Dirán que ese es el costo de la democracia. El proceso de revocatoria del alcalde Jairo Yáñez que recibió vía libre, pero no llegó a ninguna parte, valió $4.400 millones, que en promedio equivale a $380.787 por voto.

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Fueron más los volantes que repartieron los promotores que los votantes que salieron ese 26 de junio de 2022.

Luego de venir de las elecciones de Congreso y de la primera y segunda vuelta presidencial, en Cúcuta, aquél Día del Padre la soledad reinó en las  915 mesas instaladas en 78 puestos de votación  habilitados.

Muy curioso resultó que en algunas jornadas se distribuyeran hasta 140.000 volantes en diferentes sectores de la ciudad, mientras que a las urnas solo acudieron 11.555 personas. Hicieron falta 119.010 para completar los 130.565 electores que, como mínimo, se necesitaban para la activación.

El escaso número de participantes, con 6.759 que marcaron sí, condujo a un estruendoso fracaso, puesto que el comité, al tercamente llevar a la ciudad a este proceso, ni siquiera leyó el momento que se vivía al verse como un revanchismo de los perdedores. 

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El grupo organizador tampoco entendió las señales de las movidas políticas que ocurrieron y del indudable efecto de los aplazamientos de esta consulta ciudadana.

Y pareciera que no detectaron o no quisieron ver al otro jugador que se sentó en la mesa como fue el cansancio por tantas elecciones seguidas, que sin duda debilitó las posibilidades del éxito esperado por ellos.

En cambio, el alcalde Yáñez con su megáfono, y cuyo mandato ha tenido fuertes críticas y cuestionamientos por sus opositores, salió en  hombros de la abstención que lo favoreció, puesto que a las urnas apenas acudió el 1,8 por ciento del potencial electoral. Por eso, triunfante dijo: "...son más de 500.000 ciudadanos que apostaron con su silencio el voto positivo de que el alcalde está haciendo un buen trabajo".

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Sin embargo, en una Cúcuta donde las necesidades abundan y la plata escasea para solucionarlas, la cruda realidad le permite al ciudadano pensar que esos $4.400 millones hubieran servido para arreglar escuelas o financiar un plan social o ampliar la cobertura del Plan de Alimentación Escolar (PAE) o lanzar un programa contra el hambre y la desnutrición o en seguridad, por ejemplo. 

No hay que olvidar que este mecanismo de participación democrática se ha utilizado en 71 oportunidades en Colombia, entre ellas, Ocaña y Cúcuta para el caso de Norte de Santander, pero solo en Tasco (Boyacá) y Susa (Cundinamarca) los alcaldes se han tenido que ir porque el pueblo los revocó.

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