Tras evaluar las pruebas y testimonios entregados por la pareja de esposos: Claudia Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura departamental, y Lenin Pardo, excontratista de la Gobernación, sobre la presunta red de corrupción que se ejecutó en el mandato de Richard Aguilar como gobernador de Santander, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, decidió firmar el principio de oportunidad solicitado por Toledo y Pardo, para frenar el juicio penal que afrontan por las irregularidades en la adjudicación del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López en Bucaramanga, por un valor superior a los $24 mil millones.

Por obtener dicho beneficio, la pareja de esposos se convertirá en los testigos claves de la Fiscalía en contra de los congresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros.

Desmantelar la red de corrupción

La pareja de esposos también deberá colaborar con la justicia para desmantelar una presunta red de corrupción, que operaba desde la Secretaría de Infraestructura de Santander y la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, para el direccionamiento de contratos de obras por valor superior a los $500 mil millones.

La red

El primero en la mira de la Fiscalía es el empresario Julián Jaramillo Díaz, quien se desempeñó como asesor de despacho de Aguilar Villa. Según el relato de Claudia Toledo y Lenin Pardo, Jaramillo Díaz, como Director de Proyectos de Infraestructura, sería el encargado de dirigir el “combo de Infraestructura” para ajustar los pliegos de los procesos licitatorios a favor de los contratistas que ellos necesitaban que ganaran.

Julián Jaramillo, hijo de Libardo Jaramillo, procesado penalmente por temas de corrupción en el ‘Carrusel de contratos en el Imebú’, llegó a la administración de Aguilar Villa luego de vender su participación accionaria en las empresas Construmarca e Impregráficas a Milena García Quintero, esposa de Pedro Beltrán, socio de Julián Jaramillo.

Dentro del documento que valida el principio de oportunidad firmado por la Fiscalía, la pareja de esposos se comprometió a demostrar que los ingenieros: Édgar Báez Ariza, César Castro Villaveces, Silvia Natalia Oviedo Sánchez, Carlos Lopera Giraldo, Carlos Andrés Páez, junto con el visto bueno de Roberto Ardila, exasesor jurídico de la administración Aguilar, presuntamente pertenecían al grupo de apoyo encargado de direccionar la contratación de la Gobernación de Santander en la administración Aguilar Villa. Grupo que sería liderado por Julián Jaramillo Díaz.

Esta red habría tenido injerencia en la confección de los pliegos de condiciones de megaproyectos de infraestructura, como el Corredor vial San Gil - Charalá – Límites; el Corredor Agroforestal y el Tercer Carril en Bucaramanga, contratos que superaron los $478 mil millones.

El compromiso de colaboración efectiva con la justicia asumido por Toledo y Pardo no se remite únicamente en aportar pruebas y testificar en contra de Richard Aguilar y Edwin Ballesteros.

Primo de Aguilar

Por el testimonio entregado por Claudia Toledo en el que afirman que el exgobernador Aguilar Villa la presionó para que le adjudicara el Corredor vial San Gil - Charalá – Límites a la empresa que señalara Aureliano Naranjo, primo del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, (papá de Richard Aguilar), la Fiscalía también lo puso en la mira.

Se investiga que al no haberse podido adjudicar el Corredor vial San Gil - Charalá – Límites, finalmente este “primo” se habría quedado con el millonario contrato para construir el corredor Agroforestal, gracias a la intermediación de Aguilar Villa y el ajuste de los pliegos por parte de Julián Jaramillo y su “combo de infraestructura”.

Círculo de confianza

De igual forma, el ente acusador investiga a varios de los funcionarios más cercanos al senador Richard Aguilar.

La Fiscalía busca con la colaboración de Toledo y Pardo revisar el grado de responsabilidad de Felipe Villamil, un contratista que pasó de ser un instructor del Indersantander a convertirse en asesor de despacho de Aguilar Villa. Esta persona tendría injerencia en el direccionamiento de contratos en otras secretarías de la Gobernación, diferentes a las obras públicas que manejaba Jaramillo desde Infraestructura.

Así mismo, en la mira de la Fiscalía está Raúl Cardozo Navas, exgerente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, por orden de Richard Aguilar, quien fungía en ese entonces como Gobernador y desde donde se habría direccionado millonarios contratos de alcantarillado.

Corrupción en la Esant

Igualmente, Claudia Toledo y Lenin Pardo deberán ayudar a la Fiscalía como testigos en contra del representante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, por la presunta red de corrupción que habría coordinado Ballesteros Archila cuando ejerció como gerente de la Esant, con el presunto visto bueno de Aguilar.

La decisión de la alta corte, se dio tras la declaración juramentada elevada por el excontratista Lenin Pardo Pulido, quien señala a Edwin Ballesteros de haber exigido coimas para direccionar la licitación para contratar la construcción del Acueducto de Landázuri, por valor $4.346 millones.

En los folios que reposan en la Fiscalía y la Corte Suprema, Lenin Pardo dio a conocer varios chats de mensajería instantánea que sostuvo con el hoy representante Edwin Ballesteros, en julio de 2015, cuando Ballesteros Archila fungía como gerente de la Esant, para cuadrar el pago de la coima por valor de $150 millones para asegurar la adjudicación del millonario contrato a favor de Pardo Pulido.

Adicionalmente, Lenin Pardo sostiene que el Representante a la Cámara por el Centro Democrático recibió de un tercero $600 millones para que le fueran entregados al exgobernador, Richard Aguilar, con el fin que le adjudicaran dos proyecto de obras de alcantarillado en Barichara y Chipatá, los cuales licitaría a través de la Esant.

Irregularidades en el estadio

Claudia Toledo y Lenin Pardo, también deberán testificar en contra de los contratistas Octavio Reyes y Artemio Suárez, quienes integraron el consorcio para ejecutar las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga. Contrato por el cual, los contratistas habrían pagado coimas por más de $2 mil millones y por el cual hoy se encuentra suspendido el juicio contra Toledo y Pardo, gracias al principio de oportunidad.

La pareja de esposos también se comprometió a testificar en contra de Andrés Mauricio Díaz, interventor de las obras de reforzamiento del estadio y quien se habría prestado para avalar las irregularidades contractuales.

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