Hoy se adelanta la audiencia de juicio oral en contra de César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo y los abogados de paramilitares, Diego Álvarez y Sergio Augusto Mejía, por el caso de desprestigio a la Corte Suprema de Justicia, en el año 2007.

El proceso judicial se sigue en contra de los dos altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por el espionaje ilegal a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y opositores del gobierno.

Edmundo del Castillo era para la época de los hechos secretario jurídico de la Presidencia de la República, mientras que Cesar Mauricio Velásquez se desempeñaba como secretario de prensa en el segundo periodo del gobierno de Uribe.

La diligencia se realizó ante el juez 56 de conocimiento de Bogotá y resaltó la declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso desde un centro migratorio en los Estados Unidos, donde espera ser deportado a suelo colombiano.

En su declaración, Mancuso se refirió a tres temas importantes en relación con el proceso de desprestigio a la corte.

En primer lugar, aseguró que la Fiscalía y el Gobierno han incumplido con la protección a su familia y abogados, ya que han recibido amenazas.

Mancuso aseguró que se siente en peligro cada vez que habla de temas relacionados con el expresidente Uribe, por lo que pide que le den seguridad a su familia.

“Este es un tema bien complejo y delicado en el cual voy a hacer algunas salvedades y tiene que ver el tema de mi seguridad. Cuando yo rendí declaraciones en el año 2016, le solicité respetuosamente a la Fiscalía que por favor me dieran medidas de seguridad, para mí, para mi familia, para mis abogados, pero esa situación no se ha subsanado lamentablemente”, dijo Mancuso.

Estando en reclusión en Itagui, aseguró, tuvo conocimiento de la relación de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el ‘Tuso’ Sierra, con el abogado Sergio Augusto González Mejía y que para esa época miembros del gobierno y desmovilizados de las AUC estaban planeando maniobras contra la corte Suprema de justicia.

Mancuso ratificó las versiones que entregó en el año 2016, en una cárcel de Nueva York, en donde aseguró que, para desprestigiar a la Corte, lo buscaron para que ayudara a conseguir una foto, un recibo o una prueba de reuniones de un magistrado con Giorgio Sale (sindicado por lavado de activos) y que detrás de eso estaban Santiago Uribe, Mario Uribe, José Obdulio Gaviria y Juan Carlos Sierra.

Aseguró que los políticos pretendían nombrar una Corte Suprema ad hoc. “Esa razón la trajo el abogado Luis Miguel Llorente, con relación al tema que se estaba presentando, que era la idea que tenían dentro del gobierno Uribe, con relación a la Corte Suprema de justicia por las investigaciones que estaban adelantando, que en últimas era el círculo más cercano a Uribe”.

Mancuso aseguró que la idea del gobierno Uribe era escoger la nueva corte a dedo y desprestigiar, deslegitimar e intimidar a la Corte, para que cesaran las investigaciones.

Agregó que varias veces el gobierno de Uribe hizo un acercamiento a él, refiriéndose a la preocupación de sus declaraciones, “que salpicaban” a Uribe y lo ponían en una estrecha relación con las Autodefensas.

Contó que Severo Antonio Jiménez, alias Job, le dijo en la cárcel de Itagui que José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, exparamilitar, fue a casa de Nariño a llevar unas pruebas para el montaje y desprestigio que se adelantaba, presuntamente, contra la Corte Suprema de Justicia y que en esa reunión estuvieron Cesar Mauricio Velázquez, Edmundo del Castillo, alias ‘Tasmania’ y los abogados investigados.

Mancuso aseguró que la campaña de desprestigio a la Corte se extendió a periodistas como Daniel Coronell y Hollman Morris y en general a medios de comunicación y políticos que apoyaban la investigación de la corte contra los políticos cercanos al presidente Uribe.

El exparamilitar dijo q se trató de una alianza de desprestigio encabezada por la Casa de Nariño, con apoyo del DAS y la ayuda de la oficina de Envigado.

“Uribe necesitaba defender a su equipo político y por eso sabíamos qué estamos declarando y lo que estábamos diciendo, pero no solamente nos tenía chuzados a nosotros, sino que había ordenado al DAS hacer un seguimiento ilegal contra los miembros de la corte suprema de justicia, contra los testigos, organizaciones de derechos humanos y periodistas que eran incomodos para el gobierno”, dijo Mancuso.

La audiencia pública se pausó cuando el periodista Ricardo Calderón Villegas solicitó que su testimonio fuera privado.

Ahora, dos ex fiscales están rindiendo su testimonio en este caso.