El tema de la criminalidad en Cúcuta sigue dando de qué hablar, mientras salen a la luz pública informaciones acerca del manejo que se ha dado desde la administración a los recursos destinados a desarrollar políticas públicas de seguridad en el municipio.
Y es que un reciente informe de auditoría que realizó la Contraloría Municipal a la gestión contractual en la modalidad de prestaciones de servicios de la Alcaldía de Cúcuta, reveló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana pasó de celebrar 37 contratos por OPS en el año 2020 a un total de 161 en el 2022.
La Contraloría Municipal señala en sus conclusiones que al revisar la información publicada en la nueva versión del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), se evidenció que en la vigencia 2022 la Alcaldía celebró contratos de prestado de servicios profesionales por un valor de $53 mil millones.
En el informe se reseña que comparados con los contratos del año 2021, hubo un crecimiento en el número de celebraciones del 22,42% y un incremento en el valor contratado del 33,95%, dado que para ese periodo se firmaron 2.662 contratos OPS por casi $40 mil millones.
Lo que llama la atención son las observaciones que hace la Contraloría acerca de las contrataciones por dependencias entre el año 2020 y el año 2022 y de las que concluye que existen secretarías “con un crecimiento inusitado de la contratación de servicios profesionales”.
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Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pasó de celebrar 37 contratos en el 2020 por un valor de $240 mil millones a celebrar en el 2022, 161 contratos por un valor de $1.968.990.000 millones, lo que representa un incremento de 335% en el número de contratos y de un aumento del 718% en su valor.
Situaciones similares se reflejaron en otras dependencias como el Banco del Progreso, el Departamento Administrativo de Planeación y las secretarías de Infraestructura, Hacienda Municipal, Desarrollo Social y Secretaría de Gobierno Municipal.
Advierte la Contraloría que la planta contratada por la administración municipal supera en casi 7 veces la planta de cargo en “casi todas las dependencias”.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con 7 funcionarios de planta, la supera en 23 veces, si se toman en cuenta los 161 contratos de personal por OPS celebrados en el año 2022.
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Este informe trasciende luego de conocerse que la Alcaldía de Cúcuta suscribió convenios con el Área Metropolitana para ejecutar obras públicas, por el orden de los $73 mil millones, con lo que Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia (Fonset) dejó de percibir unos $3.650 millones que debieron ser invertidos en políticas de seguridad para el municipio.
No se van cumplir
Martín Santos, abogado especialista en Derecho Penal y Administrativo presentó en el año 2022 una Acción Popular a raíz de las irregularidades que se han presentado en la contratación que hizo el municipio de Cúcuta con el Área Metropolitana para la ejecución de obras públicas.
Dijo que lo más grave de esta situación es lo que viene ahora, ya que muchas de esas obras quedarán inconclusas, no solo por los tiempos para que finalice la actual vigencia, sino por otros temas como la inflación, el incremento del precio del dólar y hasta aspectos de orden internacional que afectan de forma directa el tema de contrataciones.
Explicó que al contratar obras públicas con el Área Metropolitana, en lugar de hacerlo con su Secretaría de Infraestructura, la administración no solo no permitió que llegaran $3.650 millones al Fonset, sino que causó un detrimento al municipio por $2.514 millones por concepto de estampilla Pro Cultura y Bienestar del Adulto Mayor.
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Las tasas que se derivan de los mismos contratos de obras públicas permiten obtener recursos para programas de cultura, de bienestar de adultos mayores y de centros de vida.
Estos últimos son los que se encargan de los programas de ayuda a los habitantes de la calle, una población que ha crecido vertiginosamente y que según la propia administración, ha incidido en el tema de la seguridad.
Por otro lado, Santos expresó que en el caso de los contratos por OPS, que tienen la particularidad de desarrollarse por un periodo no mayor a cuatro meses, aunque se pueden renovar, con su continuidad indiscriminada la administración podría estar incurriendo en fenómeno de nómina paralela, lo que le podría generar sanciones de carácter disciplinario.
“La pregunta que todos nos hacemos es en qué se invirtió esta plata porque no se ve traducido en la seguridad del municipio. Ese dinero se gastó en simple burocracia, lo que vemos es un despilfarro, donde se le quitan al municipio los recursos que deben invertirse en seguridad y los pocos que le quedan, se despilfarran”, dijo.
Para el abogado estos recursos que se invirtieron en los contratos por OPS pudieron invertirse en una mejor exposición de cámaras de seguridad, en establecer políticas de adquisición de parque automotor para la policía o en sistemas de vigilancia en los barrios.
Habla Alejandro Martínez
Al ser consultado por La Opinión acerca de las 161 OPS contratadas en el año 2022, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Martínez, manifestó que la contratación hecha por su despacho se trató de personal para cumplir diferentes acciones en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
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