La semana pasada, el partido Comunes radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que sin haber comenzado su estudio, ya genera una amplia controversia: el reconocimiento y reglamentación de las guardias campesinas.
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La iniciativa pretende que estas formas de organización campesina que existen en regiones como el Catatumbo se constituyan en un “mecanismo comunitario de protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la identidad campesina”.
En la exposición de motivos, los autores de la propuesta destacan justamente el caso de la guardia catatumbera que, según explican, surgió en 2014 ante la necesidad de proteger el territorio y los derechos humanos del campesinado.
“La conformación, vigencia y estructuración de las guardias campesinas han significado no solo una forma más de expresión social y organizativa, sino una forma en la que sujetos de especial protección constitucional, como es el campesinado, cuente con el desarrollo de su identidad, buenas prácticas comunitarias y el desarrollo de la pertenencia por el territorio que habitan, laboran, producen y han defendido a lo largo de la historia”, señala el proyecto de Comunes.
En ese sentido, los exintegrantes de las Farc intentan su legalización, con el fin de que sean reconocidas como un “mecanismo de protección permanente con carácter comunitario”, pero cuyo fin no es reemplazar las funciones y obligaciones de la Fuerzas Militares y de Policía.
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“Las guardias campesinas serán de carácter comunitario, civil, no armado, pacíficas, no coercitivas, que estarán en cumplimiento de las funciones constitucionales en defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz territorial, mediante acciones sociales, de acompañamiento, formación al campesinado y la permanencia en el territorio”, dice el texto de la iniciativa.
Allí se señala que, entre sus funciones, ejercerían la interlocución entre los actores de la sociedad civil cuando presenten controversias o desacuerdos conforme a sus funciones, servirían de mediadores, acompañarían a las comunidades campesinas en casos de amenazas, violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, serían actores relevantes en los escenarios de construcción de paz territorial, entre otros.
Con relación a su financiamiento, en el proyecto se plantea que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, destinará una partida presupuestal, con el fin de generar las condiciones en materia de indumentaria, equipos y formación de las guardias que acredite el Ministerio del Interior.
‘Ejércitos paramilitares de izquierda’
La propuesta del partido de la desaparecida guerrilla de las Farc no tardó en generar el rechazo del Centro Democrático, que equiparó el reconocimiento de las guardias campesinas con la creación de “ejércitos paramilitares de izquierda”.
“El proyecto de ley de las Farc que pretende legalizar las guardias campesinas representa una amenaza para la seguridad de los colombianos. Con esta iniciativa se estaría legitimando ejércitos privados a favor de la izquierda”, manifestó la colectividad, que a partir del 7 de agosto pasará a estar en la oposición al gobierno de Gustavo Petro.
La senadora del CD, María Fernanda Cabal, también lanzó duras críticas contra la iniciativa de Comunes y se mantuvo en la misma línea de su partido, en cuanto a que el reconocimiento de las organizaciones campesinas sería el “equivalente a una autodefensa”.
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Esto desató la indignación de varias organizaciones campesinas que calificaron las palabras de Cabal y del uribismo como una clara estigmatización y politización.
“No somos un mecanismo armado, ni insurgente, ni violento. No tenemos armas, nuestro símbolo es el bastón, el cual es un símbolo de vida y de paz. No reemplazamos, ni pretendemos reemplazar las funciones de la Fuerza Pública, Policía y Ejército”, respondieron desde la guardia campesina Humberto Moncada, a las declaraciones del Centro Democrático.
¿Es viable o no la propuesta?
Ante el debate que ha desencadenado la idea de reconocer y reglamentar las guardias campesinas del país, La Opinión consultó a algunos expertos, con el fin de saber qué tan viable, conveniente y necesario es este paso que se quiere dar en el Congreso.
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Al respecto, Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señaló que, teniendo en cuenta que se trata de un tema difícil de abordar, sensible y de mucho cuidado, es posible que haya sido apresurado presentarlo en un momento de transición como el que vive el país, en donde el nuevo gobierno apenas va a tomar posesión y cualquier cambio radical puede ser abrupto.
Explicó que si bien este tipo de organizaciones campesinas han surgido en territorios como el Catatumbo por la misma necesidad de llenar algunos vacíos en materia de institucionalidad y presencia de la Fuerza Pública, respondiendo mucho más a una naturaleza comunitaria, también es cierto que la misión del Estado es garantizar cobertura en términos de servicios y atención a las comunidades, pero también de protección.
“Las guardias campesinas han surgido ante una necesidad de protección, pero no porque se reglamenten las guardias deja de ser esta una responsabilidad del Estado colombiano. Creo que en ello hay que hacer un énfasis importante, porque a lo que nos podemos estar enfrentando es que simplemente sigamos diversificando el tipo de estructuras, figuras que le apuntan al control territorial, a la regulación de las dinámicas en los territorios y esto se puede ir saliendo de las manos”, opinó Prada.
Consideró que, de alguna forma, la constitución y reconocimiento de más guardias campesinas se podría convertir en un riesgo para los miembros de estas organizaciones, pues al surgir en escenarios donde hacen presencia los grupos armados, estos en determinado momento podrían verlas como un objetivo, una amenaza y atacarlas.
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Por otro lado, para la investigadora los actores al margen de la ley también podrían ver a las guardias como un elemento clave para su cooptación y “terminen involucrando elementos que en la reglamentación son claros que no estarían, como por ejemplo el tema armado”.
En su criterio, “la idea de reglamentarlas tiene dos ángulos: uno, buscar que no se descontrolen, que respondan a un fin útil, y también buscan solventar el vacío de protección que hay en las comunidades campesinas, pero no necesariamente puede ser la mejor alternativa o se puede elaborar un poco más cómo podría ser esa estrategia”, planteó Prada.
Por su parte, el coronel retirado John Marulanda, especialista en temas de seguridad y defensa, consideró que lo que se está tratando de hacer con este proyecto es habilitar grupos armados para que, “bajo el imperio de la ley, asuman el control de la seguridad de determinadas áreas del país, en particular las áreas en donde los indígenas han mantenido su control y dominio y su economía, que es muy importante”.
Dijo que al darles reconocimiento a estas guardias, de cierta manera se desconoce la fuerza de la ley y por eso considera que la iniciativa es inconveniente.
“La Constitución solo reconoce un organismo que tiene la autoridad del Estado para llevar las armas, es decir, la fuerza legal y legítima del Estado, y son las Fuerzas Militares y de Policía. Al ceder eso, el Gobierno estaría cediendo parte de su autoridad y autonomía en el uso de la fuerza”, dijo.
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