En veremos volvió a quedar la revocatoria promovida contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, toda vez que la Registraduría Nacional manifestó hoy la imposibilidad de adelantar la votación del mecanismo de participación, por falta de recursos.
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En un oficio remitido al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, el registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, asegura que en estos momentos no cuentan con la asignación presupuestal necesaria para adelantar los trámites logísticos y contractuales que implica el desarrollo de la jornada democrática.
En el documento expresan que si bien los recursos fueron asignados en diciembre del año pasado, el cambio de fecha de la consulta ciudadana llevó a que la entidad tuviera que devolverlos al Ministerio de Hacienda, dado el cambio de vigencia fiscal.
“(…) Teniendo en cuenta la nueva fecha fijada por su despacho -30 de enero de 2022- la RNCE expidió el calendario electoral y solicitó nuevamente la asignación de los recursos el 4 de enero de 2022, debido al cambio de vigencia fiscal (2021 a 2022), lo que hizo necesario devolver al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos no ejecutados en el 2021”, señala la carta.
Farfán agrega que a pesar de los “ingentes esfuerzos” para garantizar la realización de la revocatoria, hasta el momento no ha obtenido respuesta por parte del Ministerio y en ese sentido, a la fecha no cuenta con la asignación presupuestal para organizar la iniciativa.
“Teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de la revocatoria -a solo 12 días calendario-, nos encontramos ante la imposibilidad de llevar a cabo la jornada electoral. En ese sentido, solicitamos comedidamente revocar el Decreto 0001 del 3 de enero de 2022 que modificó el Decreto 1728 de 31 de diciembre, hasta tanto el MHCP asigne los recursos para que, de manera coordinada, podamos establecer una nueva fecha para la realización del mecanismo de participación ciudadana”, le dice el registrador delegado al gobernador.
La revocatoria mediante la cual buscan remover del cargo de manera anticipada al alcalde de Cúcuta ya ha sufrido tres aplazamientos y aunque se creía que el proceso finalmente se votaría el 30 de enero, este volvió a quedar a la deriva.
La convocatoria de los cucuteños a las urnas estaba prevista inicialmente para el 12 de diciembre, pero no pudo llevarse a cabo, puesto que la Registraduría dijo que no tenía el dinero para su organización, ni el tiempo para cumplir las diferentes etapas del calendario.
Por cuenta de una decisión judicial, el gobernador Silvano Serrano procedió a fijar para el miércoles 5 de enero la nueva fecha del mecanismo, teniendo en cuenta que este era el último día de plazo que le permitía la ley para hacer la convocatoria.
Sin embargo, como era imposible que en esa fecha el Tribunal Superior procediera con el nombramiento de la Comisión Escrutadora y los claveros, pues esa corporación se encontraba en receso, el proceso tuvo que postergarse nuevamente, también por un mandato judicial.
El nuevo decreto convocó la consulta para el 23 de enero, pero sin que hubiera transcurrido siquiera una semana desde ese anuncio, el día de la convocatoria tuvo que cambiarse de nuevo, esta vez para el 30 de enero, puesto que seguía faltando tiempo para poder cumplir con la designación de escrutadores y claveros.
Estudiarán tutela de Yáñez contra el CNE
Ayer se conoció, igualmente, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió conocer una acción de tutela interpuesta por el alcalde Jairo Yáñez en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
La defensa del mandatario alega que el tribunal electoral le violó su derecho al debido proceso y a elegir y ser elegido, por haber expedido la certificación de cumplimiento de requisitos legales de las cuentas de ingresos y gastos de la campaña promovida por el comité promotor de la revocatoria, a pesar de que se encontraba en curso en esa corporación una investigación por el supuesto incumplimiento en el reporte de algunos gastos.
Hace unos días se conoció, precisamente, que el CNE ordenó abrir investigación y formular cargos contra los miembros del comité “Que se va, se va, póngale la firma’, por la posible falta de información relacionada con la totalidad de los gastos en que incurrieron los promotores de la consulta ciudadana.
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