Hace unos días fue aprobado por el Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023 y cada vez son más las voces que se suman a la preocupación que persiste por el bajo monto destinado para la indemnización de las víctimas del conflicto.

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La advertencia más reciente la hizo el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, quien sugirió la necesidad de incrementar la asignación económica comprometida para la atención integral y reparación de los afectados por la violencia, pues señaló que de continuar la tendencia actual de pagos, se necesitarían 80 años para garantizar el derecho a la indemnización de todas las víctimas.

Y es que según el proyecto avalado en Senado y Cámara, los recursos para atender a este sector de la población quedaron fijados en un poco más de $1,3 billones, esto es un 19% más que en el presupuesto de este año.

“La indemnización a las víctimas del conflicto armado es uno de los presupuestos centrales para la construcción de paz, como se afirmó en el noveno informe radicado al Congreso de la República por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, conformada por la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas”, manifestó el defensor.

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Camargo recordó que en los primeros 10 años de vigencia de la Ley de Víctimas solo el 12% de las personas que aparecen en el Registro Único han sido reparadas, debido al poco presupuesto para hacer esas indemnizaciones, lo que obliga a revisar los recursos que se asignan para tal fin.

“Se debe priorizar la atención y reparación de víctimas en el Presupuesto Nacional. Este es un tema que amerita toda la atención de los congresistas y el Gobierno Nacional, para que sigamos construyendo un país en paz”, insistió el funcionario.

De acuerdo con las cifras que maneja la Defensoría, todavía están pendientes de indemnización un universo de 8’813.711 víctimas. “Si se toma el presupuesto proyectado en el Conpes 4031 del 2021, serán indemnizadas aproximadamente 1’170.706, lo que indica que el presupuesto sigue siendo bajo”, agregó.

En este sentido, la entidad acogió la petición que vienen haciendo los congresistas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), para que se haga una adición sustancial al Presupuesto General de la Nación y se destine al pago de la indemnización de las  víctimas reconocidas actualmente en el país, en aras de garantizar una verdadera  reparación integral de los más afectados por el conflicto armado.

La propuesta de los congresistas

Diógenes Quintero, representante a la Cámara por la Citrep del Catatumbo y vocero de la bancada de paz, reafirmó lo dicho por el defensor del Pueblo, en el sentido de que el presupuesto para reparar a las víctimas en 2023 es muy bajo, si se tiene en cuenta que con el aumento del salario mínimo, el próximo año, y la inflación, el monto asignado se reducirá de manera considerable.

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El dirigente nortesantandereano manifestó que los desafíos en materia de reparación son notables, toda vez que además de las indemnizaciones individuales, actualmente existen 842 sujetos de reparación colectiva inscritos en el Registro Único de Víctimas, de los cuales solamente 50 han cerrado sus Planes Integrales de Reparación Colectiva.

Ante el panorama al que se enfrentan, Quintero dijo que le plantearon al Gobierno Nacional que una de sus metas en este periodo sea indemnizar, al menos, un millón de víctimas y para ello se requiere destinar un promedio de $2 billones por año.

Con ese fin, presentaron una propuesta identificando algunas fuentes de financiación que podrían ayudar a lograr el objetivo, así:

-En el Presupuesto General de la Nación que se acaba de aprobar para 2023 se comprometerá, por parte del Ministerio de Hacienda, una transferencia de la Bolsa de Paz, mínimo de $50.000 millones. La aspiración  es que ese monto llegue a los $300.000 millones.

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-Otra fuente de ingresos es el presupuesto bianual de regalías que se discute actualmente en el Congreso. Este proyecto incluye una partida de $3,4 billones para financiar proyectos que consoliden la ‘Paz Total’, a través de la estabilización y transformación de los territorios más afectados por la violencia. Se espera que parte de esos recursos puedan ir a la reparación de víctimas.

-La bancada de la paz espera también una adición de los recursos que se recauden el próximo año, por cuenta de la reforma tributaria.

“Con esto llegaríamos a los $2 billones, que es la meta a la que aspiramos llegar para 2023. Si bien no es suficiente, pues el rezago en reparaciones es muy grande, sí sería un avance muy importante. Estas en realidad son cifras razonables, no estamos pidiendo imposibles”, manifestó Quintero.

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