Lo que, durante los últimos años, ha venido ocurriendo en varios casos relativos a la postulación y elección de funcionarios de alto nivel, especialmente en la Rama Judicial y en órganos de control, demuestra hasta la saciedad cómo es de equivocada la práctica que se viene aplicando por las corporaciones postulantes y por los cuerpos electores cuando se trata de proceder a la escogencia de quien haya de desempeñar el cargo. Una perniciosa costumbre clientelista que está causando mucho daño a las instituciones, al Estado de Derecho y a la Justicia.

Esa práctica consiste en tener por motivación predominante y por criterio inexcusable de selección entre los aspirantes el mayor o menor apoyo político que cada uno de ellos pueda exhibir y demostrar.

La tendencia imperante, que infortunadamente ha hecho carrera, consiste en entregar el cargo -como si de una vara de premios se tratara- al candidato con mayor capacidad de “lobby” -“cabildeo”, diríamos en castellano- , es decir al que logre conseguir, como sea, los votos necesarios. Los mismos candidatos hablan de iniciar una “campaña”, cuando debería bastar la presentación de sus hojas de vida, de su trayectoria profesional, de sus antecedentes, de sus conocimientos, sin necesidad de agasajos, banquetes, atenciones, promesas, compromisos o –peor aún- concesiones o beneficios burocráticos o de otra índole a los electores o postulantes o a sus familiares cuando el candidato ya desempeña el cargo –porque también existe entre nosotros la no menos perniciosa figura de la reelección-.

Esta modalidad de elección es, por decir lo menos, desmoralizadora, y desanima de entrada a quien, teniendo verdaderos títulos para ejercer el cargo, no se somete a tal proceso.

Se oye decir en las mismas corporaciones que, en su interior, “la hoja de vida es lo de menos”. Lo importante es el grupo al que se pertenezca; la recomendación; el vínculo con personas influyentes; su compromiso con futuras posiciones o decisiones -¿una invitación al prevaricato?-, y, desde luego, la capacidad de intriga, que al parecer se constituye en lo más valioso.

Creo que, además, en alguna corporación judicial las plazas se dividen entre los liberales y los conservadores, de suerte que quien provenga de una vertiente política o ideológica distinta está de antemano excluido.

Por otra parte, se habla de “bloques” en el interior de las corporaciones postulantes, lo cual se explica en las cámaras -en donde existen las bancadas de los partidos- pero resulta completamente irregular en las altas corporaciones judiciales. Esos “bloques” entran en pugna en cada oportunidad de selección de candidatos, y resulta muy difícil llegar a la obtención de la mayoría necesaria para que alguien resulte elegido. Con razón se demoran años los procesos de postulación y elección.

En fin, algo deplorable e inconstitucional. Y, después de la elección, sí aparecen los problemas en las hojas de vida.