A diferencia de las sesiones anteriores, en las que el voto en blanco se impuso sobre la única candidata que integra la lista de seleccionados, Alix Yirley Vargas Torrado, en esta oportunidad los concejales que acudieron a la plenaria convocada para las 5:00 de la tarde se encontraron con la decisión de una jueza administrativa que dejó en el congelador el proceso de selección y elección.

La orden que se conoció unas horas antes de la  votación y que le dio un giro inesperado a la novela en que terminó la elección del titular del organismo de control fiscal, establece la suspensión de varias resoluciones expedidas por la anterior mesa directiva del Concejo, entre ellas la que reglamentó la convocatoria pública para los aspirantes y la que emite la lista de seleccionados para proveer el cargo.

Esto dejó sin posibilidades a la corporación de una nueva votación, como lo ordenó el fallo de tutela  que amparó los derechos de Vargas Torrado, porque de por medio hay una nueva orden judicial que les impide votar, al haber quedado suspendida la lista.

“Por sustracción de materia y de objeto no podíamos elegir hoy. Es decir, hay un desacato en trámite y el juez nos ordena en la tutela ‘realmente elegir’, pero ahora hay una suspensión de varios actos administrativos, entre ellos el que establece la lista de seleccionados. Por eso, tenemos que acudir ante el Juzgado Noveno Penal, para informarle la otra decisión y explicarle que no podemos seguir adelante con la orden de tutela, porque estaríamos vulnerando la otra decisión”, explicó el vicepresidente de la corporación, Bachir Mirep.

Las otras resoluciones suspendidas

Las otras tres resoluciones que fueron suspendidas, con ocasión de la medida cautelar de urgencia ordenada por la jueza novena administrativa, Susan Yellyzza Contreras son:

-268 del 27 de noviembre de 2015: por medio de la cual el entonces presidente del Concejo (Eduardo Gerardino Mandón) reglamentó las actuaciones de quienes están vinculados al proceso de convocatoria, es decir, las responsabilidades tanto del Concejo como de la CUN, encargada de adelantar las pruebas de selección.

-291 del 4 de diciembre de 2015: por medio de la cual la mesa directiva del Concejo modifica parcialmente algunos artículos de la Resolución 262, entre ellos el que fija los requisitos de participación. Con esta actuación, tanto el presidente como los dos vicepresidentes de la corporación (Rodolfo  Torres y Oscar Sanabria) se habrían atribuido funciones que no les corresponden.

Esto por cuanto modificaron requisitos que están establecidos por la Constitución y la ley, exigiendo que los aspirantes no solo debían acreditar título universitario, sino de posgrado. Además, incluyeron uno que les pedía contar con experiencia laboral mínima de dos años en temas relacionados con el ejercicio de la función pública.

-318 del 14 de diciembre de 2015: por medio de la cual la mesa directiva del Concejo modifica parcialmente las Resoluciones 0262 y 0291 de 2015. Entre los cambios que se introdujeron aquí figura el de los porcentajes en las diferentes pruebas de selección.

Para la jueza, de acuerdo con un primer análisis hecho a la acción de nulidad interpuesta por Wilson Fernando Pérez Vargas, se “advierte de la confrontación entre los actos acusados” y varios artículos de la Constitución “encontrándose los argumentos de la demanda razonablemente fundados en derecho”.

Sorpresa

Algunos de los concejales que han insistido en la necesidad de acatar el fallo de tutela y elegir a Alix Yirley Vargas, como el representante del Centro Democrático, Juan Carlos Capacho, quien no ocultó su sorpresa por la decisión de la jueza novena administrativa.

“A mí me toma por sorpresa (la decisión) porque venimos de una serie de fallos a los que les estamos dando cumplimiento. Aun así, el respeto por las decisiones judiciales es absoluto. Estamos en el deber de cumplirlo y hasta tanto no exista un fallo de fondo o se apele y se confirme otra decisión, debemos acatar esta orden”, manifestó el cabildante.

Capacho anticipó que el desenlace en la elección de contralor podría prolongarse por meses, toda vez que el asunto terminó naufragando en un mar de demandas y un amplio debate jurídico.

Como se sabe, en espera se encuentra también la decisión de fondo sobre el incidente de desacato instaurado contra los concejales, así como la impugnación al fallo de tutela que favoreció a la ingeniera agrícola y varias acciones de nulidad contra el proceso.

La Opinión intentó consultar la posición de la única candidata a contralora, sobre lo ocurrido ayer, pero Vargas Torrado no respondió los mensajes ni las llamadas hechas.