El representante a la Cámara por el Partido de la U, Wilmer Carrillo Mendoza, tomó posesión esta semana como presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2023.

Lea: Los ‘golpes’ que le han propinado a Jairo Yáñez en lo que va de su alcaldía

El dirigente nortesantandereano venía de presidir, el periodo pasado, la Comisión Tercera, de la cual es integrante desde hace ya varios años.

Junto a Carrillo Mendoza estarán en esa célula legislativa  Jorge Rodrigo Tovar, representante por las curules de paz, quien ejercerá como vicepresidente, y Jairo Fabián Ríos, secretario.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara es la encargada de conocer las denuncias penales o quejas disciplinarias que se presenten contra altos dignatarios del Estado como el presidente de la República o quien haga sus veces, el fiscal General de la Nación, los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.

El nombre de Wilmer Carrillo venía sonando con insistencia desde hacía varios días para ocupar esa dignidad, lo cual desató una discusión, toda vez que el representante afronta actualmente varios procesos en la Corte Suprema de Justicia.

Aquí: Jairo Yáñez recusa al gobernador para que no decida su suspensión

Hace unas semanas, la Sala de Instrucción de ese tribunal ordenó abrir investigación penal y llamar a indagatoria al congresista nortesantandereano, porque, al parecer, habría ordenado unos pagos a contratistas del departamento por obras que no se ejecutaron.

Los hechos tuvieron lugar durante el tiempo en que Carrillo Mendoza se desempeñó como secretario de Infraestructura de Norte de Santander, en la primera administración del exgobernador William Villamizar (2008-2011).

Según comunicó la Corte, las aparentes actuaciones indebidas del entonces funcionario habrían ocasionado un detrimento al departamento.

El año pasado, la misma Sala de Instrucción anunció la apertura de una investigación formal en contra del dirigente por el presunto delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion