La Cámara de Representantes aprobó con 142 votos el proyecto de ley para el establecimiento del llamado fuero reforzado laboral para las embarazadas, en el que el Estado deberá entrar a jugar un papel activo para que esto se cumpla.

La coordinación de los ponentes de la iniciativa, que ahora pasará al Senado de la República, estuvo a cargo del congresista por Norte de Santander, Jairo Cristo Correa.

El dirigente explicó que esta iniciativa aborda la protección del derecho al trabajo de las mujeres para que no existan trabas a la hora de contratarlas, por ejemplo, durante menos de un año en ciertas actividades específicas, y que en ese lapso  queden embarazadas.

“En el proyecto se plantea que al existir justas causas para la finalización del vínculo laboral, (la trabajadora o empleada) pasará automáticamente del régimen contributivo de salud al subsidiado, que sacará un promedio para reconocerle la licencia”, destacó.

Según Cristo, de esa forma se está activando el artículo 43 de la Constitución, con el fin de que el Estado también sea partícipe del fuero reforzado, como lo señala uno de sus apartes: “durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”.

El congresista aseguró que en casos como estos “de justa causa de terminación de contrato”, un empresario no tendrá temor en contratar mujeres, porque si llegaran a quedar embarazadas al ser traspasadas a una ARS, tendrían derecho a ser cubiertas por el subsidio.

“Ahí se quita una talanquera para quien vincule mujeres  para labores estacionales o muy específicas en el tiempo y no continuas, puesto que de salir  embarazadas, el empresario le dirá a la autoridad laboral que hay una justa causa, y entonces a ella la reconocerán teniendo en cuenta el monto que cotizó en la EPS y ahí el Gobierno pondrá otra parte y le cubrirán su período de gestación y lactancia”, agregó.

Cristo precisó que el trámite consiste en que al término del  contrato, el empleador procederá a pedirle permiso al juez laboral o a la Oficina  del Trabajo para el despido, indicándole que a dicha extrabajadora la tomará el régimen subsidiado para que la cubra el beneficio del fuero reforzado.

“En este procedimiento que se llama de movilidad, a la antigua cotizante se le promediará lo que ella aportó más una partida que le asigne el Estado para que obtenga por lo menos el equivalente al 60 por ciento de un salario mínimo como  subsidio de maternidad”, añadió el congresista de Cambio Radical. 

“Es un proyecto que le estaba haciendo falta al país”, declaró.