendo el sector que representa la mayor parte de trabajo infantil en todo el mundo. En Colombia también es la principal actividad que ejercen niños y niñas, con 44%.

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De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 523 mil niños, niñas y adolescentes (4.9%) en Colombia ejercieron trabajo infantil en ese lapso, siendo la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, las principales actividades económicas, desarrollada por los menores.

La principal razón por la que trabajaron los niños en el país fue porque debían participar en la actividad económica de la familia (38,8%). 

Un centenar de casos de trabajo infantil atendidos en Norte de Santander

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) en Norte de Santander, Jessika Danitza Flórez Torres, informó a La Opinión que tienen una estrategia llamada Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI), cuya específica función es identificar niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, alta permanencia en calle y vida en calle. 

“Es un equipo de profesionales que tiene la Regional del ICBF dispuesto y hace intervenciones psicosociales a las familias, se moviliza la oferta de los servicios el Estado para poder restablecer sus derechos y se da el manejo correspondiente cuando existe una amenaza. Cuando hay vulneración de los derechos, pues ya entra Protección con nosotros”.

Expresó que la estrategia busca identificar a tiempo, mediante búsquedas activas, menores en este tipo de casos. Estos operativos se desarrollan en la Central de Abastos (Cenabastos) de Cúcuta, plazas de mercado, los parques y espacios priorizados de los distintos municipios.

Con EMPI han desarrollado 13 búsquedas activas en los municipios priorizados este año: Cúcuta, Tibú, Convención y Bucarasica, en donde han identificados 35 casos e trabajo infantil. Estos se suman a los situaciones atendidas por denuncias, que son 65, por lo van un total de 100 casos en 2021.

Una vez identificados, se activan las rutas de atención, les buscan cupo escolar, si no están estudiando; los ubican en otros programas del ICBF y le hacen acompañamiento psicosocial a las familias.

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