Como parte del proceso de reestructuración que anunció esta semana la Presidencia de la República, con el fin de generar un ahorro de al menos $23.000 millones en lo que resta del 2022 y más de $83.000 millones en 2023, el Gobierno confirmó la eliminación de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, también conocida como Gerencia de Fronteras.
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Esta dependencia fue creada en febrero de 2018 durante la presidencia de Juan Manuel Santos, dentro de la institucionalidad que se diseñó para hacerle frente al fenómeno migratorio desencadenado por la crisis en Venezuela.
No obstante, el Gobierno actual considera que los temas y funciones que venía asumiendo esta Oficina en departamentos como Norte de Santander son propios del Ministerio de Relaciones Exteriores y como tal deben volver a concentrarse en esa cartera.
“Nosotros recibimos una Presidencia con 13 Altas Consejerías que eran ministerios pequeños y había unos costos paralelos muy altos, y además generaban una duplicidad de funciones, porque no se entendía cómo había un ministro de Defensa, pero a su vez un alto consejero para la seguridad, o cómo había un canciller y además había una persona que manejaba las fronteras”, explicó Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
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Lizcano anunció que en total son siete las Consejerías que serán eliminadas de la estructura organizacional de la Presidencia y al final solo quedarán funcionando cuatro: Derechos Humanos, Regiones, la del alto comisionado para la Paz, además de la Consejería de la Reconciliación, que será creada.
“El resultado de la reestructuración será presentado a la Función Pública y al Ministerio de Hacienda, y esperamos que en unas dos semanas entre a operar”, dijo el director del Dapre.
Habían pedido fortalecerla
Desde que terminó el gobierno de Iván Duque, en Norte de Santander quedó servida la expectativa por el futuro de la llamada Gerencia de Fronteras, que hasta entonces estuvo a cargo de Lucas Gómez.
Esta oficina se había convertido en una dependencia clave en el manejo de la política migratoria por parte de Colombia y la respuesta humanitaria a los cientos y cientos de migrantes venezolanos que decidieron salir de su país en busca de mejores condiciones, haciendo tránsito por el departamento, o instalándose en esta zona de frontera.
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Sin embargo, desde el 7 de agosto, cuando asumió Gustavo Petro la Presidencia, no se tenía certeza de lo que iba a ocurrir con la entidad, pese a que la reanudación de las relaciones con Venezuela y la reapertura de la frontera fue uno de los primeros temas que asumió el nuevo Gobierno.
“Es desafortunado no saber quién queda (en la Gerencia) y que este tema no sea relevante en la agenda del presidente electo, porque este es un tema del presidente, no de la Cancillería”, había manifestado Gómez en agosto pasado, en una entrevista con El Espectador, cuando le preguntaron sobre su reemplazo en esa Oficina.
Hace apenas unas semanas, la Bitácora Migratoria, un proyecto del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, también había advertido sobre la importancia de designar cuanto antes a los nuevos encargados de la Oficina.
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“Es fundamental fortalecerla institucional y operativamente con capital humano experimentado, así como robustecerla presupuestariamente, con el fin de reducir su dependencia de los organismos de cooperación internacional y ampliar su presencia territorial en todo el país”, escribió Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio.
En el análisis que habían hecho se recomendaba, igualmente, la posibilidad de elevar el nivel institucional de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante al de una Alta Consejería, articulada por la Secretaría General de Presidencia, “de modo tal que se fortalezca su incidencia en las labores de coordinación transversal en el Estado colombiano que debe cumplir en el tema migratorio”.
Aun así, la decisión del gobierno Petro es que definitivamente ese trabajo lo continuará haciendo directamente el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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