La controversia por el polémico contrato otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados para brindarles conectividad a miles de niños y jóvenes de zonas apartadas del país, y por el cual la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, está en el ojo del huracán, tuvo ayer un nuevo capítulo.

En medio de una audiencia, el Mintic confirmó la caducidad del negocio jurídico que fue suscrito el año pasado por un valor de $1, 07 billones y al que le habían hecho ya un anticipo de $70.000 millones que hoy no aparecen.

El argumento para poner fin al cuestionado contrato con el consorcio integrado por cuatro empresas, entre ellas Novotic, antes Funtics, la misma del escándalo de Niutelco en Norte de Santander, es que  incumplió con las condiciones establecidas y por esa razón la declaración de la caducidad es definitiva y sin lugar a apelaciones.

Adriana Vivas Robles, delegada del Ministerio, recordó que la Unión Temporal presentó documentos falsos, lo que les permitió tener el anticipo de los $70.000 millones, y señaló que en este caso no se evidenció una violación al debido proceso como lo pretendía hacer ver el contratista.

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Según el Mintic, Centros Poblados no cumplió obligaciones que afectan la ejecución del contrato y pueden conllevar a su paralización.

“Hay ausencia de un garante, es decir, los documentos que soportan el contrato son inexistentes, por lo que procede la caducidad. El Banco Itaú desconoce haber expedido las garantías y el contratista nunca allegó prueba, ni siquiera sumaria, contradiciendo lo dicho por el banco. Se incumple entonces la obligación de aportar garantía”, concluyó el Ministerio.

"Con esta decisión, cesan hoy todos los contratos de los miembros de la Unión Temporal vigentes con el Estado", afirmó la ministra Abudinen.

El presidente Iván Duque, quien respaldó a la ministra, dijo que no descansarán hasta recuperar el último peso del anticipo girado al consorcio. “Buscaremos ante todas las instancias judiciales las sanciones que les correspondan a esas mentes macabras que estuvieron manipulando un proceso licitatorio. Colombia se hace respetar de cualquier forma de corrupción”, sostuvo.

Así comenzó el escándalo

Todo inició en diciembre de 2020, cuando se adjudicó un contrato de 2,2 billones de pesos a dos contratistas que proveerían los servicios de conectividad: la firma Comcel (Claro) y el consorcio Centros Poblados. Uno cumplió, el otro no.

Esta última Unión Temporal estaba conformada por las empresas Ingeniería, Seguridad e Innovación, Novotic, (35 %), que sería la compañía con experiencia en el sector tecnológico, pero con varios cuestionamientos; ICM Ingenieros S.A.S (35 %), Intec de la Costa S.A.S (15 %) y Omega Buildings Constructora S.A.S (15 %). Estas tres empresas tienen experiencia en la construcción de carreteras y edificios, y dos de ellas están domiciliadas en Barranquilla.

En junio se descubrió que a pesar de que Comcel ya había instalado más de 700 puntos, Centros Poblados no tenía ninguno y estaba incumpliendo con los tiempos estipulados en el cronograma de contratación.

Al revisar qué era lo que estaba ocurriendo y la razón por la cual no se había avanzado, se encontró que, al parecer, el consorcio presentó garantías falsas dentro del contrato. Además, no contaban con la experiencia ni la capacidad técnica y financiera para cumplir a cabalidad lo que prometió.

La empresa registrada presentó una garantía que aseguró haber sido expedida por el Banco Itaú. Sin embargo, posteriormente se comprobó que en realidad era falsa, como lo certificó la entidad financiera, al advertir que de ninguna de sus oficinas había salido tal documento.

El escándalo fue aún mayor, al confirmarse que el Gobierno ya había hecho un anticipo de $70.000 millones por ese negocio, los cuales terminaron en una cuenta del City Bank en Delaware (Estados Unidos), en desarrollo del contrato.

¿En dónde están las omisiones del Mintic?

Según expertos, la Unión Temporal era una empresa cuestionada desde el momento en que se ganó el contrato en 2020 y hubo una falta de vigilancia para comprobar que los documentos presentados eran falsos.

Por estos hechos se han anunciado acciones legales contra la interventoría del contrato, el consorcio PC2020 Centros Digitales, que aprobó el desembolso anticipado, a pesar de que había documentos cuestionables.

Para Oscar Ibáñez, abogado especialista en contratación, desde el momento de la adjudicación del contrato ya se le había advertido a la ministra que era inconcebible que ella tuviera en su equipo de asesores de primera línea a un abogado que a su vez representaba los intereses de uno de los proponentes.

El especialista además asegura que no hubo un control de la secretaria general del Ministerio, quien también debía velar porque el contrato se llevara a cabo sin ningún contratiempo.

Otra omisión es que hubo más funcionarios que no intervinieron. Según la explicación del abogado, la Secretaría General tiene un director jurídico, que a su vez tiene un coordinador de contratación y en ese caso se debió hacer una debida diligencia y ‘chequear’ cada uno de los elementos del contrato.

Por su parte, el abogado Camilo Iván Pizza considera que los interventores pudieron incurrir también en una falta. “La labor del interventor es precisamente de garantía, ellos debían verificar que se estuvieran cumpliendo con todos los requisitos que la ley exige para autorizar el desembolso de dinero”, sostuvo.

Según los expertos consultados, a pesar de que la ministra insiste en que el anticipo no se ha perdido, se puede llegar a configurar el delito de peculado por apropiación, dado que el dinero es un préstamo que les hace el sector público a los contratistas.

Otro de los cuestionamientos va dirigido a la experiencia del contratista, pues dicen que pudo haber un problema de previsión y anticipación.

La falta de profundidad en la selección de posibles contratantes, en el pliego de condiciones, en la poca efectividad para cumplir los plazos acordados, el manejo de los anticipos y las cláusulas de incumplimiento, son algunos de los aspectos que no se tuvieron en cuenta y que pudieron ser indicios importantes, dicen.

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