El pasado 11 de agosto, en la vereda Caño Indio, ubicada a 47 kilómetros del casco urbano de Tibú, no hubo tiempo para pensar en nada malo. Ese día, las 52 familias que viven en este sitio anclado en el corazón del Catatumbo, se reunieron con banderas blancas alrededor de la escuela La Serpentina para darle la bienvenida a la comisión tripartita conformada por el Gobierno, la Onu y las Farc, que llegó para explicarles que allí, en dos puntos de los 24 kilómetros cuadrados de su vereda, llegarían a concentrarse 598 integrantes de esa guerrilla para dejar las armas y volver a la vida civil.

Tanta fue la dicha que ninguno de los habitantes de esta vereda, que se fundó hace 30 años y que ha tenido que soportar las injusticias del conflicto armado colombiano, se detuvo a pensar con claridad lo que eso significaba. Lo primero que pensaron cuando escucharon a cada una de las partes de la comisión oficial, fue que a su zona por fin llegaría el progreso.

Pero todo ese ambiente de felicidad se empezó a enrarecer desde hace dos semanas, cuando una comisión del Gobierno volvió a la vereda para verificar las condiciones del territorio y así determinar la logística requerida para la implementación de la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN). Conocer a fondo los detalles de lo que significa ser una de estas zonas, despertó el inconformismo de muchos de los residentes de Caño Indio, pues se enteraron de que los anillos de seguridad que se instalarán en un radio de 1,4 kilómetros a la redonda para cuidar a los guerrilleros no permitirán el ingreso de precursores químicos para el procesamiento de la coca. Así mismo, les informaron que en esa zona tampoco podrá haber cultivos ilícitos.

“Para nadie es un secreto que acá todos vivimos de la coca. Ella nos da hasta para la ofrenda en las misas. Entonces, ¿cómo quieren que acabemos con estos cultivos?”, aseguró Olger Guerrero, habitante de la vereda. Al igual que este labriego, son muchos los que afirman que están de acuerdo con la ZVTN, pero no con la erradicación de la hoja de coca. “Sin esta (hoja de coca) ¿con qué sobreviviremos? Acá no podemos pensar en cultivar otra cosa porque no nos deja nada de ganancias, por lo menos si invertimos en una plantación de yuca o plátano, nos vamos a pérdidas, porque nadie compra eso”, señaló otro campesino de la zona, que pidió no ser identificado. 

^{Las familias además de cultivar coca, están produciendo pasta base.} 

“Nosotros estamos dispuestos a erradicar, pero siempre y cuando tengamos una propuesta que nos beneficie a todos. Acá hemos planteado que haya garantías en el agro para poder sacar los cultivos, que las vías sean carreteables y haya un centro de acopio donde podamos llevar y comercializar los productos. Somos conscientes de que estamos haciendo algo ilícito y queremos cambiar, pero con garantías por parte del Gobierno”, manifestó Guerrero. 

A raíz de esta posición, compartida por casi todos los residentes de la vereda, representantes del Gobierno que estuvieron el 20 de septiembre les ofrecieron a las familias que viven de la coca ampliar una propuesta que consta de darles inmediatamente $750 mil para un mercado; $2,4 millones, divididos en dos cuotas (una se entregaría a los ocho días de firmar el acuerdo y la otra en noviembre) y $3 millones para un proyecto productivo, el cual debe estar implementado en seis meses. La explicación que recibieron los labriegos es que esto se hace porque se trata de un proceso de erradicación y no de sustitución. 

Pese a esa oferta, los representantes de la comunidad se negaron y dijeron que esperan la conformación de una mesa local de diálogo y concertación entre el Gobierno, las Farc y Naciones Unidas, con los voceros, no solo de Caño Indio, sino de las veredas cercanas como El Progreso, Chiquinquirá, Casa de Zinc y Palmera Mirador; además de Ascamcat y Pastoral Social y de Víctimas de Tibú. “Reiteramos el apoyo a la paz y a un proceso concertado con las comunidades. Estamos de acuerdo con la ZVTN, pero con cultivos de coca”, señalaron. 

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) también está apoyando a los habitantes en este tema y es por eso que está interactuando con ellos y con representantes del Gobierno.

Juan Carlos Quintero, miembro directivo de Ascamcat, aseguró que “los campesinos le han pedido al Gobierno implementar ya el punto cuatro del acuerdo final, que habla sobre la problemática de las drogas, pero la respuesta que recibieron fue que no se podía, porque todo se comenzará a aplicar a partir del año entrante. Así es muy difícil negociar”. 

Por este desacuerdo, los habitantes de Caño Indio han radicalizado su posición, y demandan una alternativa que les iguale los ingresos que les deja la coca. “Si quieren que las Farc duren acá seis meses, que lo hagan con la coca que tenemos sembrada. La guerrilla y el Gobierno negociaron allá lo de ellos, pero lo de nosotros los campesinos qué, no nos podemos morir de hambre”, indicó Henry Quintero, otro labriego de Caño Indio, quien señaló que no es enemigo de la paz. “Queremos negociar directamente con el Gobierno”, agregó.

Coca, la reina  del Catatumbo

¿Por qué es tan difícil que los campesinos dejen los cultivos ilícitos? Porque la siembra de coca se vuelve rentable en pocos días, dejando ganancias que no pueden competir con las que arrojan los cultivos de ‘pancoger’. Para los habitantes de esa parte de Tibú, con una inversión inicial de $18 millones se puede sembrar una hectárea de coca (que puede ser útil entre 10 y 12 meses), dejándoles ganancias de más de $10 millones cada dos meses y medio.

Juan* siembra una hectárea de hoja de coca con  $14 millones. Cada 75 días debe invertirle $4 millones más. “Esa siembra me deja una producción de 4,3 kilos de base coca y cada kilo lo vendo a $2,4 millones, lo que significa que en cada raspa quedan $10’320.000”, contó a La Opinión. En total, recibe al año $49’536.000, recuperando su inversión inicial a los cuatro meses de haber hecho la siembra.

Sin embargo, un campesino que siembra una hectárea de plátano debe hacer una inversión inicial de $18 millones, de la cual obtiene ganancias equivalentes a $2 millones cada 7 meses. Olger Guerrero, campesino tibuyano, aseguró que en cada hectárea de plátano sembrada invierte inicialmente $11,5 millones. Cada siete meses, cuando se da la cosecha, debe destinar otros $6,5 millones para seguir manteniendo la siembra. Al año, no alcanzan a recuperar su inversión. “Así no podemos y peor si pensamos cultivar yuca u otro producto. Nos quieren pagar a muy bajos costos”, sostuvo.

Tan bueno les ha resultado el negocio de la coca a los labriegos en el Catatumbo, que muchos tienen sus propios laboratorios para producir la base que venden a los grupos armados ilegales que operan en la región, o a los narcotraficantes que llegan a la zona a hacer sus compras. Un campesino le contó a La Opinión que en estos momentos están vendiendo la producción que están sacando a un representante del cartel mexicano de Sinaloa. Aunque muchos reconocen esta realidad, pocos se atreven a decirlo con nombre propio. “Acá todos saben que le tenemos que vender a ellos, porque si no perdemos la coca. Eso no es un secreto”, dijo uno de los labriegos que pidió no ser identificado. 

El negocio de la coca es tan lucrativo, que incluso alcanza para sacar de apuros a venezolanos desempleados. Uno de ellos es José Salcedo, un zuliano que hace más de un mes llegó a Caño Indio ante la falta de oportunidades en su país y se dedicó al negocio de la siembra. 

Salcedo es técnico en sonido y electrónica, pero le empezó a ir mal económicamente en Venezuela, por lo que decidió salir a buscar otras oportunidades de ganar dinero; un compadre le contó que de este lado de la frontera, en el Catatumbo, pagaban bien por raspar coca. Al llegar a Caño Indio fue contratado por un cocalero. 

“Los sueldos en Venezuela no dan ni para alimentarnos. El sueldo mínimo de allá no llega ni a los 15 mil bolívares fuertes (33 mil pesos); en cambió acá me puedo llegar a ganar en una semana 200 mil pesos, que es una fortuna allá. La única que sabe que estoy acá es mi esposa. Jamás había trabajado en el campo, ahora sé lo duro que es. Haciendo mi trabajo en Venezuela me ganaba mil bolívares diarios y eso me alcanzaba para la comida; sin embargo eso ya no vale nada, por eso es que nos vemos obligados a venirnos para Colombia”, manifestó.

Los raspachines ganan según lo que recojan diariamente en los cultivos. Por arroba de hoja de coca (13 kilos) les pagan $8 mil, y al día, cada jornalero está recolectando entre 4 y 5 arrobas, lo que significa que puede llegar a ganarse $40 mil en un día. Los cocaleros saben que una hectárea de cultivo ilícito arroja cada dos meses y medio 150 arrobas. Además, los campesinos se han tecnificado en estas siembras con cuatro clases de coca: la pajarita, la peruana, la cuarentana y el híbrido o injerto; esta última lleva muy poco en el Catatumbo y, según los campesinos, resiste hasta el glifosato. 

Ese atractivo económico de la coca también ha llevado a que los grupos armados ilegales se involucren en el negocia del narcotráfico. Algunos campesinos del Catatumbo le manifestaron a La Opinión que la guerrilla y las bandas criminales cobran ‘vacunas’ a la coca. “Acá cualquier persona no puede venir a decir que nos quiere comprar la hoja o la base. Todo comprador que llega es autorizado por la misma guerrilla; ellos son los que deciden a quién le vendemos y a quién no. Y aquí, todo el que compra, tiene que pagarle un ‘impuesto’ a la guerrilla”, sostuvo un campesino de la zona.

Esos cobros son, justamente, los que han convertido a esta zona en una mina de oro para los grupos armados ilegales. Ahora mismo, cuando las Farc inician su proceso de tránsito a la vida civil, el Eln, el Epl y las bandas criminales están enfrascados en una lucha por quedarse con los territorios que esa guerrilla está dejando. 

Wilfredo Cañizares, director de la fundación Progresar, está convencido de que ese negocio de la droga es tan atractivo, que es imposible cambiarlo por otro legal. “Nosotros le hemos dicho al Gobierno que el modelo de negocio ilícito que genera la coca debe ser cambiado por un modelo de negocio con productos legales como los de ‘pancoger’, que sea igual o parecido al de la coca. Eso es un reto muy grande para el Estado porque no es solo que el campesino logre cambiar su economía, sino que este cambio vaya ligado a la trasformación de la infraestructura social, en la que se le garantice la compra del producto, unos precios estables y el desarrollo vial de cada zona”, explicó.

Para este defensor de derechos humanos es preocupante que se esté dando un nuevo fenómeno en el que el cultivador está pasando a ser productor de base de coca, convirtiéndose en un eslabón más fuerte de la cadena del narcotráfico. “Eso agrava el problema porque el hecho de que el campesino esté montando laboratorios artesanales, esté vinculando miembros de su familia en la transformación de la hoja de coca, y esté adquiriendo precursores químicos para producirla, buscando compradores, saliendo a la ciudad a vender la pasta, pone a toda la familia campesina en un riesgo sumamente grave”.

Para el alcalde de Tibú, Jesús Alberto Escalante, también es claro que la única forma de acabar con los cultivos y los laboratorios artesanales es que el Gobierno se comprometa con nuevos y mejores proyectos productivos, además de llevar más inversión para esa región tan olvidada. “Si el Gobierno nos respalda, como nunca lo ha hecho, vamos a tener una gran oportunidad de cambio, así como lo hicimos con la palma africana”, dijo.

Sin embargo, mientras todo eso se concreta, la realidad es que hoy, a pocos días de que se inicie la movilización de las Farc hacia la ZVTN de Caño Indio, la tensión entre sus habitantes va en aumento. Para Luis David Rincón, presidente de la junta de acción comunal de esa vereda de Tibú, de no haber un acuerdo, los habitantes de ese lugar, apoyados por otras poblaciones, no permitirán que se materialice la zona de concentración de las Farc, en esta parte de Norte de Santander.

Sábila, una opción de cambio

Jesús Alberto Escalante, alcalde de Tibú, pensando en el cambio que se podría dar con el proceso de paz con las Farc, les está planteando a los campesinos un negocio de siembra y venta de sábila. “Estamos trabajando en ese proyecto porque no podemos mirar al cultivador de coca con malos ojos; estamos diciéndoles que se les haría un estudio de suelo para confirmarles que sus tierras son actas para eso. Hasta el momento hay 430 familias interesadas, pero muy seguramente podríamos llegar a mil. De todas esas personas que han mostrado interés en cultivar sábila, el 40 por ciento tiene coca en sus fincas”, señaló el mandatario. 

La administración municipal decidió trabajar ese proyecto de la mano con la Asociación Nortesantandereana de Cultivadores de Oleaginosos Promisorios y Aloe Vera, la cual es dirigida por Javier Gómez. Según el representante de esta organización, diez campesinos se unieron para sacar adelante esta propuesta que le llegaría a mil familias. “Acá lo que se busca es darle otra propuesta a los cultivadores para que vean que hay otros productos que también les pueden dar buenas ganancias. Esperamos de aquí a diciembre tener el proyecto plasmado para presentárselo al Gobierno. Ya hemos hablado con la universidad del Zulia, en Venezuela, para que nos ayude, pues allá están certificados internacionalmente en la carrera profesional que tiene para producción de aloe vera”, indicó. 

Gómez explicó que los cultivos de sábila serían orgánicos porque el precio es más alto en el mercado. “La inversión inicial sería de entre $25 y $30 millones y en año y medio el campesino tendría su primera cosecha. La idea es que al año se saquen 100 toneladas de penca de sábila; un kilo de esto está en el mercado a 600 pesos, pero si lo convertimos en gel, ese kilo se puede vender entre 4 y 6 mil pesos. La idea es que cada familia tenga dos hectáreas sembradas y reciba una ganancia trimestral de $20 millones”.

Entre laboratorios artesanales

La Opinión logró llegar hasta un laboratorio y comprobó cómo elaboran la base de coca. Estos lugares son instalados por algunas semanas en fincas esparcidas por todo el Catatumbo. Es allí adonde llevan las hojas que han sido arrancadas a las matas, para esparcirlas y combinarlas con abono; después de media hora comienzan a picarlas con una guadaña y una vez terminan, todo lo picado lo mezclan con sulfato, cal, agua y gasolina; luego, dejan reposar esto en canecas por otra media hora. Este proceso se llama frasear.  

Posteriormente, sacan el líquido por medio de unas canaletas y el picadillo de la hoja que queda lo desechan. Lo recolectado lo vuelven a revolver con permanganato para separar la gasolina, acpm o petróleo del agua; luego, comienzan a remover una y otra vez hasta que se separa la gasolina del agua. Al extraer el combustible por completo, queda un polvo que echan en otros recipientes, dejándolo reposar entre cinco y ocho días; de allí sale la pasta de coca, que es vendida para sacar la cocaína pura.

ZVTN en zonas con coca

Fuentes del Ministerio de Justicia le manifestaron a La Opinión que los programas que se planean ejecutar para lograr la sustitución de cultivos, parten de reconocer realidades territoriales por superar y de procurar el diseño y ejecución de acciones que se traduzcan en oportunidades para la superación de las condiciones de vulnerabilidad a las que han estado sometidos los pequeños cultivadores de coca.

“No es fácil pretender eliminar de inmediato los cultivos ilícitos en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, como sabemos que existen en Caño Indio, Tibú, porque la erradicación manual, por sí sola,  no es suficiente para el logro de un territorio con condiciones para el desarrollo sostenible”, señaló una fuente de este ministerio.

Esa vereda, así como todas las veredas afectadas por cultivos ilícitos en el país serán atendidas por el Estado, en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que implica un proceso participativo de identificación de las necesidades de cada zona para lograr la transformación progresiva de sus vulnerabilidades territoriales frente a los cultivos ilícitos.

Para esto, el Gobierno le apuesta al desarrollo rural integral de estas zonas y este proceso se hará en sincronización con la lucha contra la criminalidad asociada al narcotráfico.

Adicionalmente, las ZVTN contarán con una zona de seguridad en sus límites, lo que permitirá el control de la misma. “Es muy importante entender que el objetivo de estas Zonas es el de garantizar el cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas, para lo cual se establecerá un control de seguridad por un periodo máximo de 6 meses”, agregó la fuente.

Finalmente, desde el Ministerio de Justicia aseguraron que “la entrada en vigencia de las ZVTN no dependerá de la presencia de cultivos ilícitos, como tampoco podría depender de la existencia de minería ilegal o de otros fenómenos ilegales que el Gobierno comprende actualmente como el resultado de una combinación de factores políticos, económicos y sociales, que pretende solucionar a través de procesos sostenibles e integrales, y del control de la criminalidad en los territorios, que para el caso de los cultivos ilícitos en concreto, están contemplados en la política pública y en los Acuerdos de Paz”.

*Nombre cambiado por seguridad de la fuente