La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Instituto Republicano Internacional (IRI) convocaron a un total de 65 jóvenes del Catatumbo,  Meta, Caquetá, Buenaventura y Cauca para que compartieran, durante tres meses, sus percepciones y propuestas sobre la implementación del Acuerdo de Paz,  en el marco de las ‘Conversaciones de paz: los jóvenes se toman la palabra’.

Los resultados de esas conversaciones fueron presentados por ellos mismos a congresistas de la Comisión de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes, en una jornada virtual en la que participó la directora ejecutiva de la FIP, María Victoria Llorente, quien recordó el propósito del proyecto.

“En la FIP reconocemos el valor de las iniciativas participativas y de diálogo porque permiten acercarnos a realidades y percepciones de las comunidades y otros actores en los territorios. Con ‘Los jóvenes se toman la palabra’ buscamos tender puentes entre los participantes y los tomadores de decisiones, para que sus opiniones y percepciones sean tenidas en cuenta”, sostuvo Llorente.

Recrudecimiento de violencia y reclutamiento forzado

Los jóvenes afirmaron sentirse vulnerables a sufrir los impactos de la violencia, a ser vinculados a economías ilegales y a ser reclutados forzosamente por grupos armados.

Jhosmario Alsina, un joven del municipio de San Calixto, enfatizó que, en algunos casos, el nivel educativo de la subregión nortesantandereana ha hecho que los estudiantes se retiren para hacer parte de las economías ilegales porque “la calidad de la educación y el modelo educativo son muy precarios”.

“En las zonas rurales la educación no está en óptimas condiciones. Tenemos docentes que no están capacitados y no cuentan con las herramientas pertinentes para  brindarnos los conocimientos de necesitamos. Muchos jóvenes desertan del estudio para ingresar a grupos al margen de la ley y a trabajar en cultivos ilícitos”, sostuvo.

Con respecto al recrudecimiento de la violencia, el representante a la Cámara, Crisanto Pisso, manifestó su preocupación por el aumento del reclutamiento de jóvenes a causa de la lentitud en la implementación del Acuerdo de Paz.

 “Es que ya no es un grupo con un jefe los que reclutan, son varios grupos armados los que están incitando a los jóvenes a la guerra. Mientras que el Estado los abandona, los grupos armados les ofrecen opciones económicas delinquiendo”, dijo.

Educación en pandemia

Los jóvenes de las cuatro regiones coincidieron en que en el área rural la calidad de la educación no es la mejor y que la escaza conectividad dificultó la asistencia a clases virtuales de muchos jóvenes durante la pandemia.

Al respecto, Vivien Alba, representante de los jóvenes del Catatumbo, señaló que “las zonas rurales del Catatumbo son territorios muy extensos que hacen que la población no tenga una educación de calidad, ni acceso a plataformas digitales”.

La adolescente comentó durante el encuentro con los congresistas que  para participar en la actividad virtual lo tuvo que hacer a través de línea telefónica, porque no había internet en su municipio, fenómeno que “ocurre a veces con las clases virtuales”.

Frente a esto, el representante a la Cámara Juan Carlos Lozada se sumó a los jóvenes señalando que “la instrumentalización de la educación para el trabajo está nublando las oportunidades. Duele ver cómo la educación para las regiones más apartadas carece de la calidad necesaria con el argumento de que tiene que ser práctica”.

En el mismo sentido, el senador Antonio Sanguino llamó la atención sobre el aumentó de la deserción escolar por cuenta de las barreras de conectividad en las zonas rurales. “Según cifras del DANE, el 33% de los jóvenes colombianos ni trabajan ni estudian. Tras la pandemia, el 37% de los estudiantes de educación superior desertaron de la educación pública y cerca del 50% desertaron de la educación básica y media, debido a las brechas digitales que se pusieron al descubierto en medio de la pandemia. Esto debería alarmar al Estado”, manifestó.

 Sobre este mismo panorama, el año pasado, la FIP había advertido que la suspensión de clases presenciales, sumado a la crisis económica, podría hacer más vulnerables a niños, niñas y adolescentes al reclutamiento forzado o la vinculación a economías ilegales.

Piden más participación en la toma de decisiones

Casi que al unísono, los jóvenes participantes reclamaron que las autoridades locales de sus regiones los subestiman y no tienen en cuenta sus opiniones. Señalaron que no se promueven los espacios de participación juvenil ni la vinculación de nuevos participantes, aunque los grupos de jóvenes estén organizados.

Por ejemplo, Darwin Delgado, de San Calixto, contó que los jóvenes no han recibido apoyo en procesos de empoderamiento y liderazgo.

“Un ejemplo son las plataformas juveniles, en donde el apoyo es muy bajo y limitado, así sentimos que no tenemos oportunidades para enfrentar el futuro con empoderamiento y con  liderazgo. Esto ha frenado el interés de muchos jóvenes en querer participar e involucrarse en procesos”, aseguró.

Al respecto, la representante a la Cámara Juanita Goebertus señaló que en los informes de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, que hacen desde el Congreso de la República, se evidenció la baja participación ciudadana en la etapa de hojas de ruta de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

“Los problemas de conectividad son evidentes cuando el proceso se hace de manera virtual. Los elementos que ustedes están poniendo de presente los tenemos que poner sobre la mesa. Escucharlos nos permite tener una mirada territorial”, dijo.