El pasado martes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exsenador por Cambio Radical Richard Aguilar Villa, por las presuntas irregularidades contractuales en por lo menos cuatro contratos de obras cercanos a los 500.000 millones, adjudicados cuando fungió como Gobernador de Santander (2012-2015).

Según la investigación de la Sala de Instrucción, en la celebración de por lo menos cuatro contratos de infraestructura que se adjudicaron y desarrollaron bajo su administración, el entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar, habría ordenado a algunos funcionarios de la administración departamental favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.

Aguilar Villa está bajo la lupa de la Corte Suprema, debido a las declaraciones entregadas por la pareja de esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo (exsecretaria de Infraestructura departamental y excontratista de la Gobernación), quienes señalan al hoy exsenador de Cambio Radical de haber ordenado el direccionamiento de los contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, por valor de 23.000 millones de pesos; la adjudicación del Corredor vial San Gil- Charalá–Límites, contrato por más de 185.000 millones, y el corredor vial Agroforestal, por 147.000 millones, así como las obras del Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca, por 113.000 millones.

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Cabe recordar que el exgobernador Aguilar renunció a su fuero como congresista para que su caso pasara a ser investigado por Fiscalía

Vanguardia revisó cada uno de los cuatro contratos que hoy enredan a Aguilar Villa para conocer su estado y encontró que solo una de las cuatro megaobras está terminada (las obras del estadio Alfonso López). Las otras tres continúan suspendidas, con avance mínimo o simplemente se quedaron sin liquidar.

Tres años suspendida

El 24 de septiembre de 2014, la Gobernación de Santander en cabeza de Richard Aguilar firmó el contrato de obra 02670, con el consorcio Conectividad Vial San Gil, conformado por Carlos Alberto Solarte (35 %), Cass Constructores y CIA SCA (38 %), VG Constructores SAS (6 %), Constructora Valderrama Ltda (13 %) y Valco Constructores Ltda (8%), mediante el cual se daba inicio a la construcción de mejoramiento y rehabilitación del corredor vial San Gil - Charalá Límites, por valor inicial de 185.000 millones de pesos.

Aunque dicho contrato debía ejecutarse en 40 meses, es decir en enero del 2018 debía estar lista la vía, hoy, tres años después, los habitantes de la provincia guanentina continúan esperando la rehabilitación del corredor vial, pero las obras continúan suspendidas desde enero del 2018.
Este millonario contrato está bajo la mira de la Corte tras los testimonios y pruebas documentales que entregó la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, por presunto direccionamiento contractual.

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Como parte de su testimonio, Toledo Bermúdez entregó a consideración de la Fiscalía y la Corte su teléfono celular, para que extrajeran las conversaciones que vía WhatsApp sostenía, según ella, con el exmandatario departamental para “cuadrar” el direccionamiento del contrato del corredor vial San Gil - Charalá - Límites.

Según la exfuncionaria, el propio Richard Aguilar había dado la orden a Julián Jaramillo y a ella, para que el millonario contrato del Corredor vial de San Gil-Charalá - Límites le fuera adjudicado a Aureliano Naranjo, primo del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo (papá de Aguilar Villa).

“Lo anterior, está relacionado con una instrucción que había dado el exgobernador Aguilar Villa a Julián Jaramillo y a mí, la cual consistía en otorgarle ese contrato como fuera a un familiar de él, en específico, al señor Aureliano Naranjo, de quien Aguilar Villa se refería como ‘el primo’”.

Toledo Bermúdez aseguró a la Justicia que a pesar de estar todo cuadrado para que dicho contrato se le fuera adjudicado al “primo” de Aguilar Villa, un error en la propuesta presentada por el consorcio apalancado por Aureliano Naranjo impidió dicha adjudicación.

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“En el trámite de evaluación dicha Promesa de Sociedad (con la cual se presentó Aureliano Naranjo) cometió un error técnico en uno de los análisis de precios unitarios, específicamente en el ítem de señal vertical para tránsito, al cambiar la unidad de UND a M2, lo que ocasionó que este proponente no pudiera quedar en el primer orden de elegibilidad. Situación que molestó demasiado al Sr. Aureliano Naranjo”, agregó Toledo Bermúdez a la Justicia.

A pesar de que al proceso licitatorio se presentaron 16 oferentes, solo dos proponentes terminaron habilitados, debido a los ‘pliegos sastre’.

Regalo de cumpleaños

Ante la imposibilidad de adjudicar el contrato del Corredor vial de San Gil – Charalá–Límites, pocas semanas después el exgobernador Richard Aguilar habría dado la orden para que desde la Secretaría de Infraestructura se le entregara el contrato del corredor Agroforestal a Aureliano Naranjo, “primo” del coronel Aguilar Naranjo, por 147.000 millones de pesos.

Así quedaría demostrado en un chat de fecha 23 de septiembre del 2014, en el cual Aguilar Villa comenzaría a presionar por el direccionamiento del contrato del corredor vial, como parte de su regalo de cumpleaños.

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Según el relato de Toledo Bermúdez ante la Fiscalía y la Corte, el proceso licitatorio del corredor vial Agroforestal estaba direccionado desde sus pliegos de condiciones, trabajo que fue realizado por el equipo que dirigía Julián Jaramillo en la Secretaría de Infraestructura y el cual estaba conformado entre otros por: Édgar Báez Ariza, César Castro Villaveces, Silvia Natalia Oviedo Sánchez, Carlos Lopera Giraldo, Carlos Andrés Páez, Roberto Ardila y Jorge Céspedes Camacho, exasesor jurídico de la administración Aguilar.

“Estos profesionales, una vez estaban listas las plantillas de los pliegos de condiciones, trabajaban sobre las condiciones generales de los requisitos habilitantes, y de manera irregular después de reunirse con los futuros adjudicatarios de los contratos, trabajaban sobre las condiciones puntuales de experiencia, cantidades de obra, equipos, personal, entre otros, que tenían los contratistas, previamente a la publicación de los pre pliegos de condiciones, con la finalidad de garantizar al 100% la adjudicación del contrato que previamente había sido direccionado por el Gobernador”, quedó consignado en las diligencias judiciales.

A pesar del amarre en el pliego de condiciones para favorecer al “primo” de Richard Aguilar, un error de cálculos por parte del oferente puso nuevamente en riesgo que el contrato del corredor Agroforestal le fuera entregado al ungido de Aguilar Villa, tal y como quedó registrado en el Secop, donde los requisitos habilitantes de los pliegos de condiciones del proceso fueron modificados a tan solo siete días de cerrarse la licitación.

Al final, el contrato le fue adjudicado a la Promesa de Sociedad Futura Unidos por Santander, conformado por: Concitop – Construcciones Civiles y Topografía SAS – (40 %), Meyan SA (40 %) y Vergel y Castellanos SA – V&C SAS (20 %), quienes serían los determinados por Aureliano Naranjo, conocido como el “primo” de Richard Aguilar.

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De 10 oferentes que competían por el millonario contrato solo cuatro fueron habilitados. Aunque el contrato fue firmado en 29 de diciembre de 2014 para ser ejecutado en 36 meses, es decir, debía estar listo el 30 de diciembre del 2017, mismo día en que el contratista recibió 42.487 millones de pesos, correspondientes al 29 % del valor total del contrato, hoy cuatro años después, la obra continúa sin mayor avance a pesar de que no ha recibido ni un solo adicional en tiempo.

A pesar de su nulo avance, en abril del 2017, bajo la autorización del exsecretario de Infraestructura y hoy diputado Mauricio Mejía, el contratista recibió un adicional en el valor de la obra por valor de 34.116 millones de pesos.

Para los dos contratos de obra: San Gil - Charalá - Límites y el Corredor vial Agroforestal, el interventor es el Invías y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Tercer carril, sin liquidar

Al igual que las otras dos megaobras, el contrato del Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca tampoco se ha liquidado a pesar de que debía estar listo en diciembre del 2015. Además, la millonaria obra también estuvo bajo el direccionamiento de Aguilar Villa, según el relato de la exsecretaria de Infraestructura departamental.

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Según Toledo, para la adjudicación del Tercer Carril, el exgobernador, Richard Aguilar la envió a gestionar recursos a Bogotá mientras que Julián Jaramillo, su asesor de despacho, se encargaba de la adjudicación del contrato que tuvo un costo superior a los 113.000 millones de pesos.

La exfuncionaria aseguró que a pesar de que dicho contrato ya estaba direccionado por el exgobernador Aguilar Villa para que le fuera otorgado a Reynaldo Bohórquez, quien se presentó por medio del Consorcio Viaducto 2014, del cual hacía parte la empresa Construvicol S.A, propiedad de la familia de Reynaldo Bohórquez, Toledo Bermúdez se negaba a adjudicarles el millonario contrato toda vez que la propuesta de Bohórquez contenía errores técnicos en unos análisis de precios unitarios y en las exigencias de los equipos, lo que le ocasionó que dentro de la evaluación técnica se le otorgará menor puntaje en su calificación y no se ubicara en el primer orden de elegibilidad.

El 10 de septiembre del 2014, tan solo unos días antes de la adjudicación del Tercer Carril, según afirma Toledo Bermúdez, Richard Aguilarcontinuaba insistiendo en la necesidad de adjudicarle a Bohórquez. Sin embargo, el 16 de septiembre del 2014, el millonario contrato le fue entregado al Consorcio Vial Puerta del Sol, conformado por: Solarte Nacional de Construcciones SAS - Sonacol; Inmonova SAS; Itac Construcciones Ltda; Asmi Constructores SAS; Constructora Valderrama Ltda; Vg Constructores SAS y Valco Constructores Ltda.

Solarte, Valco y Construcciones Valderrama son los mismos contratistas que ejecutan el fallido corredor vial de San Gil - Charalá- Límites.

El contrato del Tercer Carril ha recibido adiciones por $34.278 millones, por lo que la megaobra terminó costando más de $147 mil millones.

Indagatoria a ballesteros

Así mismo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante a la Cámara por el Centro Democrático Edwin Ballesteros, por las presuntas irregularidades en la celebración de varios contratos para la construcción de acueductos y alcantarillados, cuando fungió como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, en la administración de Richard Aguilar.

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La Corte escuchará la versión del representante santandereano el próximo 23 de agosto.

Según el congresista uribista, el llamado a indagatoria será la oportunidad para aclarar lo sucedido en este caso y limpiar su nombre.

“El llamado a indagatoria se da por la reiterada solicitud de mi defensa que en múltiples oportunidades le había solicitado a la Corte que nos escuchara. Esto nos permitirá demostrarle a la Corte que no es cierto todo este montaje judicial que me han querido endilgar en mi contra. Demostraré mi inocencia”, señaló Ballesteros.

La investigación en contra de Edwin Ballesteros en la Corte también se da en el marco de los señalamientos entregados por la pareja de esposos: Claudia Toledo y Lenin Pardo, más exactamente este último, quien fungió como contratista en varias de las obras de construcción de acueductos adjudicadas por Edwin Ballesteros como gerente de la Esant.

Pardo asegura que le pagó más de 150 millones de pesos en coima al hoy Representante para el direccionamiento del contrato para construir el acueducto de Landázuri, contrato que según Toledo estaba direccionado por orden de Richard Aguilar y Julián Jaramillo.

Aprobado parcialmente

El escándalo judicial en contra del exsenador Aguilar Villa comenzó con las irregularidades en el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, que inició costando 15.000 millones de pesos y terminó valiendo cerca de 24.000 millones con adiciones.

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Por este caso, la pareja de esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo, exsecretaria de Infraestructura y excontratista en la administración de Richard Aguilar, manifestaron su intención de colaborar con la justicia a cambio de un principio de oportunidad. La pareja de esposos está siendo investigada por los delitos de celebración indebida de contratos, concierto para delinquir; falsedad en documento privado, peculado y cohecho por dar o recibir, en el marco de las investigaciones por las irregularidades en el proceso licitatorio. Toledo y Pardo lograron que el Juez 16 de Control de Garantías avalara el principio de oportunidad, para servir como testigos en contra de Aguilar Villa y su red de corrupción al frente de la Gobernación de Santander, pero solo de forma parcial.

En tal sentido, Toledo y Pardo quedaron eximidos de todos los delitos excepto el de peculado, es decir, si su colaboración con la justicia es efectiva en contra de Aguilar Villa y su red de corrupción, la pareja solo sería juzgada por este delito. El abogado Jaime Lombana afirmó que le pedirá al fiscal General que reconsidere otra vez el principio de oportunidad total.

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