“Que le caiga todo el peso de la ley por estafador”, fue le expresión de la señora Yajaira Rincón al enterarse de la sanción e inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos que le acaba de imponer la Procuraduría Regional de Norte de Santander al agente liquidador de la Empresa de Obras Sanitarias de Norte de Santander, Emponorte S.A., Omar Castañeda Díaz, por presuntas irregularidades administrativas.

“Ese señor tumbó a todos los trabajadores entre los que se encuentra mi padre, Jairo Rincón Patiño, de 71 años de edad, quien aún espera el reconocimiento por los 20 años laborados como fontanero. Muchos han muerto y papá está ciego”, recordó su hija, quien durante años lo acompañó a los juzgados para hacer valer sus derechos.

Rincón dijo que fueron muchas las audiencias perdidas en las que intentaron recuperar lo que con trabajo se había ganado su padre, pero que nunca respondieron por el dinero y por eso siguen reclamando justicia frente a lo ocurrido.

Un caso similar lo vive Fabio Ortega Quintero, quien no titubea al calificar a Castañeda Díaz como un “hábil manipulador y escurridizo personaje” que, asegura, tiene una orden de captura del Juzgado Tercero Municipal de Ocaña por desacato a una acción de tutela. 

“Hay algo raro en ese asunto, pues nuestra abogada, Alba Luz Peñaranda Jácome, le ha ganado varias acciones y no le pasa nada. Incluso, vendió los terrenos donde está la planta de tratamiento de agua potable El Algodonal de Ocaña al exalcalde Jesús Antonio Sánchez Clavijo, supuestamente para arreglarnos a nosotros y se tragó esa plata”, aseguró el afectado.

Dijo que lo más triste es que muchos de sus compañeros, entre los que se encuentra Balmiro Angarita, murieron sin poder disfrutar el dinero que por derecho habían adquirido. “Prácticamente nos robó”, considera.

Seis cargos le imputan

De acuerdo con la información que dio a conocer el Ministerio Público, Omar Castañeda Díaz sería responsable de seis cargos, por los malos manejos que le dio al proceso de liquidación de la Empresa de Obras Sanitarias de Ocaña.

“El investigado omitió el desempeño de sus funciones como revisor fiscal, al no dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 410 de 1971, con relación al manejo financiero, presupuestal, contractual y administrativo de la entidad departamental. Firmó un contrato, en representación de la empresa en liquidación, para la operación y mantenimiento del servicio público de acueducto por $45 millones mensuales, por un periodo de cuatro años y 11 meses, sin contar con las autorizaciones y requisitos establecidos para la ejecución del negocio jurídico”, señaló el procurador regional, Libardo Álvarez.

Castañeda Díaz tampoco cumplió con el proceso de rendición de cuentas ante la Contraloría, sobre su gestión administrativa durante el periodo que se desempeñó como agente liquidador y que empezó en marzo de 1993.

Esto ocasionó sanciones pecuniarias en detrimento del patrimonio de Emponorte S.A., en liquidación.

“Tampoco convocó a la junta liquidadora para presentar informes de su gestión o solicitar autorización para el manejo de los bienes y recursos de la empresa. No implementó programas de contabilidad, presupuesto, tesorería, nómina que permitieran un monitoreo, registro o control de las transacciones hechas por la empresa”, dice la Procuraduría.

El Ministerio Público también le cuestiona al entonces agente liquidador que nunca dispuso un espacio de atención para que los interesados en los procesos que se venían llevando a cabo pudieran hacer consultas o solicitar información.

En ese sentido, para el ente de control disciplinario, Omar Castañeda Díaz incurrió en faltas que fueron calificadas como graves a título de dolo, las cuales lo hacen acreedor a una sanción de 20 años de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos.

De la misma forma, deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a $87’780.300.

El fallo sancionatorio de la Procuraduría Regional es de primera instancia y podrá ser apelado ante una Procuraduría Delegada.

La Opinión conversó con Castañeda Díaz sobre la decisión de la Procuraduría y los señalamientos que hacen en su contra los afectados con el proceso de liquidación de Emponorte y al respecto aseguró que se siente “con la conciencia tranquila porque no afecté a nadie”.

Aseguró que durante el proceso alcanzó a hacer 36 pagos a partir de las sentencias proferidas y que se respondió hasta donde alcanzaron los recursos.

Dijo que cuenta con la documentación que soporta dichos pagos y que todo será sustentado ante la segunda instancia, tras la apelación que presentó su defensa.

Una historia larga

Las controversias frente al manejo de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en Ocaña son de vieja data, según lo señala el historiador Luis Eduardo Páez García.

Recordó que en 1576, recién fundada la hidalga villa, el cabildo de ese entonces suscribió un contrato, que aparece en el archivo histórico de Colombia, para construir un sistema encaminado a transportar el agua hacia el centro de Ocaña. Este fue firmado por Gonzalo de Orta, pero nunca se ejecutó.

Por su parte, el ingeniero Napoleón Gutiérrez de Piñeres señaló que desde finales de la década de los 80, con la crisis de Insfopal comienzan los litigios ya que los empleados y trabajadores no fueron liquidados.

Recordó que con la expedición de la Ley 142 de 1994 se permitió la creación de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO S.A. y que en medio de turbulencias jurídicas se ha mantenido durante 26 años. Recientemente el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó a la administración municipal retomar los activos y convocar a una licitación pública.

Gutiérrez de Piñeres, quien fue gerente durante 13 años de Emponorte, dijo que no se explica cómo el exalcalde Jesús Antonio Sánchez Clavijo desembolsó una elevada suma de dinero para adquirir unos activos que le pertenecen al Estado. “No entiendo cómo se entrega plata para comprar algo que pertenece al mismo ente territorial, ya que toda la inversión la hizo el Insfopal. En los estrados judiciales se deberá aclarar esa situación”, agregó.

Sánchez Clavijo, sin embargo, aseguró que no comparte esta versión. “Adquirí unos activos a Emponorte en liquidación y a través de un juez de la República se transfieren $1.500 millones de recursos propios con la intermediación del agente asignado para ese fin. Si no se utilizó para pagar a los empleados, no es problema mío”, señaló.

Aclaró que los activos no eran del municipio sino de Emponorte en liquidación y considera que fue una buena inversión antes de que fueran a parar a manos de particulares.