Para el senador Andrés Cristo Bustos, del Partido Liberal, hay más dudas que certezas sobre la aplicabilidad del Estatuto de Protección Temporal a migrantes venezolanos, el cual busca la inclusión de casi un millón de extranjeros a los sistemas de salud y educación, programas de vivienda, empleo formal, subsidios, entre otros.
Esta semana, el presidente Iván Duque firmó el decreto para la entrada en vigor de la normativa que brinda una atención humanitaria a la población vulnerable venezolana que reside en Colombia, pero para el senador aún no hay claridad sobre cómo se aplicará en el país.
En diálogo con La Opinión, el congresista dijo que aplaude el Estatuto, pero como cucuteño instó al Gobierno Nacional a revelar cómo será el papel de las zonas de frontera, y recordó que “millones de colombianos hoy ni siquiera tienen acceso a esos derechos básicos para vivir dignamente, mucho más en zonas como Norte de Santander, Arauca y La Guajira”.
“Se les va a dar todas las garantías, se les va a brindar la posibilidad de tener acceso a salud, educación, a unas mínimas condiciones de subsidios y de trabajo. Queremos preguntarle al Gobierno Nacional, ¿cómo contemplan estos puntos fronterizos que hoy están atravesando la peor condición, con una crisis que no se ha podido resolver durante la historia?”, apuntó.
Según las estadísticas más recientes entregadas por Migración Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio nacional se encuentran más de 1’729.000 migrantes venezolanos, de los cuales más de 966.000, cerca del 56%, está en condición irregular, números que el senador no ve con claridad “porque la frontera lleva más de un año cerrada”.
“No nos cabe ninguna duda de que es una decisión que se debía tomar, que es una responsabilidad que tiene cualquier dignatario frente a una condición de defensa de derechos humanos y abusos que está cometiendo el presidente del país vecino”, sostuvo.
Lo que sí resaltó como positivo, es que la regularización permitirá individualizar a todos los venezolanos que estén en Colombia, con el fin de sancionar de forma más ágil y eficiente a aquellos que incumplan la ley, por lo que “ya no gozarán de impunidad por falta de documentación”.
De acuerdo con las agencias de Naciones Unidas, se ha detectado un repunte en el número de venezolanos que ha abandonado su país y se estima que si persiste esta tendencia, a finales de 2021 la cifra podría llegar a los 6,2 millones de migrantes y refugiados venezolanos, por encima de los datos de la crisis Siria.
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Cristo Bustos viajó ayer a la capital nortesantandereana para seguir analizando de cerca, con los actores regionales, la posible problemática que enfrentarían los departamentos fronterizos con la implementación de la nueva política. Para el senador, Norte de Santander, Arauca y La Guajira deben tener una infraestructura preparada para dar cumplimiento al Estatuto.
“Me reuniré con el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, para ver si a través de la Federación Nacional de Departamentos, las zonas que van a ser protagonistas pueden asumir una posición unificada. Esperemos que lleguemos a un acuerdo”, dijo.
Serrano Guerrero fue nombrado en diciembre de 2020 como vocero de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Capítulo de Departamentos de Frontera de esta Federación.
El senador aseguró también que con la reanudación del periodo legislativo, este mes, buscará más apoyo de parte de sus colegas para que se analice la situación de estas zonas del país.
“Hablaré con algunos congresistas amigos de Nariño, Arauca, La Guajira y de Santander, que son también afectados en segunda línea por cuenta de este problema migratorio y buscaremos la manera de hacer una declaración en conjunto”, planteó.
Cristo dejó claro que “no se trata de hacer un frente común” porque “hay que esperar que el presidente, la canciller y el director de Migración Colombia terminen de reglamentar el Estatuto, pero sí insistió en que es necesario pedir explicaciones desde este momento, porque hay cifras que no se sabe de dónde las sacan.
