Las presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2010, cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura de Norte de Santander, durante el primer gobierno de William Villamizar Laguado, tienen en aprietos al representante a la Cámara por el Partido de la U, Wilmer Carrillo Mendoza.

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Ayer se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de justicia decidió abrir investiga-ción contra el dirigente político, a fin de determinar si pudo haber incurrido en el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Esto, durante la ejecución de una obra de mejoramiento y mantenimiento de una vía del municipio de Arboledas, de donde es oriundo.

La Corte, sin embargo, no entregó más detalles del monto del contrato que compromete al congresista nortesantandereano, ni las presuntas irregularidades que se le achacan.

Lo que sí informó es que Carrillo está citado para el próximo 23 de noviembre a las 9:00 de la mañana, con el fin de ser escuchado en indagatoria. La investigación en su contra está en manos del magistrado Francisco Javier Farfán.

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El representante del Partido de la U cumple su segundo periodo en la Cámara y actualmente se desempeña como presidente de la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público, que tuvo a su cargo el estudio de la nueva Reforma Tributaria y el Presupuesto General de la Nación para 2022, aprobado esta semana, incluida la suspensión de la Ley de Garantías Electorales.

También integró la Comisión Sexta Constitucional o de Transportes y fue presidente de esa misma célula legislativa en el periodo 2017- 2018.

En mayo de 2016, Wilmer Carrillo ya había sido escuchado en indagatoria en la Corte Suprema  de Justicia, como parte de una investigación en su contra por presuntas irregularidades en contratación, también cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura del departamento.

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En ese momento, Mendoza entregó detalles sobre los contratos que se suscribieron en 2011 para la recuperación de las vías que resultaron afectadas por la ola invernal y en los que, al parecer, se presentaron inconsistencias por no cumplir con el lleno de los requisitos.

Tras escuchar al dirigente nortesantandereano, la Corte pidió nuevas pruebas en el proceso, relacionadas con los documentos del contrato y testimonios de quienes hicieron la supervisión al proceso de contratación.

En agosto de 2018, cuando apenas comenzaba su segundo periodo en el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación también le pidió a la Corte investigar al representante por posibles casos de corrupción que comprometían recursos del sector de la salud y la ética de los servidores públicos.

Los hechos estaban relacionados con presuntas anomalías detectadas en la celebración de ocho contratos para el suministro de combustible de las ambulancias y vehículos de la ESE Hospital de Ábrego, así como en un contrato de obra civil.

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Según informó el ente acusador en ese momento, durante el proceso se logró recopilar material probatorio que daría cuenta de que el congresista le habría pedido al nuevo gerente de la ESE $100 millones, los cuales fueron entregados en dos pagos de $50  millones, dinero que nunca devolvió.

“Los investigadores encontraron que Carrillo Mendoza, presuntamente, cobraba coimas del 10% y 20% de los contratos aprobados por la ESE. También tendría injerencia para distribuir la planta de personal e incluso habría modificado el manual de funciones para que la subgerencia de la entidad fuera asignada a una de las cuñadas de su esposa”, informó la Fiscalía en un comunicado en aquel entonces.

Por ahora no se conocen decisiones en ese caso.

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