La de Medellín es la segunda revocatoria, después de la de Cúcuta, que podría activarse en las próximas semanas o meses, una vez el Consejo Nacional Electoral (CNE) certifique que el comité promotor cumplió con los estados contables y los informes de gastos en que incurrió para el proceso de recolección de firmas.
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Es por esta razón que hoy todas las miradas están puestas sobre esa corporación, porque de lo que allí se decida dependerá, en gran medida, si hay o no convocatoria a las urnas.
Y es que en este punto la incertidumbre es mayor, toda vez que años atrás el mismo CNE dejó sin efecto una solicitud que se promovía en ese mismo sentido contra el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, luego de que el comité que impulsaba el mecanismo de participación no pudiera justificar $70 millones que le donó el sindicato de la ETB.
En el caso de Cúcuta, la primera ciudad que en este periodo votará para decidir la continuidad o no de su alcalde, Jairo Yáñez, la certificación por parte del tribunal electoral se tardó mes y medio en ser expedida de manera favorable, lo cual permitió que la Registraduría le diera luz verde a la iniciativa y el gobernador pudiera proceder con la convocatoria a las urnas.
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No obstante que el Consejo Nacional Electoral aprobó los informes presentados por el comité, la semana pasada se conoció que esa misma entidad decidió abrir investigación y formular cargos contra los miembros del comité “Que se va, se va, póngale la firma”, al detectar que, presuntamente, omitieron el reporte de algunos gastos en los informes contables presentados para validar la consulta ciudadana.
Y si en Cúcuta la controversia no ha estado ajena al desarrollo de este proceso democrático que llegará a las urnas este 30 de enero, en Medellín el panorama no es mejor y un cucuteño podría terminar siendo protagonista frente a lo que se viene en la novela de la revocatoria que avanza en la llamada ‘ciudad de la eterna primavera’.
Según informó el periódico El Colombiano, en el CNE avanza desde hace algunos meses una indagación preliminar por una carta que divulgó a comienzos de 2021 el alcalde Daniel Quintero en la que se ponía en evidencia un roce entre los miembros del comité promotor y se señalaba un supuesto costo aproximado de $1.500 millones para avanzar con la campaña por la revocatoria.
“El sábado 13 de febrero de 2021 usted informó al comité promotor que la campaña de revocatoria costaba aproximadamente 1.500 millones de pesos, según cuentas que usted había definido, e informó que estaba adelantando conversaciones con una firma de abogados de Bogotá, concretamente se refirió a la firma de Abelardo de la Espriella”, dice el documento.
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Esa indagación está a cargo del magistrado nortesantandereano César Augusto Abreo Méndez y aunque el diario asegura que hasta el momento esta no ha tenido mayores desarrollos, el proceso podría activarse justo ahora que se tiene que definir si el grupo que promueve la revocatoria excedió o no los límites permitidos para este tipo de mecanismos de participación.
El presidente sería quien convoque
En medio de las reacciones que se han conocido luego de que la Registraduría Nacional validara las firmas requeridas para activar la revocatoria del mandato contra el alcalde de Medellín, ayer se supo también que en este caso en particular el encargado de convocar a las urnas a los ciudadanos, si prospera la solicitud, no sería el gobernador de Antioquia, sino el presidente de la República, Iván Duque.
La precisión la hizo el registrador delegado para Asuntos Electorales, Nicolás Farfán, quien explicó que al ser Medellín un distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde julio de 2021, esta condición pone a la ciudad al mismo nivel que los departamentos y en esa medida es el jefe de Estado el encargado de hacer efectivas decisiones como estas, así como suspensiones, destituciones, designación de reemplazos y de alcaldes encargados.
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Lo otro que está en duda es si, como lo propone el comité promotor de la iniciativa, la consulta se podría votar el 13 de marzo, día en que se desarrollarán las consultas interpartidistas y se celebrarán las elecciones legislativas.
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